El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado los criterios de reparto y aplicación de los fondos destinados a salud mental y prevención del suicidio para 2026. En total, se distribuirán 56,83 millones de euros: 39 millones para el Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.
Las comunidades autónomas y el INGESA deberán presentar memorias técnicas y económicas para acceder a la financiación. Estos proyectos tendrán que incorporar de forma obligatoria tres criterios: orientación comunitaria, garantía de derechos humanos y equidad.
Sanidad define la orientación comunitaria como un modelo que sitúa a la persona en su entorno social, familiar y comunitario, teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Las actuaciones podrán incluir intervenciones individuales y familiares, programas grupales o iniciativas coordinadas con recursos comunitarios.
Entre las actuaciones financiables figuran el refuerzo de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios. En cambio, no se financiarán proyectos centrados exclusivamente en aumentar camas o en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia.
En materia de derechos humanos, los proyectos deberán garantizar la dignidad, la autonomía personal y el consentimiento informado de los usuarios. También se contemplan medidas para reducir las contenciones mecánicas, desarrollar modelos de «puertas abiertas» en hospitalización e incorporar evaluaciones participativas por parte de usuarios y familias. Estos enfoques se alinean con el instrumento QualityRights de la Organización Mundial de la Salud (OMS), orientado a promover servicios de salud mental basados en los derechos humanos. Quedan excluidas las actuaciones que promuevan prácticas coercitivas o restrictivas de derechos.
La equidad será otro de los ejes obligatorios. Las iniciativas deberán orientarse a reducir desigualdades sociales en salud mental y priorizar a colectivos vulnerables, entre ellos personas en situación de sinhogarismo, menores en el sistema de protección y mujeres víctimas de violencia de género.
En prevención del suicidio, los proyectos deberán dirigirse a poblaciones de alto riesgo e incorporar mecanismos de evaluación que permitan analizar los resultados desde una perspectiva de equidad. Además, como criterios de excelencia, se valorará la participación activa de usuarios, familiares y profesionales, el trabajo intersectorial sobre determinantes sociales de la salud y la incorporación de expertos por experiencia en el diseño, implementación y evaluación de los proyectos.
También se tendrán en cuenta las actuaciones que establezcan mecanismos estables de coordinación entre sanidad, servicios sociales, vivienda, empleo y educación. Los fondos se enmarcan en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y en los planes de acción aprobados para salud mental y prevención del suicidio.
