El Gobierno ha publicado esta mañana una nota de prensa, acompañada de su consiguiente fotografía del presidente Pedro Sánchez, en la que se informa sobre la celebración de una reunión interministerial extraordinaria para coordinar el seguimiento del operativo desplegado para responder a la crisis migratoria de Ceuta. Según se puede leer en la comunicación, hasta siete ministros participaron en este cónclave. Llama la atención que, vistas las circunstancias, ninguno de ellos fuera Mónica García.
Junto al presidente del Gobierno, y a través de una videoconferencia, formaron parte de esta reunión el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Uno a uno, es indudable que todos ellos son actores relevantes en un caso como este, que tienen sus derivadas geopolíticas, relativas a la seguridad o territoriales. Precisamente por eso se antoja igual de estruendosa la ausencia en una reunión de alto nivel de este tipo de la ministra de Sanidad. Más si cabe cuando gestiona la Sanidad del lugar y hay importantes implicaciones de Salud Pública en esta crisis.
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Según han confirmado fuentes del Ministerio, García no ha estado presente porque no ha sido convocada. Citar a la ministra, sin embargo, parece bastante pertinente. Podemos encontrar muchas razones que justifiquen más que de sobra su presencia, pero vamos a quedarnos solo con dos.
Una cuestión de Salud Pública
En primer lugar, los movimientos masivos de personas, como el que tuvo lugar en Ceuta, cuando entraron de forma irregular al menos 80.000 personas en la ciudad autónoma según los últimos balances de Interior, siempre deben ser vigilados desde el punto de vista de la Salud Pública. Además, las condiciones en las que actualmente están siendo alojadas estas personas son mejorables. El Gobierno estima, igualmente, que pueden haberse quedado unas 8.000 todavía en la ciudad. Desde el punto de vista sanitario, es algo a seguir muy de cerca.
La ministra sin ir más lejos ha advertido esta mañana que ya han detectado los primeros casos de infecciones leves entre estas personas y ha lanzado una frase que bien hubiera estado que llegara a oídos de Pedro Sánchez. “Lo que nos jugamos es la prevención de la Salud Pública”. Al margen de las palabras de García, solo hace falta escuchar a las sociedades científicas o también a la oposición: nos estamos jugando mucho con este dispositivo como para obviar su vertiente sanitaria.
Responsabilidad asistencial
Al margen, es por todos sabido que son las comunidades autónomas quienes ostentan las competencias sanitarias en sus territorios, si bien la asistencia en las ciudades autónomas es cosa del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), es decir, el Ministerio de Sanidad.
Las quejas de los profesionales, que alertan sobre la sobrecarga del sistema sanitario, se sucedieron durante la semana pasada y se mantienen esta. Llegan desde todos aquellos que tienen algo que decir en este asunto: los médicos, las enfermeras, sociedades científicas… Pero parece que estas llamadas de atención no son suficientes para que el Gobierno considere necesario que la máxima responsable sanitaria del Ministerio de Sanidad esté presente en la reunión interministerial que coordina la respuesta a esta crisis migratoria.
Lo decimos a menudo, pero parece que se nos olvida. Da la sensación de que no hemos aprendido de la pandemia. Estamos poniendo en marcha una Agencia de Salud Pública pero a la vez obviamos el papel clave de la Sanidad en crisis migratorias como esta y que llevan al límite las capacidades de nuestro sistema. En Ceuta faltan ahora mismo recursos para responder a la situación, pero en algunos despachos parece que faltan las luces largas.
