La gestión de los pacientes afectados por hantavirus ha generado un análisis técnico sobre la viabilidad de su evacuación internacional. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cuestionado en un primer momento las razones por las que el archipiélago debía asumir la atención de los pasajeros afectados, en el marco de una situación sanitaria internacional que ha generado debate sobre la coordinación de la respuesta.
Según el informe sobre la inviabilidad de evacuar en Cabo a los pacientes infectados por hantavirus que ha difundido la Delegación del Gobierno en Canarias, el traslado de los pacientes hacia Canarias no responde a una decisión discrecional, sino a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece los mecanismos de coordinación global ante eventos con potencial de propagación transfronteriza.
El documento subraya que, en este tipo de escenarios, la OMS es la entidad encargada de articular la respuesta internacional y de canalizar las solicitudes de acogida hacia los Estados con mejores capacidades técnicas y asistenciales. Una vez activado este procedimiento, los países implicados están obligados a colaborar en virtud de los principios de cooperación sanitaria internacional.
Limitaciones estructurales para atender el hantavirus en Cabo Verde
El informe detalla que Cabo Verde, país de renta media-baja, presenta limitaciones estructurales relevantes para la gestión de enfermedades infecciosas de alta complejidad. Entre ellas se incluyen la ausencia de unidades de aislamiento de alto nivel (BSL-3/BSL-4), una capacidad limitada de cuidados intensivos y una menor disponibilidad de personal especializado en patógenos emergentes.
Estas restricciones, según el análisis, podrían dificultar la contención y el tratamiento de un brote de hantavirus, especialmente en fases de mayor presión asistencial.
Frente a este escenario, el sistema sanitario español se presenta como una alternativa con capacidad contrastada para la gestión de patógenos de alto riesgo. Se destaca la experiencia acumulada en emergencias previas, como la repatriación de casos de ébola en 2014 o la respuesta a la pandemia de COVID-19.
España dispone de unidades de aislamiento de alto nivel, infraestructura diagnóstica avanzada a través del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y sistemas de evacuación aeromédica con cápsulas de aislamiento de presión negativa operadas por servicios de emergencias y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
En el caso de Canarias, hospitales como el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín son identificados como centros clave para la recepción inicial y estabilización de pacientes con enfermedades infecciosas importadas.
Coordinación europea y limitaciones fuera del espacio comunitario
Uno de los elementos centrales del informe es la imposibilidad de activar el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM) en territorio caboverdiano, ya que el país no forma parte del sistema europeo de respuesta coordinada. Este mecanismo, gestionado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC), permite la movilización de equipos médicos, recursos logísticos y la reserva estratégica rescEU dentro del ámbito comunitario.
Sin embargo, el documento señala que una vez los pacientes llegan a Canarias, como territorio de la Unión Europea, se activa de forma inmediata este sistema, facilitando la coordinación sanitaria y la posible redistribución de casos entre Estados miembros si fuera necesario.
El informe también advierte del potencial riesgo de expansión regional del brote hacia África occidental, una zona caracterizada por sistemas sanitarios heterogéneos y elevada movilidad transfronteriza, lo que podría amplificar el impacto epidemiológico si no se controla de forma temprana.
Desde el punto de vista ético, se plantea además la importancia de evitar la sobrecarga de sistemas sanitarios con recursos limitados, en línea con los principios de equidad y justicia distributiva en salud global. Asimismo, se destaca la necesidad de garantizar la trazabilidad epidemiológica de los casos, algo que el sistema sanitario español puede ofrecer a través de sus redes de vigilancia y su capacidad de investigación biomédica.
