Durante el pasado martes, 19 de noviembre, la Comisión de Sanidad del Senado ha acogido varias comparecencias de responsables autonómicos en materia de salud mental, acudiendo al órgano en calidad de ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio previamente constituida en el seno de la misma. De esta forma, comparecía la Directora General de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Junta de Andalucía, Ana María Reales, enfermera recientemente nombrada como alto cargo durante el mes de septiembre del presente año, para informar en relación con el objeto de estudio.
Reales quiso dividir su exposición en 4 bloques clave en función de la constitución demográfica y asistencial de Andalucía, rindiendo cuentas de la actividad del departamento que lidera y adelantando las medidas que implantarán en el futuro próximo para soliviantar las cuestiones relacionadas con la salud mental y emocional de los andaluces y la prevención del suicidio, sobre todo, en la población infanto-juvenil.
Andalucía en datos: tasas "muy elevadas" de riesgo de pobreza que determinan la salud mental
La directora general comenzaba su ponencia atendiendo a los "determinantes sociales en salud mental" que influyen en la percepción de la salud y el acceso al sistema sanitario de la población andaluza, aludiendo que ésta registra tasas "muy elevadas" de riesgo de pobreza y exclusión social, "siempre muy por encima de la media nacional", alcanzando a cerca del 40% de su población para el año 2023 y registrándose la más elevada a los menores de 18 años (47,1%), algo que "determina el abordaje de la sanidad en su ámbito asistencial, particularmente, respecto a la salud mental".
Enmarcaba así los datos respecto a la salud mental, recogidos en la Encuesta Social y Sanitaria de Andalucía, que evalúa el impacto sanitario del COVID-19 en la población a partir de los 16 años y cuyo dato más reseñable se centra en el consumo de psicofármacos.
Se sitúa "en torno al 10%", según los datos arrojados por la directora, haciendo hincapié en que "a las mujeres se le prescriben psicofármacos en mayor medida que a los hombres; en el caso de los antidepresivos, casi el triple, y en los hipnóticos o sedantes, casi el doble", con la salva excepción de los antipsicóticos. Así, ha relacionado este aspecto con otro clave, los determinantes sociales de salud que en la autonomía encuentran un sector poblacional común: "el mayor consumo de psicofármacos se da en las mujeres de ámbito rural y con un nivel de estudios más bajos".
Respecto a la población infanto-juvenil, Reales ha alertado de que "la ansiedad y la depresión" suponen el 48% de los trastornos de salud mental de los niños de 10 a 19 años, siguiéndole con un 20% los "trastornos del comportamiento" y "los trastornos por déficit de atención", un 15% la discapacidad intelectual y un 9% el resto de trastornos de índole mental. Además, ha alertado del "aumento" de casos asistenciales en materia de salud mental en menores de 19 años desde 2023 así como del impacto en la salud mental del acoso o ciberbullying, "propiciando ideaciones suicidas", en palabras de la directora. "Es un problema de salud pública de primer orden", ha dicho la alto cargo de la Consejería, "tanto a nivel mundial como europeo".
En ese sentido, ha incidido también en los datos sobre suicidio. "A nivel de Andalucía, siguen bajando ligeramente los índices de suicidio en comparación con los años 2021 y 2022" aunque, reconocía, por contra, se han registrado incrementos para el año 2023, últimos datos disponibles según los servicios de urgencias hospitalarias de la región, de atención a tentativas de suicidio cifrados en un 6,22%.
Las áreas de mejora
Según el último informe manejado por la Consejería, se ha registrado en la autonomía un "aumento de presión asistencial motivada por un aumento de atención en todos los ámbitos", y su abordaje supone el gran reto, también a niveles de recursos humanos. Y es que la región cuenta con un conjunto de dispositivos (153 en total divididos en varias categorías en función de la población diana) que forman parte de "una red integrada" que remonta ya a 2008, año de impulso a las estructuras para el aborde clínico de los trastornos de salud mental y las cuestiones relacionadas en el ámbito asistencial.
Según Reales, "otro de los retos" a los que se enfrenta el sistema sanitario andaluz radica en la "dispersión geográfica y desigualdad en al atención y en el acceso a los servicios de atención a la salud mental" debido, básicamente, al elevado índice de ruralidad y zonas de difícil cobertura. Además, han identificado dificultades en la coordinación entre diversas áreas sanitarias e historias clínicas de los pacientes, así como la falta de profesionales especializados en salud mental como la enfermería y de mecanismos de integración relacionados con el ámbito social.
Los planes estratégicos para salud mental en Andalucía
Los proyectos que se están realizando en la región andaluza para el abordaje integral de la salud mental se centran en varios ejes, concretamente en el ámbito de la incidencia sobre adicciones, el incremento y diversificación de profesionales, su coordinación, también en Atención Primaria, y la prevención de la conducta suicida.
De esta forma, la directora ha anunciado la actualización del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (PESMA), que tratará de "definir, planificar y evaluar las actuaciones efectivas y coordinadas que cubran las necesidades identificadas para mejorar la atención a la salud mental y a los trastornos adictivos de la población" en el marco de un modelo de atención comunitaria.
Además, ha reseñado la implantación de "proyectos novedosos que conllevan el incremento de profesionales" que contemplan el incremento "paulatino" de psicólogos clínicos en Atención Primaria (AP), dado que, según los estudios que manejan desde el departamento que lidera, "el 80% de las consultas que se realizan [en AP] son de carácter leve o moderados en forma de estados depresivos o de ansiedad", suponiendo la mayor parte de la "sobrecarga" de los profesionales y cuyas consecuencias se reflejan, según la directora general, en una "sobremedicalización", algo que abre la puerta a la "posibilidad de cronificar el problema".
En ese sentido, Reales ha informado sobre que se han aumentado en 53 los psicólogos incorporados a los centros de salud regionales, siendo los encargados de realizar "las valoraciones derivados de los médicos de familia para formar grupos de terapia", integrando de esta manera la figura del psicólogo clínico en la AP. Una acción valorada, según la directora, positivamente en tanto que redunda en el descenso del gasto en psicofármacos.
También se han desarrollado equipos intensivos de orden comunitario "con la incorporación de 107 profesionales", entre ellos, psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras especialistas, trabajadores sociales, terapeutas y monitores ocupacionales, suponiendo "una novedosa" forma de intervención psicosocial "en el entorno" del paciente, apostando también en tanto su marco de actuación por la atención domiciliaria. En concreto, con los más jóvenes: "Entendemos que uno de los objetivos para la mejora de la atención de la salud mental de la población infanto-juvenil es crear subequipos en las unidades de salud mental comunitaria".
Respecto al suicidio, la Dirección General tiene previstas actuaciones en el ámbito de la "prevención, tratamiento y continuación de cuidados", incrementado ligeramente los profesionales expertos en prevención de tales conductas y cuya metodología de funcionamiento se refleja en el Programa de Prevención de la Conducta Suicida.
Así, su apuesta radica en mejorar la coordinación entre la Atención Primaria y los servicios de Salud Mental en función de la gravedad de los casos cuyos criterios de derivación atienden a indicadores previamente diseñados por expertos y profesionales, abordando los determinantes sociales y culturales que influyen en la salud psicológica y emocional de la población andaluza dadas sus características demográficas.
Plan para la Prevención del Suicidio
"Es una tarea esencial que requiere la implementación de estrategias efectivas y un enfoque integral, así como un esfuerzo coordinado y planificado desde diferentes áreas de la Administración", ha dicho Reales al respecto de la prevención del suicidio, cuyas líneas de actuación de su departamento para la prevención se basan en la "formación y sensibilización social".
De esta forma, ha delimitado el accionar de su departamento en torno al desarrollo del Programa de Prevención de la Conducta Suicida, ya presentado en el año 2023, que cuenta con "estrategias específicas dirigidas a jóvenes", con "protocolos de actuación" para la población infanto-juvenil, con acciones de coordinación entre Atención Primaria y los centros educativos -asegurando que en 2024 se implementará en ellos el Código de Conducta Suicida (CONCSUI) con un sistema de alerta digital y recogida de datos- y otros aspectos relacionados con la prevención a través de la formación de los profesionales.
Valoraciones de los grupos políticos
Carla Delgado (GPIC) ha querido transmitir a la directora general que, a pesar del aumento en la demanda asistencial de pacientes de salud mental, "no se ha registrado un aumento de los profesionales en AP ni en especializada", haciendo hincapié en las listas de espera que, según la portavoz, "no dejan de aumentar" en la región andaluza y "en todas las CCAA".
Por el Grupo Plural (GGPPLU), el senador Francesc Xavier Ten ha querido poner énfasis en las acciones que se podrían coordinar desde el Ministerio de Sanidad para facilitar la implementación y ejecución de planes de salud mental a nivel autonómico.
Por su parte, el socialista Kilian Sánchez (GPS) ha puesto el foco en los datos lanzados por la directora general sobre exclusión social, preguntándole sobre la "línea de trabajo" que está desarrollando el Gobierno autonómico "para reducir estos datos tan graves de pobreza", así como sobre la financiación del programa de prevención de la conducta suicida, de la que presentan "dudas".
Para finalizar, la portavoz de los populares (GPP), Lucía Yebes, ha defendido que "cada territorio tiene, cuando tiene una demografía, determinadas cuestiones", alentando a la coordinación nacional en tanto que "debe estar enmarcado en un plan de salud mental con un apoyo económico desde el Gobierno".
