Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de la Oncología, con la incorporación progresiva de avances que están abriendo un nuevo paradigma en el abordaje de muchos tumores: inmunoterapia, biopsia líquida, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico… Sin embargo, la realidad regulatoria amenaza con erosionar estos logros y dificulta hacer frente con garantías al mayor reto sanitario de nuestro tiempo. En España, más de 300 personas fallecen al día a causa del cáncer.
La reducción del 20% en el presupuesto del Plan Europeo contra el Cáncer anunciada para 2026 compromete la traslación a los pacientes de estos progresos. En este sentido, desde la Fundación ECO contamos con la iniciativa CANCER NOW, que se dirige a favorecer la adopción de las recomendaciones de este plan y a favorecer el acceso a la innovación.
Esta herramienta, piedra angular de la estrategia sanitaria comunitaria, no es sólo un marco de acción, sino la expresión de un compromiso político con la prevención, el diagnóstico precoz, la investigación y la atención integral a los pacientes. Recortar sus recursos en un momento de aumento de la incidencia del cáncer en el Viejo Continente supone un retroceso sanitario y social de calado.
Todo ello, en un momento en el que las necesidades en el ámbito de la Oncología demandan nuevos enfoques cooperativos, y en el marco de la aplicación progresiva del Reglamento europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. La armonización de los informes clínicos comunes debería agilizar la evaluación científica de medicamentos oncológicos innovadores y reducir la duplicidad de procesos en España.
Esta legislación es, sin duda, un avance positivo. No obstante, su éxito dependerá de cómo los países integren estos informes en sus propios sistemas de financiación y acceso. En nuestro país, el riesgo es que un proceso más eficiente a nivel comunitario no se traduzca en decisiones más rápidas a nivel nacional si no se abordan aquellos aspectos que siguen lastrando la incorporación de nuevos fármacos al SNS.
Los datos del último informe W.A.I.T. hablan por sí solos. Lamentablemente, España se sitúa entre los países europeos con mayores demoras en el acceso a medicamentos innovadores, a pesar de los esfuerzos de las autoridades competentes para revertir esta situación. Los pacientes esperan, de media, más de 600 días desde la autorización europea hasta la disponibilidad efectiva del fármaco en el sistema público, superando con creces el plazo máximo de 180 días que fija la regulación.
En Oncología, donde cada día cuenta, esta demora puede representar la diferencia entre la opción de una terapia curativa o paliativa. Por ello, resulta imprescindible reformar el sistema de financiación y evaluación nacional para priorizar los medicamentos con impacto demostrado en supervivencia y calidad de vida.
En este contexto, las nuevas vías fast-track de evaluación acelerada suponen un rayo de esperanza para los pacientes. Acelerar los ensayos clínicos de fase uno y la evaluación de terapias innovadoras es una medida necesaria para lograr un acceso más rápido a tratamientos oncológicos prometedores.
La nueva regulación farmacéutica europea, actualmente en discusión, busca precisamente equilibrar el acceso equitativo a los medicamentos innovadores y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
En un ecosistema global donde Estados Unidos y Asia están acelerando la aprobación y adopción de tratamientos de vanguardia, Europa —y España, líder continental en investigación clínica de medicamentos— no puede permitirse quedar rezagada. El objetivo debe ser doble: proteger la sostenibilidad, pero sin frenar el progreso científico ni castigar a los pacientes con demoras innecesarias.
Desde la Fundación ECO, defendemos desde nuestros inicios un principio esencial: la calidad asistencial no puede desligarse de la equidad en el acceso a la innovación. Cualquier reducción presupuestaria o reforma normativa debe evaluarse a la luz de cómo afecta al paciente concreto y a su derecho a recibir el mejor tratamiento disponible en el menor tiempo posible.
«Este 2026 seguiremos abogando por un modelo asistencial que combine excelencia científica, recursos adecuados y políticas públicas que promuevan una implementación equitativa de los tratamientos»
Por ello, este 2026 seguiremos abogando por un modelo asistencial oncológico que combine excelencia científica —ya colaboramos con la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) para acreditar las mejores prácticas de los hospitales españoles con el sello QOPI—, recursos adecuados y políticas públicas que promuevan una implementación equitativa de la innovación en todo el territorio. Sólo así la medicina de calidad podrá ser también una medicina justa, accesible y orientada al bien común, y que permita consolidar los avances logrados en cáncer.
*Jesús García-Foncillas es presidente de la Fundación ECO.
