El pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una medida cautelar que obliga a la Comunidad de Madrid a «iniciar de inmediato» los trámites para poner en marcha el registro de objetores de conciencia del aborto. Tras esta decisión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió en la Asamblea de Madrid la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios y rechazó «señalar» a quienes participen o no en la práctica de abortos.
Ayuso defiende a los médicos objetores
Durante su intervención, Ayuso criticó a la oposición y aseguró que en Madrid sí existe acceso al aborto. En este sentido, subrayó que en la región se registran 20.000 abortos al año y que el 15% corresponden a mujeres procedentes de otras comunidades autónomas. Además, mostró su preocupación por el aumento del número de interrupciones voluntarias del embarazo en España y afirmó que «1 de cada 4 embarazos en España» acaba en aborto, que «el 40%» es reincidente y que ya se han superado los 100.000 casos en el conjunto del país.
En ese contexto, lanzó su principal mensaje sobre el registro de objetores: «Miren, yo no voy a señalar a nadie ni por aportar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo, porque defiendo la libertad, la ideológica de conciencia religiosa, la intimidad personal, la protección de datos, la integridad física y moral y es todo aquello que ustedes le quieren negar a los médicos». Ayuso concluyó reivindicando la posición de su Gobierno de que el aborto debe ser «legal, seguro, pero poco frecuente».
Choque entre Matute y Más Madrid por la atención a migrantes
La sesión también dejó un rifirrafe entre la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y la diputada de Más Madrid Diana Paredes, a raíz de una pregunta sobre la asistencia sanitaria a las personas migrantes. Paredes afeó al Gobierno madrileño su gestión tanto en materia de aborto como de cobertura sanitaria y preguntó qué medidas está aplicando para garantizar la atención a la población migrante.
Matute respondió que la Comunidad de Madrid es «una región solidaria» y recordó que, además de la normativa estatal, desde el 1 de mayo de 2023 existe una resolución autonómica para dar cobertura a colectivos especialmente vulnerables, como embarazadas, menores, personas con enfermedades infecciosas, solicitantes de asilo y personas afectadas por la guerra.
En su réplica, Paredes acusó al Ejecutivo regional de haber mantenido una política «excluyente» en materia sanitaria y denunció recortes de cobertura a personas migrantes en los últimos años. También cargó contra la derivación de fondos públicos a la sanidad privada y advirtió de que acudirán a los tribunales si se vuelve a dejar sin atención a este colectivo.
Matute respondió acusando a Más Madrid y al Gobierno central de actuar sin rigor y aseguró que la política estatal en esta materia genera «caos», favorece el «turismo sanitario» y aumentará la presión asistencial, las listas de espera y la carga de trabajo de los profesionales.
