La Comisión de Sanidad del Senado rechazó ayer la moción presentada por el Grupo Izquierda Confederal (Sumar–Más Madrid), que instaba al Gobierno a reforzar la universalidad del sistema sanitario, blindar su gestión pública y avanzar en la adaptación y mitigación del cambio climático dentro de la atención sanitaria. La iniciativa, defendida por la senadora de Sumar Carla Delgado, no consiguió superar la votación tras recibir el respaldo del PSOE pero el rechazo conjunto de PP y Vox. La votación final se tradujo en nueve votos a favor, 19 en contra y una abstención.
Durante su intervención, Delgado explicó que la propuesta buscaba "poner el foco en el derecho de todas las personas a una asistencia sanitaria", entendida como base para "una sociedad más justa, solidaria, equitativa y sostenible". Defendió que "la salud no es un privilegio, ni un negocio, ni una moneda de cambio", y llamó a blindar la sanidad pública frente a la privatización y a incorporar la crisis climática como un eje transversal de la política sanitaria.
"Una amenaza a la salud de la población mundial"
La senadora de Sumar repasó los hitos del sistema sanitario español desde la Ley General de Sanidad de 1986 y criticó las políticas del Partido Popular, a las que acusó de "vincular el derecho a la asistencia con la cotización a la Seguridad Social" mediante el Real Decreto 16/2012. A su juicio, "ese modelo volvió a dejar fuera a miles de personas, entre ellas migrantes sin permiso y desempleados, recuperando una lógica de exclusión impropia de un sistema nacional de salud".
Delgado defendió que el actual Ejecutivo ha revertido parte de ese retroceso. "Este Gobierno aprobó en 2022 una ley para blindar la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud", señaló, y añadió que "se tramita un Real Decreto para devolver el derecho a la atención a las personas migrantes sin papeles". Además, pidió situar el cambio climático como "una amenaza directa a la salud de la población mundial", promoviendo la descarbonización de hospitales y la transición ecológica del sistema sanitario.
Críticas de Vox y PP
Desde Vox, la senadora Paloma Gómez calificó el texto de "una mezcla de conceptos ideológicos sin conexión técnica ni competencial". Aseguró que "pretender que el Gobierno Central garantice la gestión directa o prohíba el lucro en la prestación sanitaria es invadir competencias autonómicas" y criticó la inclusión del cambio climático en la moción "sin una sola referencia científica o técnica aplicable a la realidad sanitaria".
Gómez afirmó que "nadie discute la importancia del medio ambiente", pero consideró que "la descarbonización hospitalaria no tiene relación directa con la mejora de la salud pública". En su opinión, "la sanidad necesita ciencia, sentido común y coordinación, no consignas ideológicas".
El portavoz del PP en la Comisión, Carlos Boné, también se opuso a la moción y acusó a la izquierda de "mantener una enfermiza manía persecutoria contra el Partido Popular". Citó declaraciones de 2010 de la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, para recordar que "la colaboración con empresas privadas puede mejorar la eficiencia sin poner en peligro el carácter público de la sanidad". Boné defendió que "la sanidad pública se garantiza con gestión, planificación y profesionales, no con discursos ideológicos" y que fue el PP quien "en 2012 aseguró la viabilidad del sistema sanitario y su carácter universal".
El PSOE apoyó la propuesta, pero no bastó
La senadora socialista Mayte Esteban expresó su apoyo a la moción, afirmando que "la salud o más bien la ausencia de esta no la podemos elegir, pero sí podemos elegir quién la gestiona". Defendió que el PSOE "lo hizo, lo hace y lo volverá a hacer" en referencia a la defensa de la sanidad pública universal. Recordó los avances logrados bajo gobiernos socialistas, desde la creación del Sistema Nacional de Salud hasta las recientes leyes de equidad y gestión pública impulsadas por el Ministerio de Sanidad.
Esteban acusó al PP de "convertir la sanidad en un negocio" y denunció los "recortes de más de 7.000 millones en 2012" y el "proceso privatizador" en comunidades gobernadas por los populares. Concluyó que el Gobierno actual "ha puesto fin a ese ciclo regresivo" y ha reforzado el sistema público "con un compromiso inequívoco con la igualdad y la calidad en la atención".
