Conseguir el apoyo de las comunidades autónomas (CCAA) está siendo una ardua tarea para el Ministerio de Sanidad, que está viendo cómo sus propuestas son rechazadas o pospuestas y está teniendo grandes dificultades para sacar adelante, al menos con el consenso autonómico, importantes proyectos en materia sanitaria.
El último ejemplo es el Estatuto Marco, donde el departamento liderado por Mónica García se está encontrando con más piedras en el camino de las que les gustaría. Tras presentar el borrador del texto a los líderes autonómicos en la última Comisión de Recursos Humanos celebrada el pasado 12 de febrero, la mayoría han sido muy críticos, especialmente los presidentes autonómicos del Partido Popular.
Los puntos ‘calientes’ del Estatuto Marco
Aunque durante la Comisión de RRHH hubo aspectos en los que estuvieron de acuerdo, también salieron a la luz distintos puntos de fricción que no hacen otra cosa si no ahondar en la brecha existente entre Ministerio y las CCAA, especialmente aquellas donde gobierna el PP, principal partido de la oposición. «No estamos dispuestos a pasar por una definición del marco competencial que quiere hacer el borrador del Estatuto Marco que el Ministerio ha presentado. Todas se lo hemos dicho: Cataluña, País Vasco, todas las CCAA del PP y algunas CCAA del PSOE que estaban en la reunión por videoconferencia», señalaba Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León, al término de la reunión.
Precisamente, algunas comunidades, como Castilla y León, dividieron los puntos del texto en tres bloques: aquellos con los que están de acuerdo, otros que hay que negociar y otros con los que no están de acuerdo. Ante ello, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, recalcaba que les llamaba la atención que «uno de los elementos en los que parece que no están de acuerdo y no incorporan al ámbito de negociar es justo el que aborda uno de los mayores problemas del SNS: la temporalidad y la estabilización de los profesionales». Sin embargo, Padilla espera que finalmente todos los puntos sean negociables para que «salga un texto lo más acordado posible».
Por otro lado, Vázquez reclamaba una memoria económica para «cuantificar el valor de las medidas que quieren poner en marcha, porque suponen un elevado coste económico para las CCAA», algo en lo que muchos coincidían. Al respecto, Padilla aclaraba que, en cualquier proyecto normativo, dicha memoria económica no se publica hasta que entre en el proceso de audiencia pública.
En este sentido, Sara García Espadas, consejera de Sanidad de Extremadura, lanzó otro reproche a Sanidad. «A todos nos ha puesto de acuerdo las formas en las que están tratando el tema. Todas las CCAA decíamos que no eran serias y que era un ‘yo invito y tú pagas’. Por ahí no vamos a entrar», recalcó.
En la misma línea fueron las declaraciones de la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute: «Hemos puesto de manifiesto la falta de lealtad institucional de la ministra, que quería echar balones fuera diciendo que era un documento filtrado por alguien, por algún sindicato», afirmó. Sin embargo, Matute señaló que fue la propia García quien reveló los temas del Estatuto Marco, como la exclusividad o las guardias, lo que ha provocado «mucho ruido en la profesión».
Finalmente, Antonio Gómez Caamaño, consejero de Sanidad de Galicia, defendió que «no se pueden invadir las competencias de las CCAA, que son los que deben organizar sus recursos sanitarios en función de sus particularidades territoriales y en diálogo con sus representantes profesionales».
Y caso aparte son las negociaciones con las organizaciones sindicales comprendidas dentro del Ámbito de Negociación. Pese a la presión de los sindicatos en la calle –véase la manifestación del pasado 13 de febrero a las puertas del Ministerio o la convocatoria de otra para el 22 de marzo–, la titular de Sanidad se ha mantenido firme en su hoja de ruta de abordar la reforma de las condiciones profesionales de los sanitarios desde un Estatuto Marco común, y no desgajar a los médicos en un Estatuto propio. No obstante, sí se ha mostrado favorable a que guarde un capítulo propio dentro del texto. «Todas las particularidades de los médicos caben en un Estatuto Común«, defendió.
Ni el primer ni el último desacuerdo
Esta confrontación entre Ministerio y CCAA no es la primera ni, seguramente, será la última. Un gran ejemplo de desacuerdo entre ambos es el Plan común de infecciones respiratorias, también conocido como el Plan de invierno, que no logró dar sus frutos como una normativa a nivel nacional y se quedó en meras recomendaciones por parte del Ministerio.
El documento ministerial planteaba los distintos escenarios que podrían darse según la gravedad de la incidencia de la gripe. En todos ellos, se incluye la recomendación del uso de la mascarilla, lo que causó polémica y debate cuando el Ministerio presentó el plan.
Sanidad echó la culpa del naufragio del plan a las comunidades gobernadas por el PP. De hecho, Mónica García, que tildó de «decepcionante» el rechazo del plan, señaló: «No comprendemos por qué no hemos llegado a un marco común. Esto significa que hay determinados partidos en este país que no han aprendido nada de la pandemia y me parece una irresponsabilidad inadmisible».
Sin embargo, las autonomías defendían que fueron los técnicos de Salud Pública regionales los que consideraron que no tenía base científica. «Fue evaluado por todos los representantes de Salud Pública de todas las CCAA y consideraron que carecía de base científica respecto a los planes ya implantados y que ni protegía a la población ni disminuía la presión asistencial«, aseguró la consejera de Sanidad madrileña. Además, Matute puntualizó que todas las CCAA tienen ya un Plan de invierno en marcha desde hace tiempo.
Asimismo, el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 también se topó con algunas fricciones entre Ministerio y CCAA. Aunque, en este caso, dejaron a un lado sus diferencias para aprobar el Plan Antitabaco de forma unánime en el Consejo Interterritorial (CISNS) de abril de 2024. Posteriormente, el Consejo de Ministros dio luz verde a esta hoja de ruta, que se traducirá en distintas leyes que hagan realidad, entre otras medidas, la ampliación de los espacios sin humo.
El Plan de Salud Mental
Y el último ejemplo de discordia se materializa en el retraso del Plan de Salud Mental 2025-2027. Fue durante el CISNS del 14 de febrero, un monográfico de salud mental, donde solo cuatro comunidades mostraron su apoyo (Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra), siendo las autonomías del PP las que se opusieron al texto del Ministerio. Y, aunque no fue un rechazo total, sí ha supuesto un aplazamiento. Por otra parte, las CCAA sí permitieron que el Plan Nacional de Prevención del Suicidio saliera adelante.
García apuntó que «desde el Ministerio, después de este bloqueo, vamos a seguir trabajando y dialogando y vamos a intentar tener el máximo respaldo posible». «No tenemos ningún inconveniente en mejorar todas y cada una de las propuestas«, agregó.
En este contexto, Fátima Matute destacó que las autonomías han retrasado la aprobación del Plan de Salud Mental porque «había problemas en el fondo y en la forma«. Y Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía, instó a realizar una nueva revisión del plan «contando con las aportaciones realizadas por las sociedades científicas vinculadas con la salud mental, que han rechazado el plan y que son las que conocen exactamente la situación y lo que necesitan estos pacientes».
