El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el real decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal.
Según la información trasladada por el departamento, la norma pretende fijar un marco común para evitar desigualdades en el acceso dentro de este colectivo y reforzar la equidad del Sistema Nacional de Salud. El objetivo, añade Sanidad, es facilitar un mejor control de las enfermedades desde Atención Primaria y favorecer un uso más eficiente de los recursos públicos.
Declaración responsable para simplificar el acceso
Uno de los ejes del texto es la simplificación administrativa. El reconocimiento del derecho se realizará mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante deberá manifestar que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede exportar ese derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de la asistencia.
El ministerio señala además que se incorporarán medidas de apoyo y formatos de lectura fácil para garantizar que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar este documento en condiciones de igualdad.
Más flexibilidad para acreditar la residencia
La futura norma también flexibiliza la forma de acreditar la residencia habitual en España. Aunque el empadronamiento seguirá siendo el documento preferente, se admitirán otros medios de prueba.
Entre ellos figuran certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, informes de servicios sociales, facturas de suministros o telecomunicaciones a nombre del solicitante, así como cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular.
Acceso inmediato y silencio administrativo positivo
Otro de los aspectos destacados es el acceso inmediato a la asistencia. En el momento de presentar la solicitud, se entregará un documento provisional que permitirá recibir atención sanitaria con cargo a fondos públicos mientras se tramita el expediente. Ese documento será válido en cualquier comunidad autónoma.
La administración contará con un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar. En caso de no hacerlo en ese periodo, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo cuando haya sido iniciada por la persona interesada.
El reconocimiento del derecho no tendrá caducidad mientras no se obtenga cobertura por otra vía. Asimismo, el texto prevé que las administraciones competentes inicien el procedimiento de oficio cuando la persona interesada no pueda hacerlo en el primer momento de la atención sanitaria.
Protección reforzada para colectivos vulnerables
El real decreto incorpora además una protección específica para colectivos vulnerables. Entre ellos figuran los menores de edad y las mujeres embarazadas, para quienes se garantiza la asistencia integral durante el embarazo, el parto y el posparto.
El texto también recoge expresamente el acceso de las mujeres extranjeras no residentes a la interrupción voluntaria del embarazo, conforme a la normativa vigente de salud sexual y reproductiva.
Junto a ello, se contempla protección para víctimas de violencia de género, incluidas sus hijas e hijos, víctimas de violencias sexuales y víctimas de trata de seres humanos. La cobertura se extiende igualmente a solicitantes de protección internacional o temporal.
En el caso de las personas en situación de estancia temporal que necesiten asistencia, la norma regula un informe de acreditación de especial vulnerabilidad, que será emitido por los servicios sociales de las comunidades autónomas.
Cobertura ampliada para españoles de origen en el exterior
La propuesta también amplía la cobertura para españoles de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España. Hasta ahora este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores, pero el nuevo texto lo extiende a todos los españoles de origen y a determinados familiares a cargo, siempre que no dispongan de protección por convenios internacionales o por la legislación de Seguridad Social.
Control del gasto y facturación en caso de denegación
En materia de control del gasto público, la norma establece que, si la solicitud es finalmente denegada, se procederá a facturar la asistencia recibida. No obstante, no se emitirá facturación si la persona acredita después que en el momento de recibir la atención sí cumplía los requisitos materiales.
Además, si se detecta inexactitud o falsedad en la declaración responsable, el documento provisional perderá validez de forma inmediata y la administración podrá reclamar el reintegro del coste total de las prestaciones sanitarias obtenidas desde el inicio del procedimiento.
Mejora en la prestación ortoprotésica
El real decreto introduce igualmente una modificación en la prestación ortoprotésica. De salir adelante, se equiparará automáticamente la exención de aportación en ortopedia y prótesis a la ya existente para los colectivos que no pagan medicamentos por su situación de vulnerabilidad o nivel de renta.
Entrada en vigor tras su publicación en el BOE
Sanidad subraya que, una vez aprobado, el real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Con esta medida, el ministerio enmarca la reforma en el refuerzo del principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud y en la garantía del derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad, cohesión territorial y equidad.
«España quiere reivindicar una sociedad que cuida»
Tras la aprobación del real decreto, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que la norma supone un paso para consolidar de forma efectiva el principio de universalidad del sistema sanitario público. «Convertimos el acceso a la sanidad en una opción por defecto», afirmó.
La ministra enmarcó la medida como una respuesta a lo que definió como «barreras administrativas» que todavía dificultaban el acceso a la asistencia sanitaria para algunas personas. En su intervención, recordó además que la universalidad del sistema se vio «quebrada» en 2012 y sostuvo que el nuevo decreto busca cerrar definitivamente esa brecha.
García también vinculó la reforma con un posicionamiento político más amplio frente al avance de discursos excluyentes en distintos países. «España quiere reivindicar una sociedad que cuida, basada en la solidaridad, la convivencia y la defensa de la vida», señaló.
Según la ministra, el objetivo es reforzar un modelo en el que la sanidad pública se conciba como «un derecho de todas las personas que viven en nuestro país», independientemente de su origen o situación administrativa.
