El transcurso de las negociaciones, o para los sindicatos la falta de ellas, hacía presagiar el final del modelo de gestión clínica castellanoleonés.
La semana pasada, trascendía a la primera plana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la nulidad de las 15 unidades de gestión clínicas creadas por la Consejería de Sanidad.
En su fallo, el órgano estima el recurso interpuesto por Comisiones Obreras, que alegaba que se había vulnerado el derecho a la libertad sindical porque no hubo negociación en la mesa sectorial correspondiente. De este modo, el tribunal considera que no se proporcionó la documentación necesaria para la negociación. Si bien, aunque se trata de una norma de carácter organizativo, “el ejercicio de las potestades de autoorganización no excluye la negociación colectiva cuando en su ejercicio afecta a las condiciones de trabajo”, apunta la sentencia.
De este modo, es cierto que la mesa sectorial se reunió a finales de agosto cuando la Junta de Castilla y León presentó este modelo de gestión clínica. Un encuentro poco fructífero para las organizaciones sindicales que ya advertían de la falta de documentación.
Además, la sentencia también alude a la inexistencia de memoria económica y del impacto presupuestario que conlleva la implantación de estas unidades.
Por su parte, los sindicatos han celebrado la decisión del tribunal autonómico, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) considera positivo que se reconozca la necesidad de negociar las unidades de gestión clínica. Por su parte, desde UGT afirma que las unidades de gestión clínica suponen crear “corralitos”.
La Consejería de Sanidad también se ha pronunciado al respecto, alegando que las UGC se pueden constituir porque el Decreto 57/2014, por el que se regula su constitución y funcionamiento ha sido avalado en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Con todo, Sanidad que con este modelo los profesionales pueden acceder a la fórmula de la autogestión con pleno respeto a la relación jurídico administrativa con la Gerencia Regional de Salud.
