España ha dado pasos significativos en la mejora de su preparación ante emergencias de salud pública, según concluye la evaluación realizada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). El análisis destaca avances notables en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), así como en la capacidad de comunicación de riesgos y gestión de la infodemia, áreas críticas tras la experiencia de la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, también señala desafíos pendientes, especialmente en la coordinación entre niveles de gobierno y la integración de datos epidemiológicos y microbiológicos.
Aumento preocupante de infecciones resistentes
A nivel nacional, la incidencia de infecciones del torrente sanguíneo causadas por bacterias resistentes sigue en aumento, con datos alarmantes para los tres patógenos prioritarios incluidos en la Recomendación del Consejo de la UE de 2023 sobre la acción contra la RAM.
Entre 2019 y 2022, las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) aumentaron un 9,7%, las producidas por Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación crecieron un 29,5%, y las de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos se dispararon un 42,6%, según los datos de los laboratorios que informan voluntariamente a EARS-Net.
La evaluación del ECDC reconoce que los sectores implicados en España son conscientes del desafío. En 2023, por primera vez, la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública incluyó la RAM y las IAAS en su marco legislativo. Además, en diciembre de 2024 se aprobó el nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2025–2027, con el respaldo del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a la espera de aprobación por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
España tiene un plan robusto pero con desafíos autonómicos
España cuenta con una trayectoria de más de diez años desarrollando planes nacionales frente a la RAM, aseguran en el documento. Por ello, la coordinación multisectorial del PRAN está bien establecida y dispone de recursos adecuados a nivel nacional. El sistema de vigilancia del consumo de antimicrobianos y los programas de uso racional son especialmente sólidos, y se han intensificado los esfuerzos para retroalimentar con datos a los profesionales sanitarios.
No obstante, el informe del ECDC advierte que no está claro si las comunidades autónomas disponen de financiación específica para las actividades del PRAN, a pesar de ser responsables de buena parte de la prestación y supervisión sanitaria. Esta falta de claridad dificulta la implementación homogénea de las estrategias.
El PRAN 2025–2027 incorpora novedades relevantes, como el foco en los centros sociosanitarios de larga estancia —identificados como puntos críticos durante la pandemia de COVID-19—, la vigilancia de la resistencia a antifúngicos y el consumo de antifúngicos, en respuesta al riesgo creciente de brotes por Candida auris.
Tradición en vigilancia, pero sistemas incompletos
De acuerdo con el ECDC, España tiene una experiencia consolidada en la vigilancia de la RAM y las IAAS. Desde 1990 realiza encuestas de prevalencia en más de 200 hospitales (estudios EPINE), y desde principios de los 2000 participa en redes europeas de vigilancia.
A pesar de los avances, la implantación de protocolos de vigilancia más recientes —como los que controlan infecciones quirúrgicas, organismos multirresistentes y brotes— aún no se ha completado por carencias de digitalización y recursos humanos.
En 2021 se creó la Red Española de Laboratorios para la Vigilancia de Microorganismos Resistentes (RedLabRA), que integra laboratorios públicos y privados con buena cobertura territorial. También destaca la participación de España en proyectos europeos como ISARPAE, centrado en mejorar la vigilancia de Pseudomonas aeruginosa resistente.
Desde el ECDC destacan que en algunas comunidades como Valencia y Murcia, la recogida automatizada de datos de bacteriemias ya está en marcha, mientras que otras 11 participan de forma voluntaria y algunas actúan como observadoras. Sin embargo, persisten problemas de coordinación entre los niveles nacional y regional, y con los propios centros sanitarios.
Falta de protocolos y datos integrados
Aunque existen estrategias como el programa nacional de higiene de manos y los proyectos «Zero» para hospitales y atención primaria, no hay procedimientos nacionales de cribado de portadores de organismos multirresistentes al ingreso hospitalario. Tampoco se cuenta con un sistema consolidado de supervisión de las medidas de control de infecciones en los centros sanitarios.
Los expertos nacionales consultados por el ECDC afirmaron que se siguen guías de sociedades científicas, pero la falta de protocolos oficiales y de datos epidemiológicos que complementen los datos microbiológicos dificulta la contextualización de los brotes y, por tanto, su prevención eficaz.
Entre las recomendaciones del ECDC figuran la implantación generalizada del cribado de pacientes de riesgo, el desarrollo de acuerdos entre comunidades y administración central para el reporte obligatorio mínimo de datos integrados por paciente, y el refuerzo de la colaboración con actores clave como sociedades científicas y otras agencias gubernamentales.
Comunicación de riesgos: capacidad presente, estructura ausente
Otro de los aspectos evaluados por el ECDC fue la capacidad de comunicación de riesgos e implicación comunitaria (RCCE, por sus siglas en inglés), así como la gestión de la infodemia, que cobró una importancia crítica durante la pandemia.
España dispone de capacidades notables en esta materia, especialmente a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que puede alinear esfuerzos regionales y apoyar la respuesta nacional. Además, el Ministerio de Sanidad trabaja en una estrategia para crear una red de periodistas especializados en salud que puedan activarse rápidamente en situaciones de emergencia.
No obstante, la evaluación identifica importantes carencias estructurales: no existe un enfoque formalizado y sostenido para RCCE-IM ni personal dedicado de forma permanente a estas funciones. Las intervenciones dependen en gran medida de equipos ad hoc sin roles ni responsabilidades predefinidas, lo que puede dificultar una respuesta rápida y coordinada en caso de crisis.
Tampoco hay estrategias operativas estandarizadas para tiempos de paz o emergencia, y la alta rotación de personal en puestos de comunicación limita la continuidad de capacidades. A esto se suma la falta de mecanismos para detectar y abordar la desinformación, así como la inexistencia de un repositorio nacional para compartir buenas prácticas entre comunidades.
Recomendaciones para una respuesta más ágil y coordinada
Entre las recomendaciones en materia de comunicación de riesgos, el ECDC propone establecer una estructura nacional clara para RCCE-IM con funciones permanentes, protocolos operativos, formación continua del personal, y mecanismos específicos para identificar y contrarrestar narrativas falsas. También se destaca la importancia de formalizar alianzas con organizaciones de la sociedad civil y grupos vulnerables, así como de mantener un sistema de financiación estable y predecible para estas iniciativas.
Asimismo, se subraya el valor de integrar los conocimientos sobre comportamiento y cultura como pilar de la comunicación de riesgos, mediante un enfoque estructurado de investigación con colaboración fluida entre el Ministerio de Sanidad, el CCAES y centros como el Instituto de Salud Carlos III.
En resumen, España ha fortalecido de forma notable su preparación ante emergencias sanitarias en los últimos años, especialmente tras las lecciones aprendidas durante la pandemia. Sin embargo, para consolidar estos avances y responder eficazmente a futuras amenazas, será clave mejorar la coordinación entre niveles de gobierno, reforzar la integración de datos y estructurar de forma más sólida la comunicación de riesgos. El informe del ECDC ofrece una hoja de ruta clara para seguir avanzando hacia una respuesta sanitaria más ágil, cohesionada y eficaz.
