La Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad ha formalizado un convenio con la Fundación Seisida (FS) y la Universidad de Alcalá (UAH), que marca un hito en la respuesta nacional frente al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El acuerdo, suscrito este mes, tiene una doble misión: consolidar el pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, y asegurar la correcta implementación y seguimiento de la profilaxis pre-exposición (PrEP) en España.
La colaboración tiene una vigencia inicial de cuatro años y busca avanzar en los objetivos del Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y las (Infecciones de Transmisión Sexual) ITS en España 2021-2030, específicamente en la promoción de la prevención combinada y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.
El pacto social: estigma y la discriminación
Uno de los pilares del convenio es la lucha contra el estigma, un objetivo central del pacto social que el Ministerio presentó en 2018 para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con VIH. Esta alianza llevará a cabo acciones concretas en el ámbito jurídico y social para favorecer la aceptación social y reducir el impacto del estigma:
- Vigilancia y análisis legal. Se realizará una exhaustiva vigilancia de situaciones de discriminación y se identificarán las normas jurídicas vigentes en el ordenamiento español, en materias como sanidad o empleo y a todos los niveles, que limiten los derechos o discriminen a personas con VIH. El Ministerio, a través de la DCVIHT, liderará este grupo de trabajo.
- Experiencia jurídica. La UAH, con su servicio de Clínica Legal, aporta su experiencia. Desde 2012 ha respondido a más de 2.700 consultas de personas con VIH, lo que le confiere un «punto de observación privilegiado» para detectar prácticas institucionales o sociales discriminatorias.
- Formación y sensibilización. Se desarrollarán acciones para sensibilizar y formar a profesionales de los recursos sociales, sanitarios, jurídicos y educativos, buscando un trato igualitario. Además, se crearán materiales para que las personas con VIH conozcan sus derechos y los mecanismos legales de protección y denuncia.
- Generación de conocimiento. Se realizarán estudios para medir las actitudes de la población española hacia las personas con VIH y para conocer la percepción del estigma por parte de las personas afectadas.
Refuerzo y seguimiento de la PrEP
El Ministerio de Sanidad califica la PrEP como una estrategia de salud pública avalada por la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud (OMS), muy necesaria para reducir la transmisión del VIH en personas de alto riesgo. La Fundación Seisida, una entidad con experiencia activa en la prevención del VIH/ITS y la formación sobre PrEP en colaboración con el Ministerio, asumirá tareas cruciales en esta área como el diseño de material formativo que permita potenciar la adherencia a la medicación, la organización de la cohorte de seguimiento de las personas candidatas o iniciadas en PrEP en España, además de un análisis epidemiológico y estrategias de prevención combinada.
Para ello se llevarán a cabo análisis estadísticos y epidemiológicos detallados, incluyendo informes sobre resultados de salud como la adherencia, la incidencia de VIH e ITS, los efectos adversos y la calidad de vida de los usuarios de PrEP. También se promoverán reuniones científicas y técnicas sobre programas de PrEP, integrando el cribado de l (ITS) entre los usuarios, dado que la frecuencia de estas infecciones es alta y a menudo asintomática.
Inversión estratégica y colaboración a largo plazo
Para alcanzar estos objetivos, las tres instituciones se comprometen a financiar el convenio con un presupuesto total de 672.000 euros a lo largo de su vigencia.
El Ministerio de Sanidad aporta la cantidad más significativa, un total de 560.000 euros. La Fundación Seisida contribuye con 76.000 euros, de los cuales aproximadamente la mitad se aporta en forma de personal de apoyo y gastos generales. Y por su parte, la universidad de Alcalá suma otros 36.000 euros, mediante la dedicación de personal docente e investigador.
El convenio, que tiene una duración de cuatro años y puede ser prorrogado por un periodo adicional de otros cuatro años, será supervisado por una comisión de seguimiento compuesta por seis miembros, incluyendo a representantes de las tres entidades. Esta Comisión no solo realizará la planificación y seguimiento de las actividades, sino que también tendrá la capacidad de proponer actuaciones y resolver incidencias. De esta manera, demuestran su deseo de una colaboración a largo plazo para combatir la discriminación y fortalecer las políticas de prevención del VIH en España.
