En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco celebrada hoy, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad "se avino a revisar el sistema, la revisión del cálculo y la liquidación". Según sus palabras, en la reunión preparatoria mantenida en los últimos días el Gobierno central habría mostrado disposición a modificar el procedimiento de revisión de los fondos, lo que supondría un cambio significativo en la gestión del pago por atención sanitaria entre comunidades.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Gaceta Médica han desmentido rotundamente esta afirmación, asegurando que "no vamos a revisar el sistema". Desde el departamento que dirige Mónica García explican que el Ministerio "es un mero contable de las liquidaciones que nos dan las comunidades autónomas" y que cualquier problema identificado debe resolverse en el ámbito autonómico. "Si alguna comunidad tiene problemas, lo primero que tiene que hacer es revisar su modelo de facturación. Sabemos que Euskadi ha identificado fallos en ese proceso, y nos abrimos a colaborar para que lo solventen", apuntan las mismas fuentes.
Sanidad matiza que, pese a no modificar el sistema general, "ve con buenos ojos la posibilidad de realizar una reunión extraordinaria de la comisión de fondos", donde las comunidades autónomas puedan intercambiar análisis sobre los criterios de cálculo y buscar una solución técnica conjunta. Según el Ministerio, esta sería la vía adecuada para "avanzar en la corrección de posibles errores sin alterar el marco legal vigente", antes de proceder a la aprobación definitiva de las liquidaciones pendientes en el próximo pleno del Consejo Interterritorial.
Con esta nueva discrepancia, País Vasco y Sanidad suman otro desencuentro a su lista de diferencias en materia sanitaria, que ya abarca desde la gestión de fondos a la implantación de registros y sistemas de información. Mientras Euskadi insiste en una revisión profunda y transparente del modelo, el Ministerio de Sanidad reafirma su posición de limitarse a la supervisión contable, trasladando la responsabilidad técnica del cálculo a cada administración autonómica.
Una reunión que propicia la confusión
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco reclamó ayer al Ministerio de Sanidad máxima transparencia en las liquidaciones correspondientes al Fondo de Cohesión (FSC) y el Fondo de Garantía (FOGA), proponiendo además la adopción de medidas para analizar en profundidad los datos y el procedimiento de cálculo de estas liquidaciones. La petición se enmarcaba en el debate abierto sobre el reparto de los fondos de compensación que cada comunidad autónoma abona por la atención sanitaria prestada a pacientes de otras regiones.
Ayer por la tarde, el viceconsejero de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria, Aritz Uriarte, se reunió en Madrid con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, con el objetivo de "poner blanco sobre negro el sistema de cálculo de los diferentes fondos de compensación", ante la posible falta de cobertura legal en las liquidaciones realizadas hasta la fecha.
En este sentido, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, reiteró ayer que en las liquidaciones que se están realizando desde el País Vasco se produce un "agravio inadmisible". Una cuestión que, según ha recordado, ya trasladó formalmente la semana pasada a la ministra de Sanidad, Mónica García. "Euskadi, con un 5% de la población del Estado, ha abonado el 60% del total", ha denunciado, calificando de "injusto" el modelo vigente. Por ello, el Departamento de Salud considera necesario y urgente "sentarse, analizar cifras, ver su trazabilidad y reconducir un nuevo cálculo" para garantizar la equidad entre territorios.
En la reunión que se celebrará en el Ministerio de Sanidad, Uriarte solicitó la realización de una auditoría independiente que contraste la coherencia y consistencia de las liquidaciones, así como los criterios aplicados por el resto de comunidades autónomas. Además, reclamó un desarrollo normativo del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) y propuso dejar sin efecto las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 hasta que se lleve a cabo un análisis riguroso y se establezca una normativa clara y homogénea para todo el Estado.
