Dentro de las iniciativas que presentan los partidos políticos siempre hay ambiciones que sobresalen al resto. La agenda sanitaria del PSOE no es una excepción. A nadie le sorprende oír desde Ferraz que el Real Decreto 16/2012 es un texto legislativo a derogar. Pero en este año, el PSOE quiere revitalizar su defensa por la sanidad pública y universal.
Dentro de un decálogo presentado por la secretaria de Sanidad del Partido Socialista, Luisa Carcedo, se hace mención, en su punto número nueve, a impulsar el uso racional de los medicamentos y tecnologías sanitarias. En cuanto al acceso a la innovación, la intención del PSOE es trabajar en un protocolo que defina qué es una novedad terapéutica (¿recuperar el innovómetro de la Universidad de Alcalá de Henares?) y gestionar precios a nivel europeo.
Además, el PSOE no va a cejar en su empeño por derogar el Real Decreto 16/2012 en dos cuestiones que consideran muy lesivas: la reforma del copago y la asistencia sanitaria basada en el aseguramiento a la Seguridad Social. Ante la imposibilidad de llevar al Congreso de los Diputados estas medidas (el Gobierno ha utilizado el veto presupuestario para no debatir una Proposición de Ley de este grupo político), los socialistas van a buscar un nuevo camino que permita la derogación del texto legislativo. La fórmula es conseguir hacerlo inconstitucional y para ello van a trabajar en la futura reforma de la Carta Magna en dos líneas. Por un lado reforzar el derecho a la salud incluyéndolo dentro del capítulo de Derechos Fundamentales y, por otro, enmendando el artículo 135 que se reformó hace casi siete años durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
“En la reforma constitucional propondremos garantizar como fundamentales los derechos a la salud con el SNS, a la protección por la Seguridad Social, un sistema público de servicios sociales y la garantía de ingresos”. Además, habría que ampliar el artículo 135 de la Constitución para incorporar un principio de estabilidad social complementario del principio de estabilidad presupuestaria que asegure en la distribución de la inversión pública.
