Durante la sesión de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, la ministra Mónica García expuso las principales líneas de trabajo del Ministerio. Entre los ejes que vertebran su agenda sanitaria, destacó el impulso a la atención a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El contexto llega marcado por una fuerte polémica en torno a la financiación de la ley ELA. Hasta la fecha, no se ha concretado ninguna dotación presupuestaria efectiva, y la propuesta de inyectar 200 millones de euros, anunciada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, no se ha hecho pública por parte del Ministerio de Hacienda, que según el ministro recibió la propuesta, ni ha tenido avances conocidos. Ante este vacío, García recalcó antes del inicio de la Comisión la puesta en marcha antes de que termine julio del Real Decreto con el que el Ministerio busca paliar, en parte, esta ausencia de fondos.
«Mientras se desarrolla toda la ley ELA con todos sus plazos, que son muy largos, desde el Ministerio de Sanidad hemos querido dar una ayuda directa para que todos los pacientes puedan tener cuidadores que estén a cargo de esa ayuda. Y que nadie tenga que elegir entre si se hace o no se hace una traqueostomía o debe tener o no cuidados en función de su situación económica», explicó la ministra. Añadió además que «con esta ayuda, lo que hacemos es que todos los pacientes tengan que tomar sus decisiones, pero no en base a sus condiciones económicas, porque el Estado, en este caso, va a ayudarles para que puedan contratar a esos cuidadores».
Durante su intervención en la Comisión, García confirmó que «entre las prioridades inmediatas se encuentra el Real Decreto que regula la subvención de 10 millones de euros para personas con ELA en estado avanzado, previsto para finales de julio». También subrayó que se trata de una medida «trabajada de la mano de las asociaciones, con el compromiso de evaluarla de forma rigurosa para garantizar que llegue a quienes más lo necesitan».
«No ha llegado ni un euro»
Sin embargo, los grupos de la oposición no tardaron en mostrar su desacuerdo. El primero en cargar contra ellos fue Junts, dejando claro que «este Gobierno demuestra día sí y día también que no es confiable» y poniendo como ejemplo la ley ELA. «Sabemos que su ministerio ha anunciado una aportación nominal, junto a la organización ConELA, de 10 millones de euros, pero partimos de un compromiso inicial del Gobierno para cubrir, como mínimo, los más de 40 millones de euros que se necesitan», denunciaron, al tiempo que recordaron que «aún no ha llegado ni un euro» y más de 600 personas han fallecido desde la aprobación de la ley sin recibir ninguno de sus beneficios.
Desde Vox, las críticas fueron aún más contundentes. «Me parece una falta de respeto que, hablando de la ley ELA, usted hable de lazo de tiempo, porque, en ese lazo de tiempo, cada día que pasa tres personas son diagnosticadas por la ELA y tres personas fallecen. Desde la aprobación de la ley han muerto más de 700 personas. Ustedes metieron esa ley bajo el cajón”, apuntaron, tildando la ayuda de 10 millones como insuficiente y fruto de la presión social.
Por su parte, tanto Sumar como el PSOE defendieron la acción del Gobierno. Desde Sumar se habló de «una solución mientras los esfuerzos administrativos terminan en esa ley ELA», destacando que ha sido «un año y medio bastante prolífico». El grupo socialista, por su parte, elogió el Real Decreto por su capacidad para «acelerar en la tramitación de anexos» y como paso firme para empezar a dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familias.
