En un momento en que los debates sobre el Estatuto Marco o la prescripción enfermera ocupan gran parte de la agenda política sanitaria, no podemos perder de vista uno de los problemas más urgentes que enfrenta el sector, que además se ha cronificado: la falta de profesionales.
Si bien es cierto que las reformas legislativas y los avances en la regulación de las profesiones sanitarias son fundamentales para mejorar las condiciones y, en consecuencia, intentar retener y atraer talento al sector, no estamos dando con la tecla y el déficit de médicos sigue siendo un desafío alarmante.
Este problema, especialmente visible en Atención Primaria, exige soluciones inmediatas y estructurales. Esta semana, se han celebrado en el Ministerio de Sanidad las jornadas de adjudicación de plazas MIR. Cada año, miles de jóvenes aspirantes se presentan al examen con la esperanza de ingresar a la formación especializada en medicina, pero la realidad es que los esfuerzos por incrementar el número de plazas ofertadas en algunas especialidades, como en Medicina de Familia, no son suficientes.
Recientemente alertaba de estos problemas, en una entrevista con Gaceta Médica, el consejero de Salud de Euskadi, Alberto Martínez. "Con todo el respeto a otras CCAA, vamos a intentar tener el máximo número de médicos", subrayó el titular del ramo, quien también explicó las distintas medidas y alternativas que están proponiendo para intentar atraer talento.
Medidas desesperadas
Algunas comunidades, las más golpeadas por este problema, hacen lo posible y lo imposible para intentar tener médicos en sus consultas. Desde hace meses estamos asistiendo a cómo recurren a todas las medidas posibles para paliar la escasez de médicos, como pueden ser la homologación de profesionales extranjeros o, en casos extremos, la contratación de facultativos incluso sin el título homologado.
Sin embargo, este abanico de opciones no ataca la raíz del problema. Aunque son iniciativas que pueden aliviar la presión momentáneamente, la solución real debe ser estructural. Es necesario un plan a fondo y a medio-largo plazo que parta del Ministerio de Sanidad, pero que también implique a las CCAA, ya que son las que gestionan y tienen las competencias directas sobre los servicios de salud en sus respectivos territorios. De lo contrario, asistiremos a una sucesión creciente de medidas desesperadas que, en último término, a quien perjudicará será al paciente. Y eso sí que no puede ocurrir.
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