Con la llegada del verano, los conflictos parecen evaporarse. Se van de vacaciones junto con los políticos, los comunicados y las urgencias del día a día. Sin embargo, siempre queda algún asunto que se resiste a desaparecer del todo. Estas semanas, tras el anuncio de la Agencia Estatal de Salud Pública o la publicación del último borrador del Estatuto Marco, se ha sumado a la lista un nuevo frente: la dimisión en bloque del Comité de Expertos encargado de diseñar las preguntas del examen MIR, una prueba clave para acceder a una plaza de formación sanitaria especializada (FSE).
La crisis estalló el pasado 17 de julio, cuando entre cinco y seis profesionales con una sólida trayectoria en educación y formación sanitaria decidieron presentar su dimisión en bloque. Esta renuncia ha tenido efecto dominó: a ella se han sumado también los comités equivalentes de otras titulaciones sanitarias como Farmacia, Enfermería, Física y Química, extendiendo la crisis más allá del ámbito estrictamente médico.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tratado de restar dramatismo a la situación. En declaraciones a RNE, aseguró que “hemos ajustado el Comité de Expertos y mejorado el procedimiento de las preguntas”. Reconoció que “como suele ocurrir con muchos cambios, no todos los sectores lo han recibido bien”, aunque subrayó que el proceso “cuenta con el respaldo de los decanos y decanas de Medicina y Enfermería”. También prometió que “seguiremos trabajando para mejorar este proceso, especialmente en nuestro sistema MIR, que es uno de los mecanismos que garantiza el talento entre los médicos”.
Desde el Ministerio niegan que la calidad del examen o su nivel de exigencia estén en peligro. Al contrario, aseguran estar trabajando de forma “coordinada con equipos expertos y profesionales cualificados” para mantener los más altos estándares técnicos y científicos en la elaboración y evaluación de la prueba.
Pero las críticas no han tardado en llegar. El Partido Popular ha expresado su “máxima preocupación” ante lo que califica como “una situación grave”, provocada —según su versión— por cambios impuestos de forma unilateral por el Ministerio. Entre las modificaciones más controvertidas se encuentran la reducción del número de colaboradores por experto (de 15 a 5), la rebaja del pago por pregunta (de 15 a 9 euros) y el traspaso parcial de la gestión organizativa del proceso al Ministerio de Función Pública, en lugar de mantenerla exclusivamente bajo Sanidad.
“El Ministerio rompe un modelo que funcionaba, basado en el consenso profesional y la independencia técnica, y lo sustituye por un esquema opaco, centralizado y sin garantías”, denuncian desde el principal partido de la oposición. Además, advierten de que, a estas alturas del calendario, “no hay nada organizado para la selección de preguntas”, un proceso que habitualmente comenzaba en junio y se cerraba entre septiembre y octubre.
Aunque las partes ya han hablado, la resolución del conflicto parece aplazada hasta septiembre. Ahora, todo está detenido. También esto. Pero no hay que perder de vista que, a estas alturas del verano, ya debería haber un comité trabajando en la elaboración del examen previsto para enero, una de las pruebas más decisivas en la carrera profesional de los futuros residentes. Si se llegará a tiempo o no, solo lo sabremos en unas semanas, cuando las vacaciones terminen y la maquinaria sanitaria vuelva a ponerse en marcha.
