Ayer, Donald Trump anunció que el Gobierno de Estados Unidos había encontrado un vínculo entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y un mayor riesgo de autismo en el bebé. La comunidad científica no ha tardado en señalar la falta de evidencia que respalde la afirmación del presidente estadounidense.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha publicado un comunicado en su web en el que asegura que el paracetamol “puede utilizarse para reducir el dolor o la fiebre durante el embarazo si es clínicamente necesario. Actualmente no hay nueva evidencia que requiera cambios en las recomendaciones de uso actuales de la UE”.
El director médico de la institución, Steffen Thirstrup, ha destacado que este medicamento “sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas. Nuestro consejo se basa en una evaluación rigurosa de los datos científicos disponibles y no hemos encontrado evidencia de que tomar paracetamol durante el embarazo cause autismo en niños”.
Mónica García, ministra de Sanidad, ya publicó ayer por la tarde una reacción sobre la relación establecida por Trump entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo. “Trump plantea relacionar el paracetamol en el embarazo con el autismo, ignorando todos los estudios médicos. Como cuando sugirió inyectarse lejía frente a la COVID. El negacionismo no solo destruye la confianza en la ciencia: pone vidas en riesgo”, publicó la mandataria.
En el ámbito doméstico, también la Confederación Autismo España ha expresado su rechazo a las declaraciones de Trump y su preocupación “ante estos anuncios, insistiendo en que carecen de toda evidencia científica y que pueden suponer un potencial perjuicio para la salud pública global. Por ello, alertamos a las instituciones nacionales e internacionales del riesgo que supone dar un altavoz a discursos populistas y ya superados por la evidencia científica existente, que vulneran los derechos y la dignidad de las personas con autismo”, han expresado.
También la Sociedad Española de Neurología Pediátrica incidió en que actualmente no existe evidencia sólida de la relación entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo. “La sospecha lanzada por la Administración norteamericana surge de la publicación de algunos estudios que vinculan el uso de paracetamol en la gestación y la presencia de trastornos del neurodesarrollo, como el autismo; si bien puede existir una asociación de frecuencia de ambos, actualmente, según la literatura científica disponible, no existe asociación de causa-efecto”.
La leucovorina no es un “tratamiento” para el autismo
En el anuncio de Trump, además, se recomendó la leucovorina como tratamiento para el autismo. De hecho, la FDA publicó una nota de prensa para informar del inicio del proceso de la aprobación de este fármaco para pacientes con deficiencia cerebral de folato.
A este respecto, Dawn Adams, catedrática de investigación sobre el autismo en el Centro de Investigación sobre el Autismo Olga Tennison de la Universidad de La Trobe (Australia) ha declarado que “la sugerencia de utilizar leucovorina para ‘tratar’ el autismo es preocupante. En primer lugar, porque la investigación en este ámbito es de mala calidad y no está al nivel que cabría esperar a la hora de hacer recomendaciones para su aprobación. También es preocupante porque este tipo de declaraciones influyen en la forma en que la gente entiende y percibe el autismo”.
“El autismo no es algo que necesite tratamiento o cura, es una diferencia en el desarrollo neurológico. Cuando lo enmarcamos como una condición que necesita ‘arreglarse’, corremos el riesgo de aumentar el estigma al que ya se enfrentan las personas autistas”, continúa.
En este sentido, Andrew Whitehouse, profesor de investigación sobre el Autismo Angela Wright Bennett en el Kids Research Institute Australia, destaca que “la leucovorina (ácido folínico) se ha promocionado como un ‘tratamiento’ para el autismo, pero las pruebas son débiles. Algunos ensayos a pequeña escala sugieren posibles mejoras leves en los resultados conductuales, pero estos estudios están limitados por el reducido número de participantes, la inconsistencia de los resultados y la falta de réplicas independientes”.
“En este momento, la ciencia no se acerca al nivel necesario para recomendar la leucovorina en el tratamiento clínico del autismo. El campo carece de ensayos a gran escala, multicéntricos y rigurosamente controlados que puedan confirmar si los beneficios son reales, reproducibles y significativos en la vida cotidiana”, concluye.
Y Adam Guastella, profesor en la Clínica de Investigación sobre Autismo y Neurodesarrollo de la Universidad de Sídney (Australia), hace hincapié en que “las pruebas sobre el uso de la leucovorina como tratamiento para el autismo, ya sea durante el embarazo o en niños con autismo, son preliminares y requieren estudios científicos más sólidos para garantizar su seguridad y eficacia. Existen algunos estudios prometedores que sugieren posibles beneficios, pero estos estudios tienen muchas limitaciones que indican que es necesario seguir investigando. No tienen la calidad necesaria para su uso generalizado. También hay algunos estudios que sugieren efectos secundarios negativos. Se necesita más trabajo para determinar con certeza la dosis y el momento adecuados, especialmente cuando se administra durante el embarazo y la primera infancia, antes de adoptarlo como tratamiento para la comunidad”.
Ataques contra la comunidad científica
La Sociedad Respiratoria Europea y la Fundación Europea del Pulmón han emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por las “crecientes amenazas a la ciencia y a los científicos en Europa y en todo el mundo”. De acuerdo con la nota, si no se toman “medidas urgentes, se perderán años de avances en la investigación sanitaria, lo que tendrá efectos perjudiciales para la salud y el bienestar”.
Por ello, reclaman que la ciencia siga siendo independiente, “basada en pruebas y libre de manipulaciones políticas. Las pruebas científicas, responsables de innumerables avances que han salvado vidas, están siendo cuestionadas de manera irracional y poco científica”, lo que, destacan, socava la confianza y “supone una amenaza directa para la población”.
En este sentido, afirman que la inversión pública “sostenida e imparcial en investigación independiente es vital para unas economías fuertes, unos sistemas sanitarios resilientes y un progreso social a largo plazo”.
Estas entidades, por otro lado, inciden en el impacto de la desinformación en salud, cuya difusión se ha potenciado en la era digital. “Esto afecta a los pacientes y a las poblaciones vulnerables, influyendo en ellos para que tomen decisiones sanitarias basadas en información poco fiable, al tiempo que erosiona su confianza en los sistemas e instituciones de salud pública”, recalcan.
“La comunidad científica debe responder con decisión, comunicando de forma clara y rotunda los peligros de la desinformación. Todo el mundo tiene derecho a recibir información fiable. Aunque no podemos controlar la difusión de contenidos nocivos, tenemos la responsabilidad de combatirlos y garantizar que se disponga de material preciso y basado en pruebas”, añaden.
Asimismo, “no podemos esperar abordar retos globales como las pandemias, la contaminación atmosférica y el cambio climático, y el aumento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, sin la cooperación científica internacional de múltiples partes interesadas”, apuntan. Por ello, restringir la colaboración y los programas transfronterizos debilita la innovación, aumenta los costes y retrasa las soluciones que salvan vidas.
Por último, estas entidades hacen un llamamiento a las instituciones europeas, gobiernos nacionales, responsables políticos y al público para que se proteja la investigación independiente y colaborativa, se mantengan políticas que defiendan la integridad científica y la transparencia, que se combata la desinformación que socava la confianza y pone en riesgo la salud pública.
Las peticiones de las instituciones pasan también por que se garantice la financiación de iniciativas de salud pública e investigación para asegurar la resiliencia, se invierta en educación e iniciativas de alfabetización sanitaria sensibles a las diferencias culturales, y garantizar que se comparta información fiable y basada en pruebas de forma transparente y accesible, que se asegure que las decisiones en materia de salud pública se basen en la ciencia y se tomen en consulta con expertos, personas con experiencia vivida y el público en general para generar confianza y que se apoyen las iniciativas impulsadas por los pacientes que contrarrestan la desinformación y fomentan la confianza del público en la ciencia.
