La carrera por hacerse con la sede definitiva de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) se activó formalmente cuando el Gobierno publicó en el BOE los criterios que regirán la presentación de candidaturas el 17 de diciembre. Ese hito, además, llega después de que el Consejo de Ministros aprobara el día anterior el informe de la Comisión Consultiva del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para determinar la sede. Con ese calendario en marcha, el Ejecutivo sitúa el desenlace en febrero, y da por hecho que, si se cumplen los plazos previstos, la decisión se conocerá relativamente pronto, mediante un acuerdo motivado del Consejo de Ministros que se publicará también en el BOE.
Los plazos son claros y, precisamente por eso, tensan la competencia. Las comunidades autónomas disponen de un mes para postularse desde la publicación de los criterios, y el proceso se tramita por vía de urgencia por razones de interés para la salud pública. En paralelo a la recepción de candidaturas, se solicitarán informes al departamento del que dependerá la futura Agencia y, cuando proceda, a otras instituciones, con un límite de 10 días para emitirlos. Con candidaturas e informes ya reunidos, la Comisión Consultiva elaborará un dictamen con evaluación detallada, que irá primero a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y, después, al Consejo de Ministros, que tomará la decisión final.
En este contexto, Galicia oficializó su candidatura el pasado 12 de enero con un movimiento muy concreto: la Xunta respalda a Lugo y ofrece «máxima colaboración» para que la ciudad sea escogida. Para apuntalar la propuesta municipal, la Xunta aportará informes sectoriales favorables de Turismo, Transportes, Vivienda, Infraestructuras y Educación, y pone además sobre la mesa un inmueble alternativo: el edificio del Departamento Territorial de la Consellería de Sanidade, donde se sitúa el Laboratorio de salud pública de Galicia.
Ese edificio, con 4.900 m², supera en 900 m² el mínimo requerido y se presenta como listo para entrar en funcionamiento de manera inmediata, al contar ya con oficinas, laboratorios, salón de actos y garajes. La Xunta añade un plan de reorganización para reubicar, si hiciera falta, el laboratorio y el departamento territorial, con opciones que incluyen el Hospital de Calde, el HULA, el Centro Integral de Salud de Lugo o un edificio del INSS en la plaza de Ferrol. La candidatura también se apoya en la conectividad de la ciudad, su cercanía a 90 km del aeropuerto internacional de Santiago, su oferta de alojamiento y vivienda, y el peso del campus de Lugo de la USC, con cinco facultades, más de 8.000 estudiantes y una oferta amplia de grados, másteres y doctorados.
Asturias, por su parte, oficializó su candidatura un día después que Galicia, con la propuesta de que Oviedo acoja la sede en el edificio Calatrava, en Buenavista, dentro del mismo complejo de la Consejería de Salud pero con instalaciones independientes. El planteamiento insiste en capacidad para 300 puestos, espacios comunes, despachos, salas de reuniones y videoconferencias, además de áreas de formación y docencia. Suma un argumento funcional: la posibilidad de apoyarse en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo para congresos y jornadas técnicas.
El Principado enmarca su propuesta en la «lealtad institucional» y la vocación de servicio, y sostiene su perfil con elementos como la red de atención primaria, la red hospitalaria y la experiencia en vigilancia y coordinación durante la pandemia. Reivindica también el enfoque ‘One Health’ y la «salud en todas las políticas», con el Observatorio de Salud como herramienta para analizar determinantes y desigualdades. En la misma sesión se aprobó un relevo administrativo interno: Lidia Clara Rodríguez fue nombrada directora general de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria, en sustitución de Irene Cid.
Andalucía fue la primera región en postularse y anunció una nueva inversión el 15 de enero para impulsar la opción de Granada. La Junta plantea dos sedes: una provisional en la Escuela Andaluza de Salud Pública para arrancar de inmediato con las 60 primeras personas, y otra definitiva en el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, con más de 6.000 m² y capacidad para hasta 300 profesionales. El consejero Antonio Sanz concretó un compromiso económico de más de 10,3 millones de euros, con 300.000 euros para la sede inicial y casi 10 millones para rehabilitación y equipamiento tecnológico de la sede definitiva, y defendió que la ciudad ofrece un ecosistema sólido en torno a la Universidad de Granada, la EASP y el Parque Tecnológico de la Salud.
El problema, a partir de aquí, es que los plazos administrativos no siempre casan con la lógica de la salud pública. Si el objetivo es crear un referente técnico y científico, la selección debería premiar, de forma verificable, la capacidad de arrancar rápido, atraer talento, conectar con redes académicas y científicas, y garantizar un entorno operativo estable para una plantilla que llegará a 300 personas. Y, sin embargo, cuando la carrera se intensifica, el debate tiende a desplazarse hacia el agravio comparativo y la lectura partidista, justo lo que el procedimiento dice querer evitar.
El Gobierno se ha dado un marco, un calendario y una vía urgente, pero no puede obviar que está eligiendo algo más que un edificio. Está fijando el centro de gravedad de una pieza que nace por una lección histórica reciente: cuando la coordinación falla, la factura la paga el país entero. Si el Consejo de Ministros quiere que el acuerdo de finales de febrero de 2026 sea una realidad, deberá demostrar que la prisa no es un atajo y que la urgencia no se convierte en excusa para disfrazar de técnica una decisión que podría llegar a ser interpretada como política.
