El Ministerio de Sanidad ha denunciado hoy a la Comunidad de Madrid y ha llevado el pulso al terreno judicial. El choque gira en torno a una obligación prevista en la ley orgánica de 2023 sobre interrupción voluntaria del embarazo. La disputa, que llevaba meses escalando, entra ahora en una fase con calendario, plazos y efectos prácticos.
Según el texto de la denuncia al que ha tenido acceso Gaceta Médica, Sanidad ha registrado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Ministerio sitúa el foco en la ausencia de un registro de objetores de conciencia en la región. Con esa base, busca forzar el cumplimiento de un instrumento que considera clave en la red pública.
En la demanda, el objeto procesal se concreta en impugnar la desestimación presunta del requerimiento remitido el 14 de octubre de 2025 a la Consejería madrileña para que cree el registro previsto en la Ley Orgánica 1/2023. Sanidad apoya su argumento en que el protocolo para articular ese registro fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial el 16 de diciembre de 2024 y se considera de obligado cumplimiento para todas las comunidades, al enmarcarse en funciones estatales de coordinación sanitaria. La Abogacía del Estado subraya además que Madrid habría sido la única autonomía que no contestó al requerimiento y que manifestó públicamente su negativa a desarrollarlo, pese a haber votado a favor del acuerdo. Por eso, pide al TSJM que estime el recurso y ordene la creación del registro, con imposición de costas, y solicita también una medida cautelar positiva para que se implante sin esperar a la sentencia, alegando perjuicios organizativos y asistenciales mientras no exista ese instrumento.
El registro de objetores
El registro de objetores está contemplado como una herramienta confidencial, no accesible para la población y con finalidad estrictamente organizativa. El despliegue de estos listados quedó articulado en un protocolo aprobado el 16 de diciembre de 2024 en el Consejo Interterritorial, como alega el Ministerio en la denuncia. Ese acuerdo salió adelante con el voto favorable de todas las consejerías de Sanidad. A partir de ahí, las comunidades iniciaron procesos para crear sus registros, con ritmos diferentes.
Después, Sanidad elaboró un informe de seguimiento en septiembre y detectó varias autonomías sin el listado operativo en ese momento. Tras movimientos posteriores, Madrid quedó como que no avanzó en la implantación del mecanismo. En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a avisar de que «nunca» la pondría en marcha.
Madrid carga contra el Ministerio
Tras conocerse la denuncia, la Comunidad de Madrid respondió con un mensaje de confrontación política directa. «Ante la denuncia cursada por el ministerio de Sanidad en relación al registro de objetores de la Comunidad de Madrid, fuentes del Gobierno regional señalan que lo que tiene que hacer la Ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, Mónica García, es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante». Con esa réplica, el Ejecutivo autonómico intenta desplazar el debate al conflicto laboral sanitario.
García eleva el tono en X
La ministra de Sanidad, Mónica García, reforzó la posición del departamento en su cuenta de X con un mensaje explícito. «Ya está en los tribunales la vulneración del derecho al aborto en la sanidad pública madrileña. El 99% se deriva a la privada. Ayuso llegó a decir «váyanse a otro lado a abortar». Presentamos un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid», ha expresado. Con ese movimiento, el Ministerio encuadra el conflicto como un problema de acceso efectivo en la red pública.
