El Consejo de Estado ha advertido al Ministerio de Sanidad de deficiencias sustanciales en la memoria económica del proyecto de Real Decreto que desarrolla la Ley 3/2024, de 30 de octubre, sobre la mejora de la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. En un dictamen emitido el 23 de octubre de 2025, el órgano consultivo considera que la norma "elude reconocer la necesidad inmediata de dotación presupuestaria" y presenta "una imagen inexacta de la realidad económica" que implica su aplicación.
Esta iniciativa legislativa se integraría en la Ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso hace un año, para definir mediante reglamento los criterios que determinan qué enfermedades, además de la ELA, se incluirán en su ámbito de aplicación. Sin embargo, el Consejo de Estado ha subrayado que este desarrollo normativo, lejos de ser neutro, puede incrementar significativamente el gasto sanitario y social de las administraciones públicas.
Un coste real que Sanidad no detalla
El dictamen pone el acento en la insuficiencia de la memoria de impacto normativo (MAIN) elaborada por el Ministerio. Sanidad sostiene en ella que el real decreto "no conlleva por sí misma variaciones en los Presupuestos Generales del Estado ni en las Comunidades Autónomas, al no crear derechos nuevos ni alterar los existentes", y que "la aprobación del real decreto no produce por sí misma impacto presupuestario inmediato desde la perspectiva de los gastos e ingresos públicos".
Sin embargo, para el Consejo de Estado estas afirmaciones "presentan una imagen poco exacta del impacto presupuestario de la regulación proyectada, silenciando el coste que su aplicación efectiva inevitablemente implica". El órgano presidido por María Teresa Fernández de la Vega señala que "no es exacto sostener que el real decreto no crea derechos nuevos ni altera los existentes", ya que el proyecto "sí influye en el número de beneficiarios que tendrán eventualmente acceso a aquellos".
Añade que "no se trata solo de anticipar gastos que ya estaban previstos", pues al agilizar los trámites "el gasto total para las arcas públicas será necesariamente superior, al percibir esas ayudas, servicios o prestaciones durante un periodo más largo".
El Consejo concluye que "la memoria que acompaña al proyecto debe reflejar de forma más precisa y realista el impacto presupuestario que necesariamente lleva consigo la aprobación del real decreto", recordando además que "la inexistencia de una memoria del análisis de impacto normativo de la proposición de ley [...] no exime ahora de la obligación de realizar una estimación completa y rigurosa del impacto presupuestario del proyecto".
Carga financiera para las comunidades autónomas
El dictamen advierte que Sanidad remite la financiación a "un impreciso dimensionamiento y financiación en los instrumentos presupuestarios futuros", lo que "traslada una carga financiera incierta a las comunidades autónomas". Para el Consejo, esa redacción evita reconocer la necesidad de una dotación inmediata por parte del Estado.
Además, el órgano de consulta exige que la memoria económica se actualice para reflejar la aprobación del Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, sobre medidas de refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A su juicio, la MAIN del proyecto "debe dejar constancia de la aprobación de esta norma y adaptar igualmente su contenido a la vista de las medidas de naturaleza económica y presupuestarias en ella previstas".
El Consejo subraya que la ausencia de una memoria económica detallada ya acompañó a la tramitación parlamentaria de la Ley 3/2024, pero insiste en que "esa carencia no exime ahora" de elaborar una estimación precisa de los costes.
Recomendaciones normativas y observaciones esenciales
El órgano consultivo formula también observaciones jurídicas y técnicas. Recomienda aclarar que "el presente real decreto no será de aplicación a las personas diagnosticadas con ELA", dado que estos pacientes ya están automáticamente incluidos en la ley.
Además, advierte que el artículo 2.1.b) del proyecto "es contrario a lo dispuesto en la ley", ya que convierte en acumulativos unos criterios que la Ley 3/2024 define como alternativos. El Consejo exige su corrección inmediata, una observación que califica de "esencial".
En cuanto al listado de patologías, respalda que sea "no exhaustivo" y "meramente indicativo", porque permite mayor flexibilidad y evita la exclusión de enfermedades que puedan cumplir los criterios. Sin embargo, pide que "se plasme de forma más clara ya desde el primer párrafo del anexo I y en la propia disposición adicional única".
Un aval condicionado al cumplimiento de cambios
En su conclusión, el Consejo de Estado afirma que "una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales que se formulan en relación con el artículo 2.1.b) y el anexo II del proyecto, y consideradas las restantes, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación" el texto.
El dictamen constituye un claro aviso al Gobierno sobre la sostenibilidad financiera y técnica del desarrollo de la Ley ELA. Aunque reconoce el interés general y la urgencia de la norma, advierte de que su aplicación sin financiación suficiente “podría generar desigualdades en su aplicación y situaciones de desprotección”.
En definitiva, el Consejo respalda el objetivo de garantizar una atención integral y ágil a los enfermos de ELA y otras patologías graves, pero exige rigor presupuestario y coherencia jurídica antes de su aprobación definitiva.
