La ministra de Sanidad, Mónica García, detalló en una entrevista a TVE el estado de la negociación del Estatuto Marco, que busca actualizar la regulación profesional del personal sanitario tras 22 años sin modificaciones. Explicó que el texto incorpora históricas reivindicaciones, como la reducción de guardias, la limitación de horas semanales, la disminución de la temporalidad a un máximo de dos años y un mayor énfasis en derechos de conciliación, investigación y formación. Subrayó que estas medidas pretenden combatir la precariedad estructural que sufren los profesionales desde hace décadas. Recalcó que el nuevo marco laboral constituye una oportunidad histórica que no debe desperdiciarse.
Ante la petición de algunos colectivos médicos de redactar un estatuto específico y separado, la ministra fue contundente. Declaró que esa propuesta «es inasumible» y que «sería un gravísimo error» retirar el texto actual para iniciar desde cero una negociación exclusiva con el colectivo médico. A su vez, recordó que el Estatuto Marco engloba a todo el Sistema Nacional de Salud y que un modelo segmentado dejaría fuera a otras profesiones. Aseguró además que ninguna comunidad autónoma ni partido político respalda esta opción, lo que demuestra la falta de viabilidad de la iniciativa.
García explicó que el Estatuto Marco fija los límites y normas esenciales, pero que la retribución y otros aspectos dependen de las comunidades autónomas. Puso como ejemplo que algunas regiones pagan mejor las guardias que otras, lo que genera desigualdades que el Ministerio no puede corregir directamente. Señaló que el marco legal establece un suelo común que obliga a mejorar descansos, reducir jornadas y proteger derechos básicos. Insistió en que no habrá relajación en las exigencias y que el Gobierno mantendrá una postura ambiciosa para actualizar una normativa que, según dijo, ha permitido «abusos» durante dos décadas.
Polémica con el registro de objetores en Madrid
A su vez, García defendió la obligación legal de que todas las comunidades autónomas mantengan un registro de objetores de conciencia en materia de aborto. Señaló que este instrumento no solo garantiza la aplicación de la ley, sino que también protege a quienes desean objetar sin impedir el acceso de las mujeres a una prestación sanitaria reconocida. Según indicó, la Comunidad de Madrid está incumpliendo deliberadamente este mandato y creando un conflicto que afecta directamente a los derechos reproductivos. La ministra remarcó que el Gobierno central no puede permitir que un territorio actúe al margen de la normativa estatal.
Durante la conversación, García confirmó que se ha iniciado «un procedimiento en el cual la Abogacía del Estado presentará un recurso contencioso-administrativo» y explicó que el requerimiento formal fue dirigido al Consejo de Gobierno. Recordó que la presidenta regional ya manifestó públicamente su negativa a cumplir la norma, incluso sugiriendo que las mujeres debían desplazarse a otras comunidades para abortar. En este sentido, la ministra subrayó que este posicionamiento contrasta con el hecho de que Madrid sí dispone de un registro similar para aplicar la Ley de Eutanasia. Añadió que la actitud del Ejecutivo madrileño supone, en sus palabras, «un enfrentamiento directo con las mujeres» y con el Estado de derecho.
También, explicó que el organismo dispondrá de dos meses para actuar y trasladar a la presidenta madrileña el recordatorio de que «en este país se cumple la ley y que los derechos de las mujeres no se tocan». La ministra insistió en que los derechos conquistados deben ser preservados y advirtió de que la resistencia de la Comunidad de Madrid refleja una deriva política que considera preocupante. Calificó esta postura como una «rebeldía» frente a la legalidad que exige un freno institucional.
Un escenario sanitario marcado por el bloqueo y la falta de control
La ministra también analizó la brecha existente entre la sanidad pública y privada en Madrid en relación con la interrupción del embarazo. Describió la situación como «un bloqueo sistemático» que impide a las mujeres acceder a este derecho en los centros públicos, pese a ser el entorno donde habitualmente confían para recibir atención médica. Señaló que mientras en otras comunidades del Partido Popular más del 70% de los abortos se realizan en la red pública, en Madrid y Andalucía la cifra no llega ni al 0,5%. Para García, este escenario constituye un mensaje claro hacia las mujeres sobre la falta de protección institucional en estas regiones.
En plena polémica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reforzó públicamente la posición del Ministerio mediante un mensaje en X. El jefe del Ejecutivo denunció que «la Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio». Añadió además que se niegan a permitirlo desde el Gobierno y que «por eso hoy mismo solicitarán a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid». En este sentido, Sánchez cerró su publicación con un compromiso explícito: «Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales».
La entrevista abordó además el reciente escándalo sobre los fallos en los cribados de cáncer en Andalucía y las resistencias de algunas comunidades a entregar información al Ministerio. García explicó que los datos solicitados incluyen la población diana invitada, el porcentaje de participación, el número de casos positivos y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos posteriores. Afirmó que, tras semanas de negativa, las comunidades gobernadas por el PP accedieron a remitir la información, aunque solo después de recibir un requerimiento judicial. Para la ministra, este episodio refleja «otro ataque a la sanidad pública» y una falta de liderazgo dentro del Partido Popular.
También mencionó los errores en el cribado de cáncer de colon registrados en Madrid, donde 571 personas recibieron una carta con información incorrecta. García atribuyó estos fallos a la fragmentación y externalización de partes del proceso, que a su juicio generan pérdida de control y riesgos para los pacientes. Advirtió de que los cribados deben funcionar «como las agujas de un reloj» y que cualquier desviación puede comprometer la confianza de la ciudadanía. Mostró preocupación por los casos de personas sin médico asignado que pudieron quedar fuera del seguimiento tras el error.
