Como ya avanzó hace unas horas Gaceta Médica, la reunión prevista para hoy entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) para abordar la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario no se ha celebrado finalmente. La ausencia responde al rechazo conjunto de las organizaciones sindicales a participar en un encuentro que consideran fuera del calendario pactado. La decisión ha tensado todavía más un proceso de diálogo que se prolonga desde hace casi tres años.
Tras conocerse el plantón, la ministra de Sanidad, Mónica García, compareció para trasladar un mensaje de continuidad en la negociación. «Nosotros no damos ninguna negociación por finalizada en absoluto. Llevamos casi 3 años hablando con los sindicatos. Hemos tenido más de 36 reuniones», recordó. García defendió que las conversaciones han sido constantes y que, a petición de las comunidades autónomas, ahora deben abrirse en un espacio común con todos los actores del Sistema Nacional de Salud.
En este sentido, la ministra subrayó que se han celebrado reuniones tanto con los sindicatos como con las autonomías, y que ahora corresponde dar un paso más. «Lo que hemos instado a los sindicatos es a que en la segunda quincena de septiembre nos reunamos todos en el Foro Marco del Ámbito Social: que nos reunamos las comunidades, el Ministerio y los sindicatos», señaló. Según añadió, hasta ahora se estaba manteniendo «una conversación a dos bandas» que debe convertirse en un diálogo tripartito para lograr un acuerdo más sólido.
García insistió en que el Ministerio mantiene la máxima disposición al diálogo. «Si algo no nos ha faltado en el Ministerio de Sanidad es diálogo, son reuniones, creo que llevamos más de 60 reuniones con respecto al Estatuto Marco, vamos a tener todas las que sean necesarias», afirmó. Recalcó también que el texto debe seguir su curso legislativo, pues se trata de una ley que habrá de ser debatida en el Congreso, con participación de los diferentes partidos políticos que podrán enmendarlo y enriquecerlo.
Respecto al contenido del proyecto, la ministra defendió que responde a demandas históricas de los profesionales. Recordó que el Estatuto recoge medidas como la reducción de jornada, la rebaja de las guardias de 24 a 17 horas y una ampliación de derechos en conciliación y estabilidad laboral. También destacó que muchos avances provienen de sentencias impulsadas por los propios sindicatos, tanto en España como en Europa, lo que refuerza la importancia del diálogo como motor de progreso.
Finalmente, García reconoció que algunos aspectos clave, como los salarios, las retribuciones y las jubilaciones, exceden las competencias del Ministerio de Sanidad y deben abordarse en otros ámbitos. «Obviamente tenemos que dar paso a las comunidades autónomas para que entren en este diálogo y en esta negociación», concluyó. La titular de Sanidad quiso así reiterar su voluntad de mantener abierto el proceso, confiando en que los sindicatos retomen las conversaciones y participen en la próxima cita convocada para la segunda quincena de septiembre.
Anteproyecto de Ley de Reducción de Jornada Laboral
La ministra explicó que el espíritu del anteproyecto de Ley de Reducción de la Jornada Laboral que impulsa el Ministerio de Trabajo es «poder limitar que los profesionales hagan más horas de las que quieren hacer», entre los que se encuentran los sanitarios. Subrayó que la norma se dirige especialmente a «todas esas horas que están fuera del horario de la jornada laboral ordinaria y que aún así los profesionales, no solamente los sanitarios, sino el resto de profesionales, están echando y que hay que regularlas». Según señaló, esas horas «tienen que pasar a formar parte de otra regulación que no es la jornada ordinaria».
En este sentido, García quiso dejar claro que «la gente que es cumplidora y la gente que considera que hay una vocación de servicio público dentro de su profesión no le tiene por qué tener ningún miedo». Insistió en que el control previsto por la nueva normativa no debe interpretarse como una amenaza, sino como una garantía de protección. «No solamente un control de las jornadas, sino que ese control de las jornadas lleve también a regular esas condiciones laborales que estamos exigiendo y que están exigiendo los profesionales para que se puedan cumplir», afirmó.
Para la ministra, el anteproyecto responde a una necesidad largamente planteada en distintos ámbitos laborales. Recalcó que la propuesta está en línea con reforzar los derechos de los trabajadores y dotarlos de un marco que evite abusos horarios. «En ese espíritu de la ley, lo que se busca es regular esas condiciones laborales y que se puedan cumplir», remarcó, destacando que se trata de un paso más hacia la modernización del mercado de trabajo y la consolidación de derechos para los profesionales.
