El Estatuto Marco se va de vacaciones. Tras siete meses de negociaciones ininterrumpidas, agosto se presenta como un mes en blanco. Nada nuevo bajo el sol. Y, sin embargo, julio ha sido decisivo: el Ministerio de Sanidad ha presentado oficialmente a las comunidades autónomas el último borrador del Estatuto Marco, en una reunión que, lejos de cerrar heridas, ha abierto otras nuevas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que el nuevo texto mejora “innumerablemente” el Estatuto de 2003. Según sus declaraciones, el 95% de los sindicatos habrían dado su visto bueno al documento. No obstante, la realidad, al menos la que expresan muchos de los actores implicados, dista mucho de ese consenso.
Mientras el Ministerio habla de avances históricos, los sindicatos médicos y varias comunidades autónomas han alzado la voz. La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) se ha manifestado frente a la sede ministerial exigiendo un Estatuto propio para médicos y facultativos. Ángela Hernández, secretaria general de Asociaciones de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) y portavoz de APEMYF, lo ha resumido con contundencia: «La ministra vive desconectada de la realidad”. Según afirma, ni el consenso con los sindicatos del Ámbito ni con las autonomías es tal como lo describe el Ministerio.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) también ha mostrado su rechazo, denunciando la infrarrepresentación médica en el Ámbito de Negociación. Según el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, el proceso ha avanzado sin que los facultativos pudieran plantear sus verdaderas reivindicaciones.
Incluso los sindicatos del Ámbito (SATSE, CCOO, UGT, CSIF, CIG-Saúde), habitualmente más próximos al Ministerio, han alertado del intento de acelerar los plazos sin tiempo suficiente para analizar en profundidad el texto, tras más de cuatro meses esperando una versión completa.
Y tampoco las comunidades autónomas han quedado satisfechas. La consejera madrileña, Fátima Matute, ha denunciado la “precipitación” en la convocatoria del pleno y advirtió de que no serán “cómplices del engaño” a los profesionales sanitarios. Desde Castilla y León, Alejandro Vázquez ha criticado que el Ministerio haya mantenido 36 reuniones con los sindicatos sin contar con los consejeros autonómicos. En la misma línea, José Luis Bancalero (Aragón) ha alertado del riesgo de generar falsas expectativas sin garantías reales de cumplimiento.
Pese al rechazo generalizado, Mónica García ha dejado clara su intención: si el texto no llega al Consejo de Ministros este otoño, podría quedar relegado a un cajón. Una advertencia que suena más a amenaza que a compromiso. Lo cierto es que el proceso, iniciado hace dos años con reuniones técnicas, organizaciones sindicales y sociedades científicas, corre ahora el riesgo de convertirse en un documento olvidado. Un texto ansiado por los profesionales sanitarios durante años que, por falta de acuerdo, podría quedarse precisamente donde nadie lo quiere: encerrado en un cajón.
