Los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular abandonaron este jueves la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Un acto que viene precedido por la polémica que ha ido sucediendo en los últimos días por la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que ha llevado a PP y PSOE a expresar sus diferencias acerca del refuerzo de la prevención y la exposición de los informes. En concreto, la decisión, inédita en la historia reciente del órgano, se produjo tras acusar al Gobierno de haber convertido el espacio de coordinación sanitaria en un instrumento político. En una declaración conjunta, los representantes autonómicos del PP afirmaron que denuncian «la utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por parte del Gobierno».
A su vez, los consejeros advirtieron que «nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder», y lamentaron que se estén «situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud». A su juicio, «el CISNS, que nació con un espíritu de consenso, lealtad institucional y cooperación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, se ha transformado en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de forma unilateral». Además, denunciaron que «la ministra de Sanidad está rompiendo la esencia del Consejo Interterritorial», al imponer decisiones «de manera autoritaria» y «desvirtuar los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas».
El Ministerio cataloga el gesto de «deslealtad institucional»
Tras el abandono, el Ministerio de Sanidad respondió con un comunicado en el que lamentó el gesto. «Los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los pocos minutos de haber comenzado», señalaron fuentes de la institución pública, recalcando que «lo han hecho pese a haber asistido ayer a la comida y cena oficial y haber venido en viaje oficial».
La fuentes del departamento explicaron que «el plantón se produce en plena crisis por las negligencias en los programas de cribados y la negativa del PP de entregar los datos, justo cuando el Ministerio de Sanidad iba a reiterar la obligación de las comunidades de enseñar la información». La citadas fuentes añadieron que «el Ministerio lamenta este gesto de deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía». Finalmente, recordaron que «los puntos 5 c y 5 d del orden del día no se pueden votar por haberse levantado», y precisaron que «esos puntos correspondían a la aprobación de una dotación económica de 1 millón de euros para los centros especializados y la vigilancia del cáncer».
Críticas sobre la Ponencia
Como ejemplo de esa deriva, los consejeros señalaron en su declaración conjunta que «la manipulación unilateral de los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril». Explicaron que, pese a lo acordado, «el Ministerio aún no ha puesto a disposición de las comunidades autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos», lo que, según afirman, demuestra un modo de actuar «interesado, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud». En lugar de buscar consenso, lamentaron que García haya «optado por imponer su criterio, vulnerando los principios de respeto y colaboración que deben regir este órgano».
También dirigieron sus críticas al manejo del Ministerio respecto a los programas de cribado de cáncer de mama, que calificaron de «un ejemplo de éxito del sistema sanitario y una herramienta fundamental en la prevención y detección precoz». Los consejeros denunciaron que «en lugar de apoyar, reconocer y promover su desarrollo, el Ministerio se ha situado frente a las comunidades autónomas y frente a las mujeres, intentando sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido». Añadieron que «este comportamiento demuestra una vez más el uso partidista que el Gobierno está haciendo de la salud pública».
Denuncias de falta de respeto institucional
En su comunicado, los responsables autonómicos denunciaron «la utilización de la presidencia del Consejo en beneficio propio y en contra del conjunto del sistema», así como «filtraciones constantes a los medios de comunicación, anuncios de acuerdos antes de ser debatidos y un desprecio absoluto a los procedimientos internos». A su vez, los consejeros populares añadieron que «es inaceptable que las comunidades autónomas se enteren de las decisiones del Consejo por los teletipos de prensa antes incluso de finalizar las reuniones».
Los consejeros también afirmaron que «el menoscabo reiterado a los miembros del Consejo resulta intolerable» y que «los representantes de las comunidades autónomas merecen el respeto institucional que reconoce la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud». Criticaron que «el actual Ministerio de Sanidad ha vulnerado de forma continua» ese respeto, al tiempo que «no ha dado respuesta al principal problema de la sanidad española: la falta de profesionales sanitarios». Consideran que el Ministerio «demuestra una incapacidad total para gestionar los servicios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla» y que «pretende imponer un nuevo Estatuto Marco sin el consenso de los profesionales ni de las comunidades autónomas».
Reproches por la gestión presupuestaria
Los consejeros alertaron de que «la situación ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad con la denegación por parte del Gobierno de España de las modificaciones presupuestarias necesarias para las transferencias de programas de Salud Pública, entre ellas las destinadas a los sistemas de vigilancia del cáncer». Según indicaron, «las comunidades autónomas han tenido conocimiento de esta decisión a través de un mensaje de WhatsApp del propio director general de Salud Pública», lo que, a su juicio, «evidencia el desdén y el desprecio con que el Gobierno trata asuntos de enorme trascendencia para la salud de los ciudadanos». Por todo ello, concluyeron: «En defensa de la salud de los españoles, del respeto institucional y del correcto funcionamiento del Consejo Interterritorial, anunciamos nuestra retirada de la sesión, hasta que el Ministerio de Sanidad restaure los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor, el fondo y el contenido que merece».
De este modo, la situación se tensa aún más y deja el panorama político sanitario con una encrispación fuera de lo común. En medio de ello, Gaceta Médica ha podido saber que el consejero vasco no ha acompañado a los titulares populares en el abandono del Pleno, a pesar de las distintas informaciones.
