El pasado 22 de agosto, la Comunidad de Madrid autorizó la publicación a consulta pública del Anteproyecto de Ley de Salud Pública. La iniciativa abre un proceso de participación ciudadana en torno a un texto que busca dar respuesta a los desafíos sanitarios actuales y reforzar la capacidad de actuación frente a emergencias. Una consulta que permanecerá abierta para que se presenten las correspondientes alegaciones hasta el 12 de septiembre. En este sentido, la memoria justificativa del anteproyecto explica de forma detallada los problemas detectados, las razones que hacen necesaria una nueva norma y los objetivos concretos que persigue.
Entre los problemas señalados, el documento subraya que la salud no depende únicamente de la asistencia sanitaria, sino también de factores sociales, educativos, económicos y ambientales. La pandemia de COVID-19 evidenció las carencias del marco jurídico vigente para afrontar crisis sanitarias y demostró la necesidad de reforzar mecanismos, herramientas y medidas para proteger a la población. Asimismo, se insiste en la importancia de un enfoque de ‘una sola salud’ (‘One Health’) que integre la vigilancia, la promoción y la prevención en coordinación con múltiples sectores.
La necesidad de la norma se justifica en que, hasta ahora, la Comunidad de Madrid carecía de una ley específica de salud pública. La regulación en la materia se ha sustentado en la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y en la normativa estatal, como la Ley General de Salud Pública de 2011. Sin embargo, la memoria advierte de que este marco no resulta suficiente para afrontar los nuevos riesgos, especialmente a la luz de las lecciones aprendidas durante la pandemia.
El anteproyecto establece como objetivos reforzar el papel de la salud pública en la región, clarificar las competencias autonómicas en esta materia y garantizar la confianza ciudadana en la autoridad sanitaria. Se pretende que la población mantenga el mayor nivel de salud posible y cuente con instrumentos adecuados para hacer frente a nuevas amenazas. La norma también busca ordenar de forma más clara la organización administrativa y fortalecer las funciones de vigilancia, prevención, promoción y protección de la salud.
Por último, la memoria descarta que la solución pase por modificar únicamente la Ley de Ordenación Sanitaria de 2001. Señala que las particularidades de la salud pública y las enseñanzas de la COVID-19 requieren de un texto específico con rango de ley. La aprobación del anteproyecto supondrá, por tanto, la primera ley autonómica dedicada de manera exclusiva a la salud pública en Madrid, dotando al sistema de una base normativa propia y adaptada a los retos presentes y futuros.
