La escasez de médicos y otros profesionales sanitarios en España genera todo tipo de opiniones y soluciones para remediarlo. Hay quienes buscan aumentar la oferta universitaria de Medicina para paliar la actual carencia y para prepararse ante el aluvión de jubilaciones que se espera. Otros, abogan por traer profesionales extranjeros que suplan el desfase actual y el que presumiblemente vendrá. En resumen, retener y atraer talento para dotar del sistema sanitario de la mejor calidad asistencial.
La forma y la responsabilidad de realizar las homologaciones de títulos extranjeros ha surgido como un elemento polarizador en la búsqueda de soluciones. Esta semana, Gaceta Médica ha adelantado que en el año 2023 se produjo un récord en la convalidación de títulos, un total de 8.747, un 25 por ciento más que el número de egresados ese mismo año, 6.587.
Esta nueva realidad genera tres puntos clave. En primer lugar, a pesar de este número, se sigue reclamando aumentar el ritmo de tramitación de solicitudes. Esto genera una disyuntiva entre acelerar el proceso para cubrir vacantes y mantener un ritmo adecuado para revisar cada solicitud exhaustivamente. Sin embargo, hay una forma de combinar ambas. Si el problema es burocrático, podrían dedicarse más recursos humanos a este proceso.
El asunto, además, es susceptible de polémica en la arena política. Las competencias sanitarias están delegadas en las comunidades autónomas. Algunas de ellas están pidiendo asumir también las competencias de homologación para cerrar el círculo de la gestión de las plantillas de sus servicios de salud. Para añadir más complejidad al asunto, el País Vasco ya recibió esta potestad y el Tribunal Supremo la suspendió días más tarde de forma cautelar. Uno de los motivos más plausibles para su suspensión es que la medida podría generar disparidades.
El segundo punto, de los tres anteriormente mencionados, es el de mantener un criterio homogéneo, así como establecer mecanismos de transparencia en el sistema actual para garantizar el mejor nivel posible de estas homologaciones y mejorar el proceso. Algo que piden las sociedades científicas. Si derivamos en un proceso asimétrico, también redundará en resultados asimétricos. Permitir que cada comunidad autónoma homologue según criterios distintos resultará ineficaz y generará desigualdades en la calidad y disponibilidad de los servicios. No todas tendrían los mismos recursos para recepcionar estas solicitudes. Tampoco seguirían criterios similares.
El éxito del sistema MIR viene determinado por la homogeneidad en todo el territorio nacional. La especialización de estos profesionales está avalada por un sistema equitativo y bien definido. Plantear una posibilidad donde cada comunidad siguiera pautas diferentes provocaría diferenciar dos tipos de médicos: los formados con un criterio equitativo y medible y los homologados en procesos heterogéneos. Si el proceso actual es poco transparente y trazable, disgregar el proceso en 17 comunidades autónomas lo haría aún más complicado.
Y llegamos al tercer punto, el de las condiciones laborales. A pesar de que la idea de retención de talento está cada vez más presente en el debate público, las condiciones de trabajo, la temporalidad y la remuneración de los sanitarios es mejorable. La no equiparación al resto de Europa empuja a muchos profesionales españoles que han terminado su formación a emigrar al extranjero en busca de mejores condiciones laborales. Por tanto, para empezar, es bastante llamativo que se acuse de falta de mano de obra cuando se está exportando al exterior mano de obra cualificada.
Los sistemas de salud públicos de España deberían planificar mejor las plantillas, tanto en lo relativo personal como a condiciones laborales y salariales. De esta forma, la retención del talento y la incorporación de profesionales extranjeros que aspiran a trabajar por nuestra salud sumarían para mantener un sistema sanitario con una alta calidad asistencial. Una de las pocas cosas que están claras es que algo debe cambiar en el asunto de las homologaciones.
