El reciente ‘Survey report on national seasonal influenza vaccination recommendations and coverage rates in EU/EEA countries’ lo pone negro sobre blanco: los profesionales sanitarios no se vacunan contra la gripe. Al menos, no están ni cerca de los objetivos marcados. El informe, elaborado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y que recoge datos de la cobertura vacunal en distintos colectivos, expone que en la campaña contra la gripe 23/24, solo el 22,1% de los sanitarios de los países de la UE se inmunizó.
Es, directamente, algo que no cabe en la cabeza. Más cuando se trata de un colectivo de riesgo al estar en contacto directo con los enfermos. El debate viene de muy atrás, pero siempre es pertinente recordarlo, más si cabe cuando nos asomamos a la época tradicionalmente más complicada para los hospitales y centros asistenciales. Llega el frío y, de la mano, el repunte de las infecciones respiratorias, especialmente gripe, VRS y COVID-19, si bien es cierto que el comportamiento en este último caso no es tan predecible.
Los datos de vacunación contra la gripe de los sanitarios en España, aunque son mejores que en el conjunto comunitario, distan mucho de ser buenos. El informe detalla que en nuestro país la cota se queda en un 43,8%, lejos del 60% de la campaña 21/22 -con la pandemia-, y todavía más lejos de las recomendaciones de los distintos Gobiernos, que rondan el 75% en este caso.
El dato se entiende todavía menos cuando se compara el dato de los profesionales con los de otros colectivos vulnerables. De acuerdo con el informe que elaboró el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones para hacer balance de los resultados del año pasado, en la campaña de la gripe se logró una cobertura del 66% -frente al objetivo del 75%- entre los mayores de 64 años.
El fondo de la cuestión
La importancia de que los sanitarios se vacunen no radica tanto en el aspecto de que puedan llegar a contagiarse -que también- porque una elevada tasa de personal enfermo afectaría a la operatividad de los centros y, en definitiva y más grave, a la correcta prestación del servicio sanitario para la sociedad. La cuestión va más allá.
Por un lado, y así hay numerosos pronunciamientos al respecto, una vacunación mayoritaria de los profesionales ayudaría a frenar la transmisión de los virus y contribuirá a no sobrecargar los recursos asistenciales en una época ya de por sí complicada. Por el otro, también serviría como ejemplo frente a los pacientes con reticencias a inmunizarse, que así tendrán un motivo más para vacunarse, lo que en materia de Salud Pública se traduciría en un efecto muy relevante.
¿Soluciones?
Los departamentos de Salud Pública de las distintas comunidades autónomas ya trabajan en España en el diseño de los mecanismos que logren que estas cifras suban y que, por el momento, pasan por campañas de educación y concienciación mayoritariamente. En este punto se pueden abrir dos caminos: uno sería el coercitivo y otro, el del incentivo. Hay ejemplos de los dos tipos en países de nuestro entorno, tanto geográfico como socioeconómico. Guardando las distancias, en Australia se obligó a ciertos profesionales, los que estaban en contacto con pacientes infecciosos, a vacunarse. Si no, no les permitirían ejercer y se expondrían a perder su puesto de trabajo y el sueldo.
Por otro lado, la concienciación quizá podría pasar por facilitar todo lo posible esta vacunación, poner todas las herramientas a disposición para que se lleve a cabo, e incluso buscar algún tipo de incentivo, ya fuera en forma de reconocimiento en el trabajo y, como se propone en algunos círculos, económico.
En cualquier caso, lo que reflejan los datos con los que esta semana ha dado la voz de alarma la Unión Europea es que algo hay que hacer para que los profesionales se vacunen. El debate político hace unas semanas estaba centrado en las mascarillas, pero las mascarillas, por sí solas, no nos protegerán de las próximas pandemias. Tenemos que hablar más de por qué no se vacunan los sanitarios.
