El Plan de Atención Primaria (AP) 2025-2027 fue anunciado por la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el mes de junio del presente año. Una estrategia, según la titular, que su departamento ha estado trabajando junto a las comunidades autónomas y las sociedades científicas. “Será aprobado en el último trimestre del año”, dijo entonces, adelantando que el fin principal de su salida a la luz sería la atracción y retención del talento, el ensanche de la cartera de servicios y de los equipos de AP y el fortalecimiento de la atención domiciliaria.
Y parece que los tiempos previstos por la cartera sanitaria pueden verse cumplidos. Gaceta Médica (GM) ha tenido acceso a las líneas maestras que se han ido trabajado por parte de las entidades sanitarias durante estos meses, averiguando que se presentarán ante el Comité Científico-Técnico para su discusión última y aprobación a finales del mes de octubre. Si bien es cierto que el Ministerio advierte que no podrán aprobarlo oficialmente hasta que no llegue el documento al Consejo Interterritorial (CISNS), esperan que antes de final de año el Plan de AP 2025-2027 sea una realidad.
Lo que debatirá el Comité Científico Técnico
Lo que sí puede adelantar GM son las cuestiones que se debatirán en la reunión del Comité Científico-Técnico que tendrá lugar el próximo 30 de octubre, cuyo borrador es el resultado de la integración de todas las aportaciones y priorizaciones realizadas por los Centros Directivos del Ministerio, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), las autonomías (CC.AA.), las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes implicadas.
En ese sentido, el anexo recoge la "mejora de las condiciones laborales" en aras de la atracción y retención del talento en AP, donde se tiene en cuenta la "redimensión" de las plantillas, una mejor remuneración e incentivos relacionados con el equilibrio "trabajo-vida", como pueden ser programas de promoción o de cuidado de la salud mental así como medidas para incentivar la "conciliación". Pero también exigen la definición de criterios concretos para "garantizar la prestación de servicios" en las plazas de difícil cobertura, sobre todo, en zonas rurales, a través de diversos mecanismos como la "digitalización", entre otros, o la "contratación al finalizar la residencia" de una forma "atractiva" para los residentes, proponiendo contratos "mixtos" entre AP y el hospital, los equipos de investigación, las universidades u otras unidades.
Más telemedicina, formación y enfermeras especializadas
Asimismo, el documento preliminar recoge también un "aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE)", una "mejora en los programas de especialidad" e "incentivos a la función tutorial" relativa a la Medicina Familiar y Comunitaria, exhortando a que el programa de formación se esfuerce "por lograr una distribución equilibrada y coherente de las plazas tanto en la AP de salud como en el ámbito hospitalario, proporcionando amplias oportunidades de formación en salud comunitaria".
Por otro lado, se propone la implementación de la "atención no presencial" incluyendo "avances tecnológicos" como "la telemedicina, la medicina genómica y personalizada, y la inteligencia artificial", pero como "apoyo complementario al paciente (no sustitutivo) de la práctica asistencial", para garantizar la "accesibilidad" y como mecanismo para fomentar la "atención domiciliaria".
Sin embargo, la gran novedad en este aspecto es la propuesta de creación de la figura de "la enfermera de AP especialista en Familiar y Comunitaria" en todas las CC.AA., que cuente, además, con un "desarrollo competencial" nuevo y especifico. El reconocimiento de esta especialización conllevaría el impulso de la prescripción enfermera, guiada por la publicación de guías para la dispensación de medicamentos.
Impulso definitivo de la Estrategia de Cronicidad
Otra de las líneas en la que Sanidad viene trabajando es la actualización de la Estrategia de Cronicidad, desfasada desde el año 2021 pero que, sin embargo, ha sido reactivada recientemente tras el nombramiento de nuevos componentes del grupo promotor que han retomado la actividad durante el presente año.
Una cuestión, justamente, que ha tomado especial relevancia en las últimas semanas con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley ELA, cuyo texto refleja la ampliación de los cuidados domiciliarios y que apela directamente a la AP, cuestión que no se escapa del borrador del Plan, en el que califican como "objetivo prioritario", precisamente y acorde al nuevo marco normativo, el impulso de la "visita domiciliaria en las personas en situación compleja, clínica o social".
Coordinación interdepartamental
Por otra parte, las entidades sanitarias alientan a las autoridades a "establecer una unidad dedicada a la AP en el Ministerio de Sanidad" con el objetivo de "supervisar y evaluar los estándares de calidad" así como "coordinar el intercambio de conocimientos e información en todo el SNS". Según el texto, este mecanismo interdepartamental garantizaría "la implementación de los acuerdos nacionales" en lo relativo a la AP y serviría para "ampliar la participación de todas las partes interesadas". Así, se enfatiza sobre la importancia de la creación de una "Oficina Ejecutiva del Marco Estratégico de APyC".
Preparación ante futuras emergencias
Si la irrupción de la COVID-19 impactó sobremanera en algún ámbito de la sanidad es, precisamente, en la AP, siendo el primer escudo asistencial ante la grave expansión y la primera respuesta tanto en el cribado y como en el tratamiento de la sintomatología. Por ello, el nuevo Plan concibe el desarrollo de estrategias derivadas "de respuesta a emergencias multirriesgo que especifiquen el papel de la AP y mejoraren la capacidad" de la misma.
Entre los mecanismos propuestos para fortalecer dicha capacidad de respuesta se incluyen la implantación de áreas como "vigilancia, rastreo de contactos, primera respuesta, gestión de casos, rehabilitación y seguimiento". Así como se reclama una "mayor coordinación" entre la AP y "los servicios de salud pública" a fin de "mejorar la eficiencia tanto en la detección, atención y seguimiento de enfermedades transmisibles como en las actuaciones ante situaciones de riesgos sanitarios y sociales de índole comunitaria".
Toda una batería de medidas para la que los participantes del Comité Científico Técnico reclaman una mayor financiación orientada, sobre todo, a "reforzar el peso relativo del gasto público en AP sobre el gasto sanitario público" y no solo desde el SNS, sino también desde las CC.AA. con partidas específicas para la APyC.
