La salud pública, en su sentido más amplio, se ha situado en el epicentro de la agenda mundial tras las lecciones duramente aprendidas durante la pandemia de COVID-19. La reciente tramitación del Proyecto de Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública en España, junto con la aprobación del primer Acuerdo Mundial sobre Pandemias por la Organización Mundial de la Salud (OMS), representan hitos fundamentales que apuntalan un renovado impulso para proteger a las sociedades frente a futuras amenazas sanitarias.
En nuestro país, el impulso para crear la Agencia Estatal de Salud Pública ha encontrado un contexto político complejo. Tras un primer intento fallido, la actual negociación parlamentaria muestra indicios de consenso y voluntad política para que esta institución tan demandada sea una realidad.
Pese a ser una de las principales deudas pendientes, en España cada vez hay más conciencia de que disponer de una estructura fuerte, independiente y coordinada es esencial para mejorar la vigilancia epidemiológica, la prevención y la gestión de crisis sanitarias. Su puesta en marcha, si nada se vuelve a torcer, no solo reforzará la capacidad de respuesta nacional, sino que también contribuirá a la alineación con los estándares internacionales y al intercambio fluido de información crucial para la salud global.
Esta coyuntura se enmarca en un momento histórico global, marcado por la adopción del Acuerdo Mundial sobre Pandemias en la 78ª Asamblea Mundial de la Salud. Por primera vez, la comunidad internacional ha sellado un compromiso vinculante para prevenir, preparar y responder colectivamente a futuras crisis pandémicas, buscando así garantizar el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos esenciales.
No obstante, este panorama aparentemente optimista se ve empañado por algunos desafíos, como la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS. Decisión que representa un revés significativo para la salud global y pone en evidencia la fragilidad de los compromisos internacionales frente a presiones políticas internas.
La salida de uno de los principales donantes y actores en salud pública genera incertidumbre en tres puntos claves: la financiación de programas vitales, la implementación de estrategias preventivas y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias transfronterizas. Además, debilita la autoridad de la OMS como órgano rector y socava la confianza global en las instituciones científicas y multilaterales, comprometiendo la solidaridad que la salud pública requiere para ser efectiva.
Frente a esta pérdida, la OMS ha aprobado un nuevo presupuesto de 4.200 millones de dólares para el periodo 2026-2027, con un aumento del 20% respecto al ciclo anterior. Una parte importante de esta financiación proviene de China, que ha anunciado una contribución adicional de 500 millones de dólares. Este respaldo, junto con el compromiso de otros Estados miembro, ha permitido mitigar el impacto de la retirada estadounidense y garantizar la continuidad de las actividades esenciales de la organización.
La fortaleza de la salud pública depende de la coordinación global, del intercambio abierto de información y del compromiso de todos los países para proteger a sus poblaciones y a la humanidad en su conjunto. En este sentido, la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública en España, la ratificación y cumplimiento del Acuerdo Mundial sobre Pandemias, y la reafirmación del papel de la OMS como eje central de la gobernanza sanitaria mundial constituyen el espaldarazo que la salud pública necesita para avanzar y consolidarse.
