El Pleno del Congreso de los Diputados ha vivido hoy un intenso careo a cuenta del nuevo Anteproyecto de Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS). Lo que comenzó como un enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid por el papel de la colaboración público-privada, ha sumado hoy un nuevo frente: Cataluña. La diputada de Junts per Catalunya, Pilar Calvo, ha cargado duramente contra la norma, mientras la ministra Mónica García ha tratado de calmar las aguas diferenciando el modelo catalán de las prácticas que tacha de «depredadoras».
El temor al desmantelamiento del modelo catalán
Para Pilar Calvo, la ley, que busca convertir la gestión directa en la vía preferente y limitar la indirecta a casos excepcionales, «pone en riesgo el modelo sanitario catalán, un modelo donde la colaboración público-privada, público-social, no es excepcional, es estructural».
La diputada ha recordado que el 65% de los servicios del sistema de Cataluña dependen de esta colaboración, permitiendo el acceso a una red de más de 90 hospitales. En un tono contundente, ha calificado la propuesta ministerial de «grave injerencia competencial» y ha tildado la norma de «155 sanitario, decidir en Madrid si un concierto se justifica o no en Cataluña«.
«Un medicamento con muchos efectos secundarios se tiene que sacar del mercado. Pues eso hará Junts: sacar del mercado una ley donde el principio activo es ideología y no sentido común».
Pilar Calvo, diputada de Junts per Catalunya
«Hoy los niños y las niñas catalanes son atendidos en el Hospital de la Vall d’Hebron (público), pero también en el Hospital Sant Joan de Déu, de titularidad privada», según Calvo, que apunta a que el anteproyecto ignora esta realidad al intentar «marginar la colaboración público-privada que solo aceptan si los hospitales públicos no tienen suficientes medios», algo que a su juicio ignora una red «construida hace siglos desde el esfuerzo de la sociedad civil».
Sanidad niega el riesgo y apunta a los «fondos buitre»
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el anteproyecto no busca destruir modelos que funcionan, sino protegerlos de la especulación. García ha querido tranquilizar a la bancada catalana explicando que «el sistema catalán es un modelo sanitario que se llama Bismarck… que históricamente desde hace 40 años tiene consorcios, conciertos, todos con entidades públicas o con entidades sin ánimo de lucro», alejando a estos del objetivo del anteproyecto de ley.
Según la ministra, la ley no persigue estos conciertos con fundaciones sin ánimo de lucro, sino que «lo que pone coto es a esos audios obscenos, no a los modelos que funcionan», en clara alusión a las polémicas sobre la manipulación de listas de espera. García ha sido tajante al afirmar que la nueva regulación «protege al sistema catalán de los quirones de turno, protege al sistema catalán de los audios obscenos que hablan de manipular listas»
Mónica García ha insistido en que su ley «no es un rodillo», sino un escudo contra la gestión interesada, y en un tono muy duro, la ministra ha recalcado que la norma no va contra este tejido social, sino que el objetivo es «poner coto a esos audios obscenos que oímos hace poco sobre manipular las listas de espera para hacer caja».
La ministra ha concluido su intervención afirmando incluso «son los propios gerentes de estas fundaciones y entidades públicas quienes entienden la necesidad de la norma». Para García, la ley es un ejercicio de «integridad del Sistema Nacional de Salud» que busca evitar que el beneficio económico prime sobre la asistencia.
«Lo que pone en riesgo (al sistema) es la falta de transparencia y no una ley que busca protegerlo de manos depredadoras»
Mónica García, ministra de Sanidad
Las claves de la discordia
El núcleo del conflicto reside en el giro normativo que Sanidad quiere imprimir al SNS. El anteproyecto, que ya se encuentra en fase de audiencia pública, establece que la gestión de centros y servicios debe realizarse «preferentemente de forma directa«. La gestión indirecta quedará relegada a un «carácter excepcional», obligando a las administraciones a acreditar la imposibilidad de prestación directa y la sostenibilidad financiera antes de acudir a ella.
Además, el texto prevé la derogación de la Ley 15/1997, que hasta ahora permitía nuevas fórmulas de gestión, y refuerza la exigencia de no lucratividad en los convenios singulares con hospitales privados. Es precisamente este encuadre el que ha reavivado el choque no solo con el modelo de la Comunidad de Madrid, sino ahora con la histórica red de conciertos catalana.
Mientras el Ministerio insiste en que el dinero público debe ir «para la salud, no para engrosar las cajas de empresas», formaciones como Junts ven en esta ley una amenaza a la autonomía y a un sistema de colaboración social que, en palabras de Calvo, ha sido «construido hace siglos desde el esfuerzo de la sociedad civil».
