La Comisión de Sanidad del Congreso volvió a poner en primer plano el debate sobre la dotación de enfermería en España, con dos comparecencias centradas en la proposición de ley derivada de la iniciativa sobre ratios en centros sanitarios y otros ámbitos. La sesión dejó una foto nítida: amplia coincidencia en que la falta de personal impacta en seguridad del paciente y calidad asistencial, pero divergencias sobre cómo legislarlo, con el PP y el PSOE marcando el tono del choque entre urgencia y viabilidad.
La discusión también evidenció un giro técnico: frente a la idea original de «ratios fijas», las comparecientes defendieron un modelo dinámico ajustado a complejidad individual e intensidad de cuidados, con herramientas de medición y pilotaje que permitan a las comunidades aplicar el sistema dentro de sus competencias.
«No es un lujo, es un derecho fundamental»
María Teresa Moreno, directora de la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investén-ISCIII), situó su intervención «desde el punto de vista de la investigación y de la ciencia» para aportar «cuál es la ciencia que avala» la toma en consideración de la proposición de ley. Su tesis fue clara: la dotación insuficiente «no es solo un problema de recursos», sino «un derecho y una seguridad sanitaria de toda la ciudadanía».
La compareciente sostuvo que la evidencia relaciona de forma directa la dotación segura de enfermería de atención directa con resultados clínicos. «Hay una correlación directa entre la dotación segura de personal de enfermería que hace atención directa y la reducción de la mortalidad hospitalaria», afirmó, además de mejoras «en términos de menos efectos adversos». Citó, como referencia, un dato de impacto: «por cada paciente adicional» asignado a una enfermera, «la mortalidad… puede aumentar en un 7%».
Moreno Casbas defendió que el debate debe salir del esquema rígido de ratios fijos y pasar a un marco de complejidad. «Creemos que tiene que ser un enfoque dinámico ajustado a las necesidades reales de cada persona», señaló, incorporando variables clínicas, sociales y psicológicas. Y cerró con un mensaje político y constitucional: «La dotación segura óptima basada en la complejidad no es un lujo, es un derecho fundamental protegido constitucionalmente».
55.000 respuestas de enfermeras encuestadas
Paloma Calleja Toledano, asesora del secretario de Estado y compareciente en representación del Comité de Cuidados, ancló su intervención en los informes del Ministerio y en una macroencuesta. «Pudimos contar con más de 55.000 respuestas de enfermeras encuestadas», explicó, para justificar la urgencia del problema y el enfoque de retención. Su diagnóstico, insistió, es compartido en Europa: «Es una preocupación compartida no solo en nuestro país, sino en el resto de países de la Unión Europea».
Calleja describió datos que conectan condiciones de trabajo, calidad de cuidados e intención de abandono. «Casi un 40% se habían planteado abandonar la profesión», dijo, «y más de un 90% por motivos profesionales». Añadió que «más de la mitad» manifestó no estar realizando los cuidados «al 100%» y que «casi un 2/3» había observado «incidentes relacionados con la atención sanitaria» con frecuencia semanal.
A partir de ahí, presentó el proyecto técnico del Ministerio, financiado por la Comisión Europea y con la OMS como entidad técnica, para crear un sistema de medición de necesidades individuales y su relación con la intensidad de cuidados. Subrayó que la meta no es fijar una cifra por ley, sino construir una herramienta usable: «Esto no va solo de reflejar en un papel una cifra». Y defendió un desarrollo gradual con validación práctica: «No se trata de generar la herramienta perfecta, se trata de generar una primera herramienta que nos permita empezar a trabajar».
PP y PSOE elevan el peso político
El Partido Popular puso el acento en la necesidad de dotar de realismo presupuestario y planificación a cualquier reforma. En la primera comparecencia, Julia Parra planteó el apoyo al fondo, pero alertó de los riesgos de aprobar ratios sin condiciones previas: «Dejar ratios por ley sin planificación, puede generar graves problemas». Reivindicó «escuchar a los profesionales de enfermería, a las sociedades científicas, a las comunidades autónomas y a los gestores» y advirtió: «Legislar sobre ratios sin consenso, sin planificación y sin financiación suficiente puede convertir una buena intención en una frustración más».
Parra pidió precisión económica y de recursos humanos antes de imponer obligaciones. Preguntó si existe «alguna memoria económica rigurosa sobre el impacto presupuestario» y si puede estimarse «cuántos profesionales de enfermería serían necesarios en términos reales». Y cerró su posición con una frase de intención política: mejorar la calidad «no es un lujo», pero «hacerlo bien sí que es una obligación».
En la segunda comparecencia, Elvira Velasco reforzó la misma línea y atribuyó el origen social de la iniciativa a una cifra concreta, con atribución política. Dijo que se trata de «una iniciativa legislativa popular, avalada por más de 660.000» firmas y subrayó que el texto de 2018 debe actualizarse: «Lo que se registró en 2018 no tiene nada que ver ocho años después». Reclamó incorporar a «todos los actores», citando «los proponentes», comunidades autónomas, sanidad privada y grupos parlamentarios, y cuestionó que la comparecencia se centrara más en el marco estratégico que en el detalle del proyecto legislativo.
Velasco insistió en que la dotación debe adaptarse a realidades territoriales y asistenciales, y puso ejemplos de complejidad desigual: «Mi hospital en Zamora es diferente al hospital de Salamanca». También presionó sobre la materialidad de la reforma: «¿Qué presupuesto están barajando dentro del Proyecto de Ley?». Y enlazó el debate con el pipeline formativo: «Las entradas son tan importantes como las salidas», en referencia a universidad y planificación.
El PSOE, por su parte, mostró un respaldo más explícito al avance del modelo, conectándolo con prevención, envejecimiento y equidad territorial. En la primera comparecencia, Carmen Martínez enmarcó el problema en la transformación demográfica y social: «Hay más personas que viven solas y que no cuentan con las redes de apoyo tradicionales». Recordó «informes del Ministerio» que apuntan «déficit estructural» y reconoció disparidades entre comunidades, temporalidad y heterogeneidad de módulos de medición.
Martínez dijo que a su grupo «le gusta lo que está oyendo» y que quiere «seguir avanzando en esa línea», preguntando cómo la nueva organización del personal contribuirá a un modelo centrado en «prevención y autocuidado». También planteó la dimensión institucional: cómo implicar el Consejo Interterritorial para que «al final [sea] exitoso», ligando el éxito a que «mejore» el sistema.
En la segunda comparecencia, la portavoz socialista celebró el valor político del diagnóstico presentado por el Ministerio: «Por primera vez se ha hecho en este país» una encuesta de esa magnitud, y la describió como «ese diagnóstico en el que preguntamos directamente a las personas afectadas». También, vinculó la expectativa de la reforma a responder a las demandas profesionales reflejadas en los resultados.
Vox y Sumar, con una lectura más breve: datos y urgencia
Vox centró sus intervenciones en la dificultad de aplicar medidas sin bases comunes de datos y registro. Tomás Fernández sostuvo que «no tenemos ni siquiera un registro a nivel nacional» que permita saber «cuántos enfermeros, dónde están»… y cuestionó el plazo de implantación: «¿Es factible en 18 meses?». David García insistió en que sin «una fotografía real» y sin interoperabilidad, «no se puede trabajar» y planteó la duda de fondo: «¿De dónde van a salir esas enfermeras?».
Sumar defendió acelerar la respuesta legislativa y el giro hacia un modelo dinámico. Alda Recas recordó que la propuesta procede de una ILP «con más de 600.000 firmas», defendió incluir a TCAEs y celebró que se avance «de la mano de la ciencia». También pidió palancas para lograr acuerdos: «¿Qué puede usted proponer para que esto sea una realidad lo antes posible?».
Con el PP y el PSOE marcando el eje del debate (financiación, planificación y gobernanza frente a impulso reformista y enfoque preventivo) la sesión dejó abierta la siguiente fase: traducir el consenso sobre el problema en un diseño operativo que pueda sostenerse en un SNS descentralizado y con escasez de profesionales.
García: «es una iniciativa que nace de la sociedad civil con un amplio consenso»
La ministra de Sanidad, Mónica García, habló esta mañana de las enmiendas presentadas por Sumar en esta sesión de la Comisión. En concreto, destacó que «es una iniciativa que nace de la sociedad civil con un amplio consenso y que da respuesta a una demanda compartida por profesionales y ciudadanía», y subrayó que, con ella, se «mejora la calidad y seguridad de los cuidados».
En su intervención también apeló a la evidencia científica, dejando claro que «señala que, cuando hay una dotación adecuada de enfermería para los cuidados bajan las aplicaciones, se reducen los ingresos y las estancias hospitalarias, y mejora la satisfacción de pacientes y profesionales». A ello, añadió que no exponen solo el hecho «de mejorar las condiciones laborales», sino que también estas mejoras del texto implicarían «reducir muertes evitables y fortalecer la calidad y seguridad de nuestro sistema sanitario». Además, remarcó que «la clave» de las enmiendas de Sumar «es superar el marco tradicional sobre ratios enfermera paciente».
Sobre el modelo propuesto, indicó que «las ratios fijas son un buen indicador, pero no reflejan la realidad porque no todos los pacientes necesitan los mismos cuidados ni todos los servicios tienen la misma complejidad». Por ello, defendió «un modelo más avanzado» que pasa por «planificar las plantillas en función de la complejidad real de las personas atendidas, la intensidad de los cuidados y el perfil profesional necesario en cada uno de los momentos». En este sentido, concluyó que «un buen sistema sanitario no se mide solo en su alta tecnología e infraestructuras, sino en la calidad de los cuidados que que recibe cada persona».
