La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció tras el Consejo de Ministros la aprobación del Real Decreto-Ley que desarrolla la Ley ELA. Explicó que el objetivo de esta norma es «permitir, sobre todo, una atención integral, equitativa y de calidad a todas estas personas». Subrayó que, frente a los recortes de anteriores gobiernos, el Ejecutivo «inyecta 500 millones de euros más al sistema de atención a la dependencia».
Alegría destacó que el nuevo decreto «crea un nuevo grado, el grado III+ de dependencia extrema», que supondrá un «nivel de protección 24 horas para todos los enfermos y enfermas». Añadió que estas medidas amplían y mejoran «nuestro estado social» y representan una apuesta decidida por la protección de las personas más vulnerables.
Un nuevo grado de dependencia extrema
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, explicó que el Real Decreto-Ley aprobado «se estructura en torno a tres ejes principales». El primero, dijo, «es un eje estructural que tiene que ver con la creación de derechos y garantías» a través del nuevo grado de dependencia extrema o ‘Grado III+’. Este nivel busca «recoger los casos especialmente complejos y darles cabida dentro de nuestro sistema de protección social y de cuidados».
Bustinduy afirmó que la medida supone una «modificación estructural de nuestro sistema» que permitirá atender a quienes «necesitan de atención continuada y especializada». Con la creación de este Grado III+, aseguró, «mejoramos nuestra red de protección social» y damos respuesta a una demanda impulsada por la sociedad civil. Subrayó además que esta reforma representa «la novedad que mayor impacto tendrá a largo plazo» en el sistema de dependencia.
Prestación de 10.000 euros para atención 24 horas
El segundo eje del decreto se centra en el modelo de prestación de atención y cuidados, basado en la personalización y la atención continuada. Bustinduy señaló que las personas en fases avanzadas de ELA u otras enfermedades complejas «verán garantizada la atención 24 horas, que era la demanda histórica principal de estos colectivos». Indicó que esta prestación alcanzará «casi 10.000 euros al mes por paciente» para garantizar la ayuda domiciliaria y la asistencia personal necesaria.
El ministro subrayó que este sistema busca «adecuarse a las necesidades de las personas usuarias y no al revés», para asegurar una atención adaptada a cada caso. Aseguró que la medida responde al «mandato central de la Ley ELA» y constituye un paso decisivo en la mejora del sistema público de cuidados.
Financiación y refuerzo del sistema de dependencia
El tercer eje, explicó Bustinduy, «tiene que ver con la financiación» y moviliza «500 millones de euros adicionales» para reforzar el conjunto del sistema de dependencia. Esta inversión, dijo, «no solo sirve para el desarrollo integral de la Ley ELA, sino también para el refuerzo general de nuestro sistema». Añadió que la medida se inscribe en un contexto de «necesidades y tensiones crecientes» derivadas de la evolución demográfica y los cambios en las estructuras familiares.
Bustinduy recordó que el sistema arrastra «5.406 millones de euros de recortes acumulados» y destacó el compromiso del Gobierno con su recuperación. Explicó que con esta inyección «la inversión total estimada para 2025 será de 3.729 millones de euros», lo que supone «un aumento del 7,2% interanual». Señaló además que se convocará un consejo territorial con las comunidades autónomas «para coordinar la adaptación de los sistemas autonómicos de dependencia y el reparto de los fondos».
Una ampliación del Estado del bienestar
Bustinduy concluyó que el Real Decreto-ley «remite a un momento excepcional en las Cortes» por el consenso político que alcanzó la Ley ELA. En su intervención, reivindicó que la norma representa «una ampliación del estado del bienestar y una mejora de nuestro sistema de protección social». Agradeció el papel de las asociaciones de enfermos y familiares «que de manera ejemplar han peleado para ampliar nuestro estado del bienestar».
El ministro cerró su comparecencia señalando que «España sigue siendo capaz de abrir camino y dar ejemplo» en materia de justicia social y cuidados. Aseguró que el país «avanza en un sentido muy claro de mejora de la protección social» y que la democracia «sale reforzada en su conjunto» con medidas de este alcance.
