El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo declarado del texto es garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios, reforzando un marco que el departamento define como universal, equitativo, transparente y orientado a la calidad.
Tras conocerse la aprobación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Gobierno y ha defendido la colaboración público-privada. «Creemos en la colaboración público-privada», afirmó dejando claro que «las empresas, por estar al servicio de las administraciones, nunca pueden ser sospechosas ni puestas en tela de juicio, y menos por parte de quienes tenemos poderes públicos». Al hilo de ello, Ayuso ha asegurado que los cargos públicos no pueden «trabajar con impunidad y, por tanto, frenar proyectos vitales, proyectos empresariales que traen empleos y que traen prosperidad».
Ayuso ha sostenido que el Consejo de Ministros tiene «una absoluta obsesión la comunidad de Madrid» y ha denunciado un clima de «amenazando, mintiendo e imponiendo». «Quieren ahora acabar con la sanidad de la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución prácticamente, a que nada funcione en una región que no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento», ha señalado, planteando preguntas sobre el futuro de centros punteros y sobre el modelo en otras comunidades. En su intervención, también ha asegurado que la propuesta «no va a salir, evidentemente, y no a corto plazo», aunque ha advertido de que «ya está el daño hecho» y ha pedido «respeto para Madrid» y «respeto a la voluntad del pueblo de Madrid en las urnas».
En la misma línea crítica se ha pronunciado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que ha cuestionado el procedimiento y el enfoque del Ministerio. «Se ha movido con oscurantismo, como hacen habitualmente, y nos hemos enterado de esto por un medio de comunicación», ha asegurado añadiendo que «es una ley ‘anti Madrid’, con la que se ha estrellado».
Matute ha vinculado sus críticas a la situación de los profesionales y a la huelga de médicos, y ha reprochado al Ministerio que no se centre en ese conflicto. «Lo primero que tendría que pensar es en la huelga que tiene de médicos. Yo hablo siempre con mis colegas, yo estoy al lado de esos médicos que no han sido escuchados y que el 14 de febrero pero se lo van a hacer ver», ha afirmado, antes de señalar que la ministra «detrás de la pancarta ha ido a un Ministerio y se le ha olvidado todo lo que reclamaba».
Sobre el contenido y alcance del anteproyecto, la consejera ha sostenido que «no tiene ningún efecto sobre las concesiones ya existentes», y ha cuestionado que se pueda presentar como un control específico de concesiones en Madrid. También ha respondido a los apartados de inspecciones y transparencia: «Habla de que va a obligar a que haya inspecciones, auditorías y una transparencia. Yo le puedo enseñar cómo hacerlo, porque es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid como mandato a la ley desde hace muchísimo tiempo». En su cierre, Matute ha pedido que el Ministerio se ocupe del Estatuto Marco y de los profesionales sanitarios, y ha reiterado su denuncia por «dar la espalda a los médicos».
Madrid se plantea llevar al Constitucional la ley
Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sostienen a Gaceta Médica que el anteproyecto aprobado por el Gobierno, que deroga la ley de 1997 impulsada por el Ejecutivo de José María Aznar, supone «una clara invasión de competencias autonómicas». En este contexto, avanzan que la Comunidad de Madrid «recurrirá su aprobación ante Tribunal Constitucional sin descartar acudir a instancias europeas».
Según estas fuentes, la norma «no podrá ser de aplicación» a conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas anteriores a su entrada en vigor. En consecuencia, subrayan que no afectará al actual modelo de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid, que incluye cinco hospitales públicos de la región.
Además, señalan que la obligación, tal y como publica la prensa, de realizar inspecciones y auditorías a hospitales públicos de gestión indirecta y de publicar los resultados en el Portal de Transparencia es una práctica que, aseguran, ya se realiza «de forma escrupulosa». En su valoración, se trata de «una maniobra política» del Ministerio de Sanidad dirigida por Mónica García para «hacer ruido» y «desprestigiar la excelencia de la sanidad pública madrileña», con el objetivo de tapar cuestiones como la manifestación del 14 de febrero contra el Estatuto Marco y la posible huelga general de médicos prevista desde el 16 de febrero.
Una ley contra el «negociete» de Ayuso con Quirón
En el plano político, tras las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Mónica García reiteró que la iniciativa aprobada busca «poner coto» a lo que calificó como planteamientos «obscenos» sobre la sanidad pública, como verla como «un filón» para empresas privadas, seleccionar riesgos y asumir que hay pacientes que «hay que dejarlos en la lista de espera». A partir de ahí, planteó el debate en términos de voto: si los diputados consideran aceptables esas ideas, entendería que votasen en contra; si, por el contrario, creen que el SNS es «algo sagrado» que protege la salud de todos y sostiene principios básicos de bienestar, sostuvo que la ley debería salir adelante porque, dijo, frena la «obesidad» de la privatización y limita las «garras especuladoras» sobre el sistema.
En esa línea, afirmó que la norma pretende garantizar que «cada euro» presupuestado para salud se use para salud y no para «engrosar las cajas» de empresas, algunas de ellas, según señaló, vinculadas a «fondos buitre». Además, cargó directamente contra Isabel Díaz Ayuso, acusándola de presentar la propuesta como un ataque a la sanidad. En este sentido, García corrigió el argumento de la presidenta madrileña dejando claro que lo que quieren es cargarse «su chiringuito» y «su negociete», poniendo como ejemplo la relación con Quirón: dijo que en los últimos años se le han adjudicado 5.000 millones, y que durante la pandemia, tras una transferencia estatal de 3.000 millones a la Comunidad de Madrid, se habrían destinado 1.300 millones a saldar deudas con ese grupo en lugar de reforzar cuidados. Cerró subrayando que la ley le parece «necesaria» y que duda que algún partido priorice beneficios económicos frente a la salud propia y la de sus seres queridos.
También, la ministra respondió desde su cuenta de X con un mensaje directo: «Isabel, se acabó el chollo». En paralelo, defendió que la ley «cierra una etapa y abre otra», al poner fin al marco que abrió la Ley 15/1997, y subrayó que establece por primera vez la gestión pública directa como forma preferente, limita la gestión indirecta a casos excepcionales, refuerza la transparencia y facilita la reversión a la gestión pública.
«La sanidad Pública no se vende, se defiende»
La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó el anteproyecto como «un triunfo de la sociedad civil» y «de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años», y sostuvo que la norma «va a proteger y a blindar nuestro SNS de las garras especuladoras y privatizadoras». En su intervención, enmarcó la iniciativa en una reclamación sostenida «desde hace más de 10 años» y la vinculó al lema «la sanidad no se vende, la sanidad se defiende».
García afirmó que en los últimos años se han producido «casos absolutamente obscenos» que, a su juicio, evidencian una orientación de la gestión sanitaria hacia el beneficio económico. Citó expresiones atribuidas a directivos del sector, mencionó audios internos en los que se hablaba de «inflar las listas de espera» y denunció prácticas como citas «a las 4 de la mañana» para pruebas diagnósticas o la reutilización de material para reducir costes, con impacto en la seguridad y la calidad asistencial. También, señaló que la externalización de procedimientos, como cribados de cáncer de mama, ha puesto «en riesgo la prevención» y «el control» en algunos territorios.
Una gestión indirecta en situaciones ‘excepcionales’
Sanidad justifica la iniciativa en la evolución de las últimas décadas: aunque el SNS ha priorizado mayoritariamente la gestión pública desde su creación, la proliferación de modelos privados se ha asociado, según el Ministerio, a fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. El anteproyecto extiende su aplicación a todos los centros, servicios y establecimientos del SNS, y expone en el texto principios como la universalidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad, solidaridad, participación, colaboración y buen gobierno.
En el diseño normativo, la gestión directa se define como la prestación realizada por la propia administración sanitaria, por entidades del sector público institucional estatal, autonómico o local, o mediante consorcios sanitarios constituidos entre administraciones o entidades públicas. La gestión indirecta queda limitada a situaciones ‘excepcionales’ y solo se permitiría cuando no sea posible la prestación directa y se acrediten sostenibilidad financiera, eficiencia y requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio, con evaluación previa obligatoria y publicación de informes.
El Ministerio sostiene que el texto se apoya en evidencia internacional y en análisis de experiencias españolas, y que elimina fórmulas contractuales mixtas que vinculan infraestructura y prestación asistencial. Además, incorpora medidas de buen gobierno, control y rendición de cuentas, prevé la elaboración de un informe de evaluación de experiencias de gestión privada desde 1997 y establece que los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, aplicándose la nueva normativa a los procedimientos futuros.
