El Gobierno Vasco ha elevado el tono en su relación con el Ministerio de Sanidad. El consejero de Salud, Alberto Martínez, en una carta remitida hoy a la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado la decepción del Ejecutivo regional ante lo que considera un bloqueo constante a las propuestas planteadas en el último año: «Estamos totalmente defraudados por las reiteradas negativas recibidas ante todas y cada una de las propuestas de colaboración que hemos planteado de manera leal y sincera a lo largo del año».
En este sentido, el escrito refleja el malestar de la administración vasca por la falta de avances en temas que afectan directamente a la organización sanitaria y a la financiación autonómica. El consejero asegura que el momento que atraviesan los sistemas de salud exige respuestas rápidas y reformas profundas, pero lamenta que las vías de colaboración interinstitucional estén agotadas. «El camino iniciado hacia lo que será un nuevo paradigma de la salud y del sistema asistencial de nuestra ciudadanía, pide mayor versatilidad y flexibilidad», advierte en su escrito.
Las razones de la crítica
En el texto, el responsable sanitario vasco señala que «el envejecimiento de la población, el aumento de personas con pluripatologías, la reducción de la natalidad y el incremento de los problemas de salud mental» requieren una reforma del sistema actual. Añade que el déficit de profesionales obliga a todas las administraciones a cooperar y a actuar con flexibilidad, algo que, a su juicio, no ha ocurrido en la relación con el Ministerio.
Uno de los reproches centrales de la carta se centra en el acceso a la formación MIR. «La formación en proximidad es un elemento clave en la capacidad de cualquier sistema para fidelizar profesionales», subraya, destacando que el País Vasco ha incrementado las plazas universitarias de medicina en euskera. Sin embargo, denuncia que el Ministerio les «ha cerrado cualquier opción a que este idioma oficial sea tenido en cuenta y ponderado en el acceso a la formación MIR». En este sentido, Martínez alega que se trata de «una decisión arbitraria» que ignora las posibilidades que ofrece la legislación vigente.
Otro de los puntos que provoca malestar es el cálculo del Fondo de Cohesión Sanitaria. «Es a todas luces incomprensible e inadmisible que el 5% de la población asuma el 60% de la factura del conjunto del Estado», sostiene el consejero vasco. Recuerda que, de 312 millones de euros que deben abonar todas las comunidades autónomas, Euskadi pagó 169 millones. «Reiteramos la revisión del cálculo del SIFCO a fin de evitar un agravio de semejante magnitud», reclama en la carta.
Falta de avances
El escrito también cuestiona la utilidad de los plenos del Consejo Interterritorial de Salud. «La relación bilateral entre administraciones no está siendo operativa, y tampoco los plenos del Consejo Interterritorial que usted dirige están resultando edificantes», denuncia a la ministra de Sanidad. En este sentido, advierte de que mientras no haya respuestas «más solventes» a las prioridades de Euskadi, el Gobierno Vasco «se ve obligado a reformular su participación en los órganos interterritoriales».
Pese al tono crítico, el consejero cierra la carta apelando a la responsabilidad institucional. «Confío en que esta comunicación sea acogida con la atención que merece y que pueda servir para iniciar una relación institucional sincera», señala, insistiendo en que el objetivo debe ser «la búsqueda de soluciones para la mejora de la asistencia sanitaria».
