Hoy ha tenido lugar la reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha reunido con los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas para analizar de forma conjunta las inquietudes generadas en torno al nuevo Estatuto Marco. El encuentro se ha celebrado en un momento clave, ya que el texto sigue pendiente de aprobación definitiva y ha suscitado diversas posturas entre las administraciones autonómicas y los sindicatos sanitarios.
Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, García se mostró firme respecto al avance del Estatuto Marco. La ministra señaló que «no llevarlo al Consejo de Ministros a lo largo del otoño de este año sería condenarlo a meterlo en un cajón», subrayando la necesidad de que el texto sea presentado lo antes posible para que comience su tramitación legislativa. La ministra hizo hincapié en que, a pesar de los retos y las críticas, este es un paso crucial para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en las próximas décadas.
Sobre el contenido del Estatuto Marco, García afirmó que «las mejoras con respecto al del año 2003 son innumerables» y resaltó que el objetivo principal de esta reforma es «garantizar los derechos laborales de los profesionales sanitarios». La ministra destacó que el texto, tras más de tres años de negociaciones, ha sido consensuado en un 95% con el ámbito y subrayó que es «un marco general» sobre el que «sobre las que las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias tendrán que trabajar». Además, García destacó que el nuevo texto «va a cambiar el paradigma de las condiciones laborales de los profesionales de las próximas décadas».
En este sentido, García también explicó que el Estatuto Marco otorga «mayor flexibilidad» a las comunidades autónomas en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con la organización de los recursos y las condiciones laborales. De este modo, la ministra de Sanidad dejó claro que el impacto económico de la reforma dependerá de cada comunidad autónoma: «Nosotros tampoco vamos a hablar ni de retribuciones ni de financiación de las comunidades porque depende de otros lugares».
También, destacó que «las comunidades que hayan garantizado más los derechos laborales, les supondrá un menor impacto que aquellas comunidades que no», dejando claro que primero hay que ver las medidas que propone cada región antes de estimar la financiación necesaria. En relación con la flexibilización de la jornada laboral, mencionó que el nuevo texto le otorga «la competencia a las comunidades autónomas para gestionar las jornadas laborales de sus profesionales como consideren y como crean necesario».
Aunque reconoció que algunas demandas de los sindicatos, como la jubilación anticipada y las retribuciones, exceden las competencias del Ministerio de Sanidad, recalcó que «deberían resolverse en los ámbitos correspondientes, ya sean tanto en las comunidades del Estado como en las comunidades autónomas», aunque «no forman parte de las competencias del Estatuto Marco». En su intervención, insistió en que «el Estatuto Marco no habla de retribuciones», y que esas cuestiones deberán resolverse en otros foros, como los presupuestos generales del Estado.
Una de las principales medidas que García destacó fue la lucha contra la precariedad laboral, un problema que afecta a los profesionales sanitarios desde hace años. «Este Estatuto pone fin a la precariedad y a la inestabilidad para retener el talento y la vocación de servicio público», afirmó rotunda. La ministra señaló que el nuevo texto busca «el fin de los contratos inestables de profesionales que han tenido que encadenar 20, 30, 40, 50».
En cuanto a las guardias, un tema sensible para muchos profesionales, García destacó el compromiso de la reforma con la reducción de las horas de trabajo. «La reducción de las horas de guardia a 17 horas» es una de las medidas clave del texto, y la ministra dejó claro que se ha postulado en contra de las guardias 24 horas. En este sentido, recordó que ella misma había sido «la primera representante institucional alto cargo de una administración general o regional que ha denunciado y que ha hablado del fin de las guardias de 24 horas», una medida que considera perjudicial «para los profesionales y para los pacientes».
La ministra también aseguró que «la atención a la urgencia no puede ser voluntaria» y que «es parte» de la formación y experiencia profesional del sanitario, subrayando la importancia de garantizar que la urgencia se atienda de manera eficaz, aunque con un límite razonable de horas de guardia. «¿Esto significa que va a tener impacto en las organizaciones sanitarias? Sí, claro, cualquier medida que garantiza derechos laborales y cualquier medida que garantiza que los profesionales tengan mejores condiciones laborales tendrá impacto en la gestión de los servicios sanitarios», aseguró García.
De este modo, García concluyó su comparecencia dejando claro que «queda mucho trabajo por hacer» y destacando que la próxima fase de la negociación incluirá nuevas reuniones con los consejeros de las comunidades autónomas y técnicos, previstas para principios de septiembre. En cuanto a la tramitación legislativa, la ministra insistió en que «los tiempos legislativos son los que son» y que el Gobierno trabajará para que el Estatuto Marco llegue al Congreso lo antes posible.
