El acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) devuelve a la política sanitaria, al menos de momento, a un espacio de serenidad que durante semanas había parecido imposible. Tras un periodo marcado por tensiones, reproches cruzados y un clima de desconfianza, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas lograron pactar finalmente la puesta en común de los datos de los programas de cribado de cáncer. Se trata de una decisión que va mucho más allá del procedimiento administrativo: representa un paso hacia la recuperación de la confianza de la ciudadanía en un sistema que solo funciona plenamente cuando las instituciones cooperan.
Todo comenzó con un fallo en los diagnósticos de las mamografía realizadas en Andalucía a unas 2.000 mujeres. Aquella alarma derivó en una disputa por el envío de datos. La escalada se alimentó con declaraciones cada vez más duras: desde la insistencia de la ministra en que «si no pueden mandar un Excel, no deberían estar en su puesto» hasta la negativa de las CCAA gobernadas por el PP a entregar información «ni por WhatsApp ni por Excel», denunciando falta de rigor y ausencia de una herramienta común.
Pero la reunión de esta semana, donde todas las partes demostraron altura de miras, permitió reconducir la situación. El acuerdo establece, como reclamó el PP, un protocolo común y claro: tres indicadores básicos (población invitada, población participante y población positiva). Las comunidades podrán incorporar otros indicadores, pero el eje central es que se ha recuperado un lenguaje compartido que permitirá evaluar de forma homogénea el funcionamiento del sistema.
Incluso las reservas técnicas expresadas por algunas comunidades quedaron integradas en la solución final. Aragón aceptó que el procedimiento temporal no es el más riguroso, pero lo consideró preferible para «quitar alarmismo» y devolver tranquilidad. Madrid calificó el pacto como necesario, insistiendo en la importancia de medir igual para mejorar juntos. Esa coincidencia, tras semanas de desencuentros, subraya la magnitud del consenso alcanzado y refuerza la idea de que los cribados son herramientas sólidas, consolidadas y esenciales para salvar vidas, como manifestaron los consejeros. La ciudadanía necesitaba escuchar ese mensaje: más allá de los matices técnicos y de los intereses partidistas, el sistema sanitario trabaja unido cuando está en juego la detección precoz del cáncer. En este sentido, aunque el conflicto podría haberse evitado o resuelto antes, el resultado final tiene un valor que no constituye una victoria política, sino ciudadana.
