El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que España arrastra desde la COVID-19: si el país está realmente preparado para responder con rapidez, coordinación y músculo institucional ante una amenaza sanitaria emergente. El episodio llega, además, cuando varios de los instrumentos llamados a reforzar esa preparación siguen sin estar plenamente desplegados.
La Agencia de Salud Pública
Uno de los principales deberes pendientes es la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). La ley que la crea fue aprobada en el Congreso el 22 de julio de 2025 y, tras su publicación en el BOE, el Gobierno disponía de seis meses para aprobar su estatuto mediante real decreto. Sin embargo, el proceso de elección de la sede se ha retrasado hasta el 18 de agosto y ya quedó descartado que se conociera antes de finalizar 2025, lo que también puede complicar la previsión inicial de que la agencia estuviera "plenamente operativa" en el primer semestre de 2026.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Sanidad aseguraron a Gaceta Médica el pasado febrero que los estatutos de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) estarían listos "en el primer semestre" de 2026 y que, a partir de su aprobación, "se comenzará con los primeros pasos" de la agencia.
La AESAP no es una pieza menor en este tablero. La propia Ley 33/2011, tras su reforma, atribuye al Ministerio de Sanidad competencias clave en vigilancia y respuesta ante amenazas para la salud pública, como la gestión de alertas supraautonómicas, las procedentes de la Unión Europea y la OMS o las incluidas en el Reglamento Sanitario Internacional. También le corresponde coordinar la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, garantizar criterios homogéneos en la vigilancia y coordinar el intercambio de información con organismos internacionales.
La norma también sitúa al Ministerio como responsable de coordinar los mensajes dirigidos a la población durante alertas o crisis sanitarias que afecten a varias comunidades autónomas, así como de elaborar y desarrollar los planes estatales de preparación y respuesta ante emergencias de salud pública. Entre sus funciones figura además coordinar las capacidades estatales necesarias para responder a estas amenazas, incluidas las relacionadas con contramedidas médicas, y conocer los planes autonómicos desarrollados por las comunidades.
El Plan Estatal frente a amenazas graves para la salud
El otro gran deber pendiente es precisamente ese Plan Estatal. Sanidad sacó a audiencia pública el proyecto de real decreto el 15 de septiembre de 2025, con el objetivo de establecer un marco común para anticipar, coordinar y responder ante emergencias sanitarias de gran impacto. El texto prevé sistemas de alerta precoz, equipos de respuesta rápida, planes autonómicos, reservas estratégicas, simulacros y mecanismos de evaluación. Pero, a día de hoy, el Ministerio todavía no lo ha aprobado de forma definitiva.
Mientras tanto, algunas comunidades ya han dado pasos en firme. Madrid presentó el 30 de abril de 2026 el que define como primer Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias de Salud Pública impulsado por una comunidad autónoma en España, con vigilancia avanzada, reserva estratégica y coordinación entre administraciones y servicios esenciales. Andalucía, por su parte, creó el 28 de abril de 2026 su Comisión Andaluza de Coordinación de Emergencias de Salud Pública, con el objetivo de anticiparse a riesgos como zoonosis, olas de calor o brotes infecciosos.
Manifiesto que exige el impulso de medidas de preparación y respuesta
La falta de despliegue estatal también ha sido señalada por las sociedades científicas. En un manifiesto fechado en abril de 2026, entidades de salud pública, urgencias e infecciones reclamaron aprobar de forma definitiva el Plan Estatal, acelerar la puesta en marcha efectiva de la AESAP y desarrollar normas sobre reservas estratégicas, logística, interoperabilidad y continuidad asistencial. Seis años después de la COVID-19, advertían, España sigue avanzando de forma insuficiente en preparación ante emergencias sanitarias.
El brote de hantavirus no equivale necesariamente a una pandemia, pero sí se encuentra en un punto en el que podría ejercer como prueba de estrés. La gestión de un barco con casos infecciosos, traslados internacionales, coordinación con la OMS y la UE, evaluación de contactos y comunicación pública exige precisamente las capacidades que España lleva años prometiendo reforzar. La crisis vuelve a recordar que la preparación no empieza cuando aparece la amenaza: empieza antes, con estructuras aprobadas, planes operativos y responsabilidades claras.
