Por primera vez, la política farmacéutica española incorpora la huella ambiental de los medicamentos como un criterio en su evaluación y financiación pública. El Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, presentado por el Ministerio de Sanidad en abril de 2025, marca un giro en la integración de la sostenibilidad en el ciclo del medicamento, situando el impacto ecológico y la eficiencia del sistema sanitario como pilares de la reforma legislativa.
El texto, que sustituirá al Real Decreto Legislativo 1/2015, actualiza el marco normativo tras casi una década sin cambios profundos. En él se reconoce que los sistemas sanitarios son responsables de entre el 4% y el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y que el ámbito del medicamento representa entre un 20% y un 30% de esa huella total, fundamentalmente por la producción y el transporte. «Es necesario avanzar en una descarbonización de los sistemas sanitarios que sea equitativa y centrada en la seguridad del paciente», subraya el documento ejecutivo.
El impacto ambiental, nuevo criterio de evaluación
Una de las principales novedades es la incorporación de criterios medioambientales tanto en la evaluación de tecnologías sanitarias como en la decisión de financiación y precio de los medicamentos. Esto significa que, junto al beneficio clínico y el análisis coste-beneficio, la huella ecológica pasará a formar parte del conjunto de factores valorados en el proceso de incorporación de un fármaco al sistema público.
El texto matiza, no obstante, que el criterio medioambiental «no primará por encima de otros más relevantes, como el beneficio clínico incremental o el coste-beneficio», sino que se integrará de forma complementaria en las decisiones. Con ello, España se alinea con las estrategias de sostenibilidad impulsadas por la Comisión Europea en el marco del Green Deal y las políticas de descarbonización del sector salud promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, el anteproyecto prevé la inclusión de información sobre la huella de carbono de los medicamentos en los sistemas digitales de las farmacias. De este modo, los pacientes podrán conocer el impacto ambiental de los distintos productos y tenerlo en cuenta en sus decisiones, en un intento de promover un consumo farmacéutico más informado y responsable.
Las modificaciones propuestas en los sistemas de información farmacéutica no solo buscan mejorar la trazabilidad y la eficiencia del gasto, sino también incorporar variables medioambientales. Las farmacias deberán disponer de datos actualizados sobre precios, equivalencias terapéuticas y huella ecológica, de forma que el farmacéutico pueda aplicar criterios de sostenibilidad y eficiencia en la dispensación.
En paralelo, el Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la transparencia en los procesos de evaluación y fijación de precios. El nuevo marco prevé que los criterios técnicos empleados por la Administración se hagan públicos, facilitando la planificación de las compañías y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, aunque preservando la confidencialidad de los precios y la propiedad intelectual.
Equilibrio entre innovación, acceso y sostenibilidad económica
Junto a la sostenibilidad ambiental, el anteproyecto dedica un amplio bloque a garantizar la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello, introduce una profunda reforma del sistema de precios y financiación de medicamentos, con el objetivo de equilibrar el acceso a la innovación y el control del gasto.
El nuevo modelo de precios seleccionados permitirá a las compañías ofertar al Ministerio de Sanidad precios competitivos en cada agrupación de medicamentos equivalentes, estableciendo una horquilla de precios financiados. Este sistema pretende fomentar la competencia saludable entre laboratorios, garantizar el abastecimiento y ofrecer precios más asequibles tanto para los usuarios como para el SNS. En palabras del documento, se trata de «un ecosistema de competición saludable que amplía el número de medicamentos con financiación pública, total o parcial».
El texto también prevé la revisión al alza del precio de medicamentos estratégicos cuando exista riesgo de desabastecimiento, una medida orientada a preservar la viabilidad del suministro sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria.
Descarbonización y eficiencia: una sostenibilidad con tres dimensiones
La sostenibilidad que promueve la nueva ley se articula, en realidad, sobre tres dimensiones interconectadas: ambiental, económica y estructural. En lo ambiental, los objetivos son reducir emisiones, promover la eficiencia energética y visibilizar el impacto ecológico del medicamento. En lo económico, racionalizar el gasto, fomentar la competencia y reforzar la financiación pública selectiva. Y en lo estructural, mejorar la autonomía estratégica y la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a crisis de suministro o emergencias de salud pública.
El Ministerio de Sanidad destaca que estas reformas «permitirán mirar al futuro con herramientas normativas más ágiles, flexibles y solventes», con capacidad para incorporar la innovación «sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema».
El documento ejecutivo estima que las medidas incluidas en el anteproyecto supondrán una inversión inicial de 320 millones de euros, destinada principalmente a modernizar los sistemas de información y a implementar los nuevos mecanismos de precios y financiación. Sin embargo, el ahorro previsto derivado de la racionalización del gasto y del impulso a los genéricos y biosimilares superará ampliamente esa cifra.
En conjunto, el Ministerio calcula ahorros de hasta 1.300 millones de euros anuales: unos 500 millones procedentes de programas de uso racional del medicamento y 800 millones por la mejora de la competencia en el mercado farmacéutico. Además, las compras centralizadas podrían generar entre 30 y 50 millones de ahorro adicional cada año.
Una reforma con vocación de futuro
El Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios se enmarca en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, aprobada por el Consejo de Ministros, y busca situar a España en la vanguardia europea de la política farmacéutica sostenible. No se trata solo de reformar los mecanismos de precio o acceso, sino de «transitar hacia un modelo donde la sostenibilidad ambiental y económica sean inseparables del derecho a la salud y del acceso equitativo a la innovación».
La incorporación de la huella de carbono a la toma de decisiones públicas en materia de medicamentos es, en palabras del propio Ministerio, «un paso adelante hacia un sistema sanitario más verde, eficiente y resiliente». Una transición que no solo afecta al modo en que se financian los tratamientos, sino al propio concepto de salud pública en el siglo XXI.
