Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular remitieron una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en respuesta a la solicitud de datos sobre los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. En el escrito, la consejera madrileña Fátima Matute recordaba que estos programas son competencia exclusiva de las autonomías y que se gestionan con «plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado». La carta subraya que el Ministerio de Sanidad «no dispone de una red propia de cribados» ni de un sistema informático operativo para la recogida de los indicadores requeridos, por lo que considera «improcedente exigir en este momento la remisión de la información solicitada».
La consejera añadía que el Ministerio no ha completado el desarrollo del sistema informático necesario para recopilar los datos. También señalaba que los indicadores previstos en el documento técnico dependen de un modelo aún no operativo, lo que a su juicio hace incoherente exigir su entrega. En la carta se reprocha además al Ministerio «pretender que las comunidades adelanten su trabajo con fines más políticos que técnicos» y se recuerda que incluso el propio Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tuvo paralizado el cribado de cáncer de mama en Ceuta y Melilla durante casi dos años.
Choque entre PP y Gobierno
El debate sobre los programas de cribado de cáncer volvió al centro del Congreso con un enfrentamiento directo entre el Gobierno y el Partido Popular. Pedro Sánchez reprochó a Alberto Núñez Feijóo que su partido haya minimizado la magnitud del problema detectado en Andalucía, recordando que «ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resultan ser 2.000». El presidente del Gobierno añadió que la Asociación AMAMA ha denunciado la desaparición de datos de los historiales clínicos de mujeres afectadas y acusó al PP de «mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección», una forma de gobernar que, dijo, «define perfectamente su modelo sanitario».
En la misma sesión, la ministra de Sanidad, Mónica García, fijó su prioridad en «hacerse cargo de la principal preocupación que tienen ahora mismo las mujeres en España, en concreto las mujeres andaluzas, con la negligencia de los cribados del cáncer de mama». Explicó que, tras conocerse el fallo del programa andaluz, el Ministerio de Sanidad solicitó los datos de cribado de todos los tipos de cáncer a las comunidades autónomas, pero denunció que las gobernadas por el Partido Popular se negaron a entregarlos. En su intervención, preguntó directamente a Feijóo «qué tienen que ocultar» y le hizo «responsable directo de no sacar a la luz los datos de los cribados de las comunidades gobernadas por el Partido Popular».
La portavoz de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, respondió acusando a la ministra de eludir sus responsabilidades y de «bloquear la incorporación inmediata de 4.500 médicos en atención primaria», además de haber provocado «tres huelgas nacionales en seis meses» con la aplicación del nuevo Estatuto Marco. También señaló que en Melilla «no se han hecho cribados de cáncer de mama, colon ni útero desde hace tres años», un territorio que depende directamente del Ministerio, y reclamó a García «lealtad institucional». Según Fúnez, la ministra ha convertido el departamento en “una trinchera” desde la que actúa como candidata y no como gestora, y le pidió «menos campaña y más gestión».
García replicó que esa lealtad la exige «el partido que quiere ocultar los datos de cribados a toda la ciudadanía» y criticó la incoherencia del PP, al que acusó de «defender un sistema sanitario en el que no cree y que ha precarizado». Aseguró que la petición de información se enmarca en la «negligencia del Gobierno del señor Moreno Bonilla con respecto a las mamografías y al cribado del cáncer de mama» y que su intención fue pedir los datos «para dar tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas». La ministra insistió en que fueron las propias autonomías del PP las que rechazaron entregar la información y consideró que esa actitud «extiende la desconfianza y el miedo» entre las mujeres, en lugar de aportar seguridad y transparencia.
Durante una entrevista justo antes del Pleno, García negó haber acusado a las comunidades de ocultar datos, pero advirtió que la cooperación técnica con las autonomías «se rompe cuando hay injerencias políticas del Partido Popular». Subrayó que los datos de los cribados «pertenecen a los ciudadanos» y que la información pública «no puede ser objeto de manipulación política». Acusó al PP de «no creer en parte del artículo 20 de la Constitución» y de utilizar la desinformación como herramienta política. Además, defendió que la transparencia es esencial para recuperar la confianza en el sistema y demostrar que los programas preventivos funcionan correctamente en todo el país.
La ministra también anunció que el Gobierno utilizará «todas las herramientas jurídicas y administrativas necesarias» si las comunidades gobernadas por el PP siguen negándose a entregar los datos. Confirmó que Sanidad no descarta acudir a los tribunales y recordó que ya lo ha hecho con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el caso del registro de objetores y el cumplimiento de la Ley del Aborto. «Si no responde al requerimiento, tendremos que iniciar un contencioso administrativo y vernos en los juzgados por no cumplir la ley», advirtió. En esa misma línea, García reclamó a Feijóo que «ponga orden» en sus gobiernos autonómicos y les exija transparencia, subrayando que «mentir no es ilegal, pero negar información vulnera la Ley de Transparencia».
Andalucía pidió una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial
La Junta de Andalucía, que firmó la carta junto al resto de comunidades del PP, incluyó además una propuesta concreta. Lo que plantea el Gobierno andaluz es «convocar una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar el desarrollo de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud». El objetivo de esa reunión sería discutir los mecanismos de coordinación, las competencias autonómicas y los criterios técnicos de recogida de datos dentro de esa estrategia nacional.
La propuesta pretende trasladar el debate al órgano de cooperación institucional donde están representadas todas las comunidades autónomas. Según la carta, solo en ese marco puede garantizarse un acuerdo sobre el modelo informático común y los indicadores de evaluación. Andalucía plantea así sustituir la solicitud unilateral del Ministerio por un proceso acordado y formalizado en el seno del Consejo Interterritorial.
