La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido de forma tajante el nuevo Estatuto Marco tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), marcada por la presión de las protestas sanitarias y el choque con las comunidades gobernadas por el Partido Popular: «Yo voy a defender este Estatuto Marco«. Ello, pese a las peticiones para paralizar su tramitación del PP durante la reunión.
En su exposición inicial, la ministra ha recordado los acuerdos aprobados en el CISNS, entre ellos el plan de largos supervivientes de cáncer infantil, el calendario vacunal para toda la vida y la guía de evaluación del plan de atención primaria. No obstante, ha subrayado que «el punto más importante» del encuentro se produjo en el turno de ruegos y preguntas, cuando el Estatuto Marco centró el debate político.
Críticas al PP y defensa de las mejoras laborales
Según ha explicado García, las comunidades del PP solicitaron formalmente que se retire el nuevo texto y que se mantenga el Estatuto Marco vigente desde 2003. La ministra ha denunciado que esta petición implica «que retiremos las mejoras que hemos pactado durante dos años» y volver al marco aprobado «en el mismo punto en el que lo dejó el señor Aznar».
García ha enumerado algunas de las medidas que, según ha señalado, se verían anuladas si prosperara esa petición, como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, la limitación de las jornadas semanales o la convocatoria periódica de oposiciones. A su juicio, «todo aquello que ha mantenido durante 22 años el maltrato, la precariedad y el malestar» es lo que el PP plantea conservar.
Ante este escenario, la ministra ha anunciado que trasladará lo ocurrido en el CISNS a los sindicatos del ámbito sanitario y que les preguntará si la retirada del Estatuto y de las mejoras «tiene o no tiene el aval de los sindicatos». «Vamos a preguntar si esta propuesta tiene el aval de los sindicatos», ha insistido.
Respuestas sobre el monográfico y las listas MIR
Durante el turno de preguntas, García ha respondido a la petición de un Consejo Interterritorial monográfico sobre el Estatuto Marco señalando que resulta «un poco incongruente hablar de un monográfico» cuando han pedido que lo retiren. Ha recordado que el texto ha sido abordado en múltiples ocasiones tanto en el CISNS como en la Comisión de Recursos Humanos.
La ministra ha defendido que «las comunidades autónomas han sido partícipes del texto del Estatuto Marco» y ha subrayado que se ha trabajado en reuniones bilaterales y multilaterales con comunidades y sindicatos. Ha reiterado que «el Partido Popular ha pedido hoy es que se retire el Estatuto Marco».
En relación con la publicación de las listas de admitidos a las pruebas de formación sanitaria especializada, García ha aclarado que «entre el lunes y el miércoles estarán publicadas las listas». Ha añadido que el Ministerio ha cubierto el 100% de las plazas MIR, aunque ha reconocido que existen renuncias, especialmente en Medicina de Familia.
Negociación con el Comité de Huelga
Interpelada por los periodistas sobre los seis puntos planteados por el Comité de Huelga, la ministra ha asegurado que «todo lo que tiene que ver con las competencias del Ministerio de Sanidad lo hemos trasladado al texto del Estatuto Marco». Ha precisado que hay dos reivindicaciones que considera inviables desde el inicio de la negociación.
Una de ellas es la creación de un Estatuto propio exclusivo para médicos, una opción que, según ha explicado, «supondría que todas las mejoras solo apliquen a un colectivo». La segunda es una mesa sindical exclusiva, ya que “no podemos alterar el resultado de unas elecciones sindicales”.
García ha recalcado que «las retribuciones no son competencia del Ministerio de Sanidad» y ha recordado que son las comunidades autónomas las que firman las nóminas. «Nos han dicho claramente: ustedes no pueden meterse a invadir competencias», ha añadido en referencia a los consejeros autonómicos.
Una defensa cerrada antes de llegar al Congreso
En la parte final de la comparecencia, la ministra ha defendido el proceso seguido para elaborar el Estatuto Marco y ha destacado que ha habido más de 40 reuniones con sindicatos y decenas de encuentros con comunidades y sociedades científicas. Ha advertido de que “sería una pena que este Estatuto Marco lo dejáramos donde se quedó en el año 2003”.
Preguntada directamente por la posibilidad de retirar el texto si así lo pidieran los sindicatos, García ha sido clara: «Yo voy a defender este Estatuto Marco». Ha añadido que el Ministerio ha asumido el coste político de sacar adelante una reforma compleja y que «era seguramente más sencillo no haberlo sacado del cajón».
Finalmente, ha confirmado que su intención es llevar el texto al Congreso de los Diputados y ha subrayado que no se trata de un documento unilateral. «Esto no es un texto del Ministerio de Sanidad», ha afirmado, insistiendo en que es un texto «hablado, dialogado y pactado» con comunidades autónomas, sindicatos y sociedades científicas.
Madrid pide empezar de cero
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado duramente contra la ministra tras la reunión del Consejo Interterritorial, denunciando el clima generado en el encuentro. Según ha afirmado, en la reunión, «nuevamente, ha habido bastante mal ambiente por parte de la ministra, no por parte de los consejeros», y ha subrayado que las comunidades le han pedido retirar el Estatuto Marco porque, «debido a la falta de método, de rigor y de diálogo, ha abierto un clima de crispación entre los profesionales sanitarios que nos han llevado a esta huelga».
Matute ha defendido que la única salida pasa por reiniciar el proceso desde la base, con un análisis previo del sistema. A su juicio, la ministra ha generado «falsas expectativas» y ahora debería «hacer un diagnóstico de nuestro Sistema Nacional de Salud, de la falta de profesionales y de la falta de financiación», además de coordinarse con otros departamentos clave para elaborar una memoria económica sólida. En este sentido, ha insistido en que la petición de Madrid es clara: «Queremos que se retire ese borrador y empecemos de cero», con un trabajo ordenado junto a técnicos y comunidades autónomas para evitar una huelga indefinida.
La consejera también ha reprochado a la ministra la falta de información sobre el impacto del conflicto y ha asegurado que no les ha «comentado nada» sobre la incidencia de la huelga en el CISNS, pese a que en Madrid se han visto afectadas «30.000 personas». Ha advertido de que la situación puede agravarse en enero y ha acusado a la ministra de «tirar balones fuera» y de intentar trasladar la responsabilidad a las comunidades. En este contexto, Matute ha sido tajante al afirmar que, si considera que no puede resolver el conflicto, «que desocupe el Ministerio», porque, a su juicio, la falta de rigor y diálogo ha colocado al sistema sanitario «patas arriba» y amenaza con perjudicar directamente a los ciudadanos.
Blindaje frente al lucro y crítica al modelo de concesiones
La ministra de Sanidad ha defendido con contundencia la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que, según ha explicado, no fue objeto de debate en el Consejo Interterritorial pese a la polémica generada en las últimas semanas. García ha lamentado que un asunto que ha calificado como «un escándalo» no haya suscitado preocupación entre algunos consejeros, al denunciar «este flujo de pacientes absolutamente indecente para ir a llenar las arcas privadas de una empresa a costa de las arcas públicas».
García ha anunciado que la norma llegará al Consejo de Ministros en enero y ha subrayado que su objetivo es claro: «Lo que blinda es el ánimo de lucro, saca las manos del lucro de nuestra sanidad pública». La ministra ha insistido en que la ley pretende garantizar que los recursos sanitarios se destinen exclusivamente a la atención de los pacientes y no a beneficios empresariales, alertando contra lo que ha denominado «parasitación público-privada».
En este contexto, ha querido diferenciar este enfoque del modelo catalán y ha aclarado que «no tiene nada que ver con el modelo catalán», al tratarse de conciertos con entidades públicas o sin ánimo de lucro. Frente a ello, ha señalado que el problema se concentra en un número reducido de centros y ha recordado que «solo hay siete hospitales en nuestro país que tengan este modelo», cinco de ellos en la Comunidad de Madrid.
Choque con la sanidad privada y petición de datos a Madrid
La ministra también ha respondido a las afirmaciones de la patronal ASPE, que sostiene que sin la sanidad privada el sistema colapsaría, y ha cuestionado su supuesta eficiencia. A su juicio, «son tan ágiles que solo captan pacientes de baja complejidad», subrayando que no se verá «un paciente complejo, ni pluripatológico, ni un neonato, ni un trasplante» en esos circuitos asistenciales.
García ha sido tajante al afirmar que esa agilidad se basa en atender casos «de altísima rentabilidad», lo que, en su opinión, demuestra que «este tipo de parasitación público-privada lo que hace es priorizar su cuenta de resultados por encima de la salud de los pacientes». Frente a ello, ha reivindicado que «el Sistema Nacional de Salud prioriza la salud de los pacientes», incluso en los casos más complejos y costosos.
En relación con el Hospital de Torrejón y otros centros gestionados por empresas privadas, la ministra ha explicado que el Ministerio ha solicitado información detallada a la Comunidad de Madrid sobre el flujo de pacientes y las modificaciones presupuestarias realizadas en los últimos años. Ha vuelto a recordar que se han pedido datos sobre transferencias que, según ha indicado, ascienden a «5.000 millones de euros al grupo Quirón», una cifra que equivale «a la mitad de todo el presupuesto de la Consejería de Sanidad de todo un año».
García ha confirmado que esa información aún no ha sido remitida y ha advertido de que, cuando se reciba, permitirá valorar «no solo las acciones legales derivadas de esos audios», sino también posibles actuaciones administrativas. En este sentido, ha concluido que «nuestro Sistema Nacional de Salud no puede ser el caladero de la cuenta de resultados de las empresas privadas», una idea que, según ha remarcado, es precisamente la que pretende blindar la nueva ley.
