El Congreso de los Diputados ha vuelto a situar la sanidad en el centro del debate político con un duro enfrentamiento entre el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la atención sanitaria a extranjeros sin residencia legal. El intercambio, marcado por las acusaciones cruzadas y el tono bronco, giró en torno al alcance de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), su impacto presupuestario y la responsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión sanitaria.
Abascal abrió su intervención preguntando al jefe del Ejecutivo por qué no consulta a los ciudadanos si quieren que «el dinero de sus impuestos» se dedique a sufragar la atención sanitaria de «medio mundo». En su argumentación, defendió que la cuestión debería abordarse en un pleno monográfico e incluso someterse a una consulta nacional para que los españoles voten «en referéndum si quieren que la atención sanitaria sea una atención sanitaria universal para cualquiera que llegue».
Durante su intervención, el líder de Vox vinculó la ampliación de la cobertura sanitaria con un eventual aumento de la presión asistencial. Aseguró que existen «millones de extranjeros que no cotizan» y que, a su juicio, «se aprovechan del esfuerzo de los demás», lo que, según sostuvo, contribuye al «colapso sanitario». En esa misma línea, afirmó que la medida provocará más listas de espera, más gasto y un deterioro añadido de la atención médica, además de insistir en que el debate sobre la universalidad no se está abordando con la profundidad necesaria en sede parlamentaria.
La réplica de Sánchez evitó entrar de lleno en el modelo de cobertura sanitaria planteado por Abascal y se centró en el reparto competencial y en la financiación autonómica. El presidente del Gobierno defendió que, desde su llegada a La Moncloa, se han incrementado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas para financiar políticas públicas y recordó que la sanidad es una competencia que gestionan los gobiernos regionales: «Usted, que es un constitucionalista leído y que sabe del estado compuesto en España, sabe que las políticas de sanidad están en manos de las comunidades autónomas».
Con ese argumento, Sánchez devolvió la presión a Vox en los territorios en los que gobierna junto al Partido Popular. Según expuso, si a la formación de Abascal le preocupa la situación de la sanidad, debe exigir en esas comunidades que los recursos se destinen a reforzar la sanidad pública en lugar de orientarse a «regalos fiscales a las élites».
Lejos de cerrar el choque, la segunda intervención de Abascal elevó aún más la tensión. El dirigente de Vox acusó a Sánchez de eludir la pregunta principal sobre por qué, a su juicio, quiere «regalar la sanidad que pagan los españoles con sus impuestos a todo el mundo». Además, insistió en que el Gobierno evita explicar el impacto económico y asistencial de la medida y amplió su ataque al terreno político y personal, acusando al presidente de no dar explicaciones en el Parlamento.
La dúplica de Sánchez abandonó ya por completo el eje sanitario para centrarse en la situación interna de Vox y en las acusaciones de presunta irregularidad lanzadas por antiguos dirigentes del partido. El presidente citó declaraciones de excompañeros de Abascal para cuestionar la financiación de la formación y deslizó sospechas sobre préstamos, investigaciones abiertas y el papel de asesores cercanos al líder de Vox. En el cierre de su intervención, Sánchez ironizó con que la salud que realmente preocupa a Abascal es «la de su cuenta bancaria».
De este modo, el choque evidencia como la sanidad sigue siendo uno de los grandes campos de batalla política, no solo por su peso en el gasto público y en la organización territorial del Estado, sino también por su capacidad para concentrar debates sobre equidad, acceso, presión asistencial y responsabilidad institucional.
