El Pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la Proposición No de Ley (PNL) 400/25 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que instaba al Gobierno regional a reforzar los servicios sociales mediante un aumento de la financiación y la elaboración de un estudio que sirviera para mejorar la atención primaria y promover la desinstitucionalización. La propuesta obtuvo 52 votos a favor frente a 78 en contra, tras un debate marcado por los reproches cruzados entre el PSOE, el PP, Vox y Más Madrid.
La diputada socialista Silvia Monterrubio defendió la iniciativa en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, recordando que «la Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en políticas sociales por habitante de toda España». Monterrubio acusó al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de «romper la cohesión social y la igualdad de oportunidades» y de «confundir prosperidad con privilegios y justicia social con ideología». En su intervención, reclamó «incrementar de forma significativa la financiación destinada a los servicios sociales hasta alcanzar al menos la media estatal» y devolver a los ayuntamientos las competencias en materia de dependencia.
El PP defiende su modelo y acusa al PSOE de hipocresía
La diputada popular Mónica Lavín justificó el voto en contra de su grupo calificando la PNL como «poco rigurosa» y «llena de falsedades». Sostuvo que «los servicios sociales de la Comunidad de Madrid son excelentes» y que la región «ha incrementado un 20% el presupuesto en esta materia en la presente legislatura, superando los 2.600 millones de euros». Lavín acusó al PSOE de «hipocresía» por denunciar desigualdades mientras «apoya la condonación de la deuda y el cupo independentista» que, según dijo, «restará 400 millones de euros a los servicios sociales madrileños».
La parlamentaria popular defendió que «Madrid gasta mejor, llega a más personas y con mejores resultados», y subrayó que «el modelo autonómico garantiza la calidad y la proximidad de la atención» a través de la coordinación entre administraciones. Además, señaló que «el Gobierno central adeuda 2.300 millones de euros a Madrid en materia de dependencia», una cifra que, según el PP, «limita la capacidad de inversión regional».
Un debate polarizado entre modelos de gestión
Desde Vox, Ignacio Arias presentó una enmienda que no fue aceptada por el PSOE, en la que defendía un modelo alternativo de política social basado en la «eficiencia y austeridad» y en «premiar el esfuerzo y proteger a quien realmente lo necesita». Arias acusó a los socialistas de «crear una red clientelar» y de usar la pobreza «como excusa para aumentar el gasto público sin exigir rendición de cuentas». «Subir los impuestos no es la solución», advirtió, insistiendo en que Madrid necesita «un nuevo modelo que funcione y no las recetas de siempre».
Por su parte, Diana Paredes, de Más Madrid, respaldó la propuesta socialista y arremetió contra el modelo de gestión del PP. Aseguró que «la pobreza tiene nombre en nuestra región y se llama Isabel Díaz Ayuso», denunciando que «uno de cada cinco madrileños sobrevive con menos de 500 euros al mes» y que «la brecha territorial entre municipios se agrava cada año». Criticó la «privatización progresiva» de los servicios sociales y pidió reforzar las plantillas públicas y crear una estrategia madrileña de cuidados y convivencia comunitaria.
La oposición tumba la iniciativa
Por último, en su réplica final, Silvia Monterrubio respondió a las críticas de PP y Vox afirmando que «los servicios sociales son la mejor herramienta de cohesión social y de inclusión», y acusó al Ejecutivo de Ayuso de «mentir en sede parlamentaria» al hablar de inversión récord. «Si invierten más, pero seguimos a la cola, algo no se está haciendo bien», sostuvo. Criticó además que «una persona en Parla viva hasta cinco años menos que en Boadilla» como reflejo de las desigualdades territoriales.
La PNL fue finalmente rechazada por 52 votos a favor y 78 en contra. Con ello, la Asamblea cerró un debate que volvió a poner sobre la mesa las profundas diferencias entre los grupos sobre el modelo social madrileño, entre quienes reclaman más inversión pública y quienes defienden la eficiencia del sistema actual.
