Según una reciente encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Aragón y Baleares encabezan las listas de espera para consultas con especialistas en el sistema público de salud español. Los datos revelan que la espera media en Aragón es de 165 días y en Baleares de 162 días, cifras que superan ampliamente los 99 días registrados en Castilla-La Mancha, la comunidad con menor demora.
La encuesta, realizada a 896 personas que solicitaron cita con un especialista o una prueba diagnóstica en los últimos dos años, muestra que la espera media para una consulta es de 140 días. Sin embargo, las demoras varían significativamente entre comunidades autónomas, con Aragón y Baleares destacando por sus tiempos prolongados. Esta situación es especialmente preocupante en Aragón, donde se reconoce el derecho a ser atendido por un especialista en un plazo de dos meses, cifra que no se cumple.
Las especialidades con mayores tiempos de espera son oftalmología (175 días de media), neurología (164 días) y traumatología (163 días). En contraste, ginecología y psiquiatría presentan tiempos de espera más cortos, con medias de 119 y 126 días, respectivamente. Estas cifras reflejan una distribución desigual de los recursos y una presión asistencial desigual entre especialidades.
Además de las largas esperas, el 19% de los usuarios encuestados reportaron que, al acudir a la consulta, tuvieron que esperar mucho antes de ser atendidos. Otros problemas señalados incluyen horarios inconvenientes, ubicaciones lejanas y demoras excesivas en las derivaciones por parte de los médicos de familia. Estas situaciones agravan la experiencia del paciente y evidencian deficiencias en la gestión del sistema sanitario público.
La OCU insta a una revisión urgente del sistema de información sobre listas de espera para que refleje de manera precisa y comparable la realidad en todas las comunidades autónomas. Es necesario detallar la situación por especialidades y procedimientos quirúrgicos, así como contabilizar no solo las esperas para la primera consulta, sino también para revisiones posteriores. Esta actualización es esencial para una gestión eficiente y equitativa del sistema sanitario público.
