Ayer tuvo lugar el pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado por el Ministerio de Sanidad con carácter urgente. El objetivo era abordar el desarrollo legislativo del nuevo Estatuto Marco, cuya implementación sigue pendiente de definición. Sin embargo, las comunidades autónomas han criticado tanto las formas como el fondo de la reunión y han exigido una convocatoria técnica en septiembre para analizar la viabilidad real de las medidas propuestas. En este contexto, varios consejeros autonómicos expresaron su descontento por la falta de trabajo previo y por el escaso contenido debatido a la salida del encuentro.
La Comunidad de Madrid demanda una revisión "realista"
La consejera madrileña, Fátima Matute, fue una de las voces más contundentes: denunció que la reunión fue "convocada de forma precipitada" y recalcó que no van "a ser cómplices del engaño" a los profesionales sanitarios. Según Matute, los consejeros han emplazado al Ministerio de Sanidad a realizar una nueva reunión en septiembre: "Podríamos decir, como cuando éramos pequeños, que le ha quedado a la ministra esta asignatura para septiembre, con un estudio de viabilidad técnica y económica de cada una de las medidas para poder hacer que se hagan realidad y no crear falsas expectativas entre nuestros profesionales sanitarios".
Matute subrayó que el compromiso de su Gobierno es real con la mejora de las condiciones laborales, pero siempre desde "un marco realista, posibilista" y que parta de un diagnóstico previo del sistema. Para ello, defendió que el Ministerio cuente no solo con Sanidad, sino también con Hacienda y Función Pública, reclamando "empezar la casa por los cimientos" para que no ocurra como en el caso Muface y "tener claro que Función Pública, Hacienda y el Ministerio de Sanidad estén alineados para mejorar estas condiciones laborales que afectan a recursos humanos y afectan también al impacto económico que ha de manifestarse y estar reflejado en esos presupuestos generales que no existen". Recordó, además, que en los últimos presupuestos "se redujo un 50% la dotación al Ministerio de Sanidad".
Castilla y León reclama financiación: "No nos han dicho ni cuando ni como"
Desde Castilla y León, el consejero Alejandro Vázquez expresó su malestar por la forma y el fondo del pleno extraordinario. "Hemos asistido a una reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial en la cual, por supuesto, en primer lugar hay que decir que se ha convocado con una premura importante". Lamentó que la ministra haya mantenido 36 reuniones previas con los sindicatos sin contar con los consejeros: "Esta es la primera reunión que tienen con los consejeros".
El consejero aseguró que no se sienten vinculados a un documento que "se ha hecho sin tener en cuenta informes de viabilidad de las medidas que se proponen", ni con "sustento jurídico adecuado" ni con "una memoria económica de lo que suponen esas medidas". Recalcó que Castilla y León está "a disposición" para negociar, pero siempre sobre propuestas "solventes desde el punto de vista legal, viables desde el punto de vista práctico y con sostenibilidad presupuestaria".
Durante el encuentro, Vázquez dijo haber planteado directamente a la ministra cuánto costarían las medidas: "Le hemos preguntado qué cantidad, porque yo tengo cantidad y supuesto presupuestario, y hemos dicho 300 millones. A lo que ha respondido: "O 400 o 500". Yo creo que eso es una falta de seriedad absoluta y una falta de respeto a las comunidades autónomas". Añadió que mientras sea consejero de Sanidad de Castilla y León, el Ministerio no le "toma el pelo" y denunció que la ministra "debe de pensar que este foro es una asamblea de facultad".
Desde el punto de vista económico, lamentó que no les ha dado respuesta. "Dice que habrá dinero, pero no nos ha dicho ni cuándo ni cómo", aclaró. Consideró imprescindible que cualquier proyecto legal relevante, como este Estatuto Marco, "lleve ya una estimación económica", aunque pueda ajustarse posteriormente. Por eso, concluyó que "una vez más ha quedado demostrado el desprecio absoluto de la señora ministra a las comunidades autónomas, por lo menos a Castilla y León", a lo que añadió que "por ahí" no está dispuesto "a pasar".
Preguntado sobre las demandas de los sindicatos médicos para estar presentes en la mesa de negociación, respondió: "Yo creo que el diálogo siempre es bueno". A ello, añadió que "hay ámbitos para reunirse con los sindicatos, que han tenido reuniones, y con las comunidades". Sin embargo, insistió en que "debía haberse reunido mucho antes y más veces con las comunidades".
En su intervención como portavoz de las comunidades del Partido Popular, Vázquez reiteró que acudieron por responsabilidad: "Nuestro objetivo no es otro que nuestros profesionales tengan las mejores condiciones laborales posibles". Criticó que "nos hubiera gustado que los tiempos hubieran sido otros", y planteó tres condiciones unánimes entre comunidades: "La primera es que las medidas cuenten con un informe de viabilidad. La segunda, que sean solventes desde el punto de vista jurídico. Y la tercera, que tengan un asiento presupuestario que hasta ahora no tenemos".
Aseguró que todas las comunidades, "independientemente del color político", coincidieron en la crítica al "orden inadecuado" de la propuesta ministerial. Informó de que "le hemos propuesto todos retomar el trabajo técnico antes de ninguna otra circunstancia con esas tres condiciones", y que la ministra aceptó una reunión con los directores de Recursos Humanos los días 8, 9 o 10 de septiembre.
Finalmente, denunció que "el Ministerio ahora mismo no cuenta ni con el beneplácito del Ministerio de Hacienda ni con el de Administraciones Territoriales". Aseguró que esta situación "es la habitual en el Gobierno actual de Sánchez”, donde "una parte del Gobierno está claro que no se habla con la otra”. También, Vázquez advirtió que "ahora mismo es impensable" que con el sistema de financiación actual puedan comprometerse, ya que "esperamos que el Ministerio nos diga cuánto y cómo se va a financiar".
Al final de su intervención, Vázquez dejó claro que "debería existir un acuerdo, porque si realmente, como dice la ministra, ella está aquí también para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, y nosotros también, tendremos que llegar a un acuerdo. Estamos obligados a ello y vamos a trabajar por ello independientemente de otras circunstancias".
Aragón denuncia la actuación del Ministerio sin las CCAA
Desde Aragón, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, expresó también su rechazo al enfoque del Ministerio. Alertó del riesgo de generar expectativas entre los profesionales sin garantías reales de cumplimiento: "No podemos ser cómplices de una ley en la que se crean determinadas expectativas a los profesionales, como se creó como la Ley ELA, la cual no iba acompañada de financiación".
Reprochó al Ministerio que repita los mismos errores: "Nosotros, desde Aragón, no vamos a permitir que ocurra lo mismo, ni ser partícipes de ese engaño a nuestros profesionales". Para Bancalero, el Gobierno central vuelve a actuar de espaldas a quienes tienen la competencia directa en materia sanitaria, refiriéndose a las Comunidades Autónomas: "El Ministerio de Sanidad vuelve a actuar sin tener en cuenta a quienes gestionamos realmente la Sanidad".
Pese a sus críticas, el consejero aragonés dejó claro que apoya el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal del SNS: "Apoyo la necesidad de una firme mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales que trabajan en los sistemas de salud, sanitarios o no sanitarios". No obstante, matizó que esas reformas deben ser viables y rigurosas: "Es preciso hacerlo con propuestas técnicamente factibles, jurídicamente solventes y con una financiación viable".
La reunión ha dejado patente las diferencias entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en torno a las condiciones para seguir trabajando en el Estatuto Marco. Todas coinciden en que sin realismo financiero ni debate técnico riguroso no es posible avanzar. Ahora, la atención se traslada a septiembre, cuando se espera que el Ministerio cumpla con su compromiso de celebrar una reunión técnica que concrete las bases legales y económicas del futuro marco laboral del SNS.
