El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 impulsará una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, ampliando la restricción hasta los 18 en aquellas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. La medida se enmarca en una estrategia de salud pública orientada a reducir riesgo en la población infantil y adolescente.
El ministro Pablo Bustinduy anunció la iniciativa en Barcelona, antes de reunirse con la Gasol Foundation, entidad centrada en la prevención de la obesidad infantil. Según el último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), nueve de cada diez personas en España respaldan esta prohibición.
El respaldo social coincide con la percepción de riesgo. Un 25% de la población reconoce consumir bebidas energéticas y, entre quienes lo hacen, casi la mitad toma al menos una al día y un 47% las mezcla con alcohol. El Comité Científico de la AESAN ya advirtió en 2021 de que el consumo elevado de cafeína puede provocar alteraciones del sueño, efectos psicológicos y trastornos cardiovasculares, riesgos especialmente relevantes en menores.
La nueva regulación se suma a la prohibición de vender estas bebidas en centros escolares y busca reducir la exposición temprana a productos con alta carga de estimulantes y azúcares.
Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado en sus redes sociales que las bebidas energéticas "no dan alas: pueden producir insomnio, ansiedad o taquicardias", además subrayó que desde Sanidad "estamos trabajando con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 en una normativa para proteger la salud".
Limitación de la publicidad de estas bebidas
En paralelo, el Ministerio regulará la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños, niñas y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la exposición a este tipo de anuncios aumenta la ingesta calórica y favorece el consumo de productos con bajo valor nutricional, contribuyendo a la obesidad infantil y a enfermedad crónicas en la edad adulta.
Con estas medidas, el Gobierno pretende reforzar la protección de la salud infantil, actuar sobre los factores que condicionan los hábitos de consumo y reducir la carga futura de enfermedad asociada a una alimentación poco saludable y al consumo precoz de estimulantes.
A este respecto, Bustinduy ha insistido en la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de estos alimentos, en muchos casos ultraprocesados y con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, siendo muy calóricos y poco nutritivos. Y ha subrayado que otros países de nuestro entorno, como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia, ya han adoptado medidas similares.
"En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables", alertó Bustinduy, citando un informe de la Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes de la población infantil y adolescente en España. "Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país", aseguró el ministro y defendió la acción normativa en este ámbito como una "cuestión de salud pública" y para "garantizar los derechos de la infancia", aunque eso implique "poner coto a los poderosos", concluyó.
