2024 ha sido, lamentablemente, un año perdido para la sanidad pública en España. Un año en el que, desde el Ministerio de Sanidad, deberían haberse abordado los principales retos y problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Y en el que, lejos de buscar soluciones serias, se han vuelto a dejar todas estas cuestiones sobre la mesa.
El más importante, en estos momentos, es la falta de profesionales sanitarios en toda España. Un problema de Estado que requiere soluciones desde el Sistema Nacional de Salud. Faltan especialistas de Medicina de Familia y Comunitaria u Pediatras, pero también Psiquiatras, Psicólogos Clínicos o Geriatras. Además de profesionales de enfermería.
Por ello, se requiere la adopción urgente de medidas a nivel nacional, como la puesta en marcha de un Plan de Choque que garantice un aumento de 1.000 plazas MIR anuales en los próximos 4 años; y la revisión de los criterios de acreditación de centros que formen a estos profesionales. Así como la adopción, también a nivel nacional, de medidas laborales destinadas a las plazas de difícil cobertura. Algo que ya pusimos en marcha en la Comunidad de Madrid en 2023.
Sin olvidar la imperiosa necesidad de desarrollar sin demora la especialidad de Urgencias y Emergencias, aprobada en 2024, para que puedan acreditarse lo antes posible estos profesionales. O la actualización de la regulación de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, pendiente desde 2018.
Otro de los mayores retos que tiene a día de hoy la sanidad española, es la implantación de la innovación terapéutica en el menor tiempo posible. Me estoy refiriendo especialmente a los nuevos medicamentos.
En este sentido, existen problemas intrínsecos al funcionamiento del propio Sistema Nacional de Salud como son la de autorización de nuevos fármacos, especialmente los tratamientos oncológicos, con plazos completamente escandalosos.
Más de 600 días de media, cuando la recomendación de la UE es que este plazo no supere los 180 días. Plazo que se amplía hasta los 700 días en el caso de los medicamentos huérfanos e incluso lo superan en el caso de los denominados PRIME, destinados a cubrir necesidades esenciales como tratamientos oncológicos o enfermedades respiratorias.
A este retraso con la autorización por parte de la AEMPS, se une el de la financiación. Con fármacos que llevan un año aprobados y no se pueden comercializar o tienen que ir a la aprobación en la Comisión Interministerial del Precio de los Medicamentos en más de una ocasión para que puedan ser financiados por el SNS y estar al alcance de todos los pacientes que los necesiten.
Por ello, es necesario establecer procedimientos ágiles dentro de la Comisión, que garanticen el acceso a los medicamentos en las mismas condiciones de equidad que el resto de ciudadanos europeos.
Sin que en 2024 se haya avanzado nada en este sentido. De la misma manera que tampoco se han producido novedades en cuanto a la puesta en marcha de la prometida Agencia de Salud Pública. Una iniciativa anunciada a bombo y platillo por el Gobierno de España, con la presentación de las conclusiones de la Comisión de Resiliencia y Recuperación del Congreso de los Diputados, y de la que no hemos vuelto a saber nada.
Pero lejos de ofrecer soluciones a los problemas que se arrastran en el seno del Sistema Nacional de Salud en los últimos años, desde el Ministerio de Sanidad se ha generado otros nuevos.
Sin duda, el más importante es MUFACE, y la situación en la que puede quedar la atención sanitaria a los funcionarios del Estado y sus familiares.
Una cuestión que, en caso de no solventarse, va a tener un efecto negativo sobre la prestación sanitaria pública en todas las CCAA. Especialmente en lo que se refiere a la situación, ya complicada, de las listas de espera. Además de perjudicar gravemente a la sanidad privada.
Acabar con MUFACE es un eslabón más en la cadena de ataques por parte del Ministerio al sector privado, al que pretende excluir de todas las maneras posibles del Sistema Nacional de Salud. Buena prueba de ello es el proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS.
Para quienes creemos en una sanidad sin apellidos, la presencia de las empresas privadas es absolutamente necesaria dentro del Sistema Nacional de Salud. Una presencia que hace mejor al conjunto de la sanidad española, siempre en beneficio de los pacientes.
“La presencia de empresas privadas en sanidad es necesaria; solamente contando con todos los agentes implicados seremos capaces de afrontar con garantías todos los retos que tenemos por delante”
Porque, además, solamente contando con todos los agentes implicados seremos capaces de afrontar con garantías todos los retos que tenemos por delante.
Desde la mayor esperanza de vida, a la mayor cronicidad de los pacientes, vulnerabilidad, incorporación de nuevos avances tecnológicos o la transformación digital de la sanidad. Y salir así, de la parálisis de los últimos 6 años.
*Enrique Ruiz Escudero es portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado.
