La Comisión de Sanidad del Senado, convocada bajo la sombra de la huelga médica nacional y las quejas por la gestión del MIR 2026, se ha convertido en un campo de batalla dialéctico donde la reforma del Estatuto Marco ha servido como epicentro de un conflicto que trasciende lo normativo para entrar de lleno en lo ideológico y lo competencial.
Para la ministra, la reforma del Estatuto Marco no es una opción, sino una deuda histórica, ya que "esta agenda se completa con otras legislaciones que llevan 23 años en un cajón". García ha insistido en que el nuevo texto es la herramienta fundamental para mejorar la vida de los profesionales. Según sus palabras, "el Estatuto Marco es la llave que abre esas condiciones. Si no ponemos límites a los abusos, si no ponemos límites al maltrato, que es lo que hace el Estatuto Marco... es imposible que podamos ir a las comunidades a demandar y a reclamar esas mejoras".
Entre los hitos que defiende su departamento, destaca especialmente el fin de las guardias de 24 horas, una medida que califica de sentido común. "He estado 22 años trabajando en el hospital como facultativa, donde nunca he escuchado a nadie decir que había que acabar con las guardias de 24 horas... lo primero que hice nada más llegar al ministerio fue decir, hay que acabar con ellas porque son dañinas para los pacientes y para los profesionales", subrayó García.
El laberinto de las competencias y la financiación
La ministra utilizó la estructura competencial del Estado para defenderse de las críticas por las condiciones salariales. Según García, ella fija el marco, pero las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de ejecutarlo. "Ustedes no nos pueden pedir que las invadamos... el Estatuto Marco no puede invadir competencias", defendió. Insistió en que el Ministerio marca los mínimos, como el límite de 17 horas de guardia, pero que las retribuciones y la dotación de plantillas dependen de los gobiernos regionales.
Para ilustrar esta diferencia, García aportó datos de inversión por habitante, con "el País Vasco sumando hasta 2.200 €, mientras Madrid con unos 1.700 €, 500 € menos por habitante". A su juicio, es "una trampa pedirle que regule la materia laboral y, al mismo tiempo, exigirle que no se meta en las competencias autonómicas".
En su turno de cierre, Mónica García se mostró visiblemente frustrada por el estancamiento de las negociaciones con el Comité de Huelga, que acaba de pedir su dimisión, a pesar de lo que ella describe un tono constructivo "de puertas para adentro". La ministra lanzó una acusación directa a los sindicatos médicos asegurando que "el acuerdo les gusta, pero no saben cómo venderlo... no lo van a firmar porque no saben si se van a poder poner la medalla".
Según la titular de Sanidad, se han alcanzado acuerdos hasta en cuatro ocasiones que luego han sido rotos por la convocatoria de paros. "Lo que no se puede hacer es con una mano acordar y con la otra romper el acuerdo y mantener una huelga. Eso es lo que yo creo que no es leal". García concluyó asegurando que no abandonará la reforma porque supondría "traicionar a sus compañeros médicos".
El Partido Popular denuncia "imposición y propaganda"
La respuesta del Grupo Popular no se hizo esperar, centrando sus ataques en la desconexión que, a su juicio, existe entre el Ministerio y la realidad de los facultativos. El senador Ruiz Escudero (PP) fue especialmente contundente al calificar la comparecencia como "un ejercicio de artificio". "Lo que hoy tenemos es un conflicto abierto, profundo y sostenido de los médicos de España, provocado por su manera de gobernar, por su manera de negociar y sobre todo por su manera de entender la sanidad. En este caso desde la imposición y desde la propaganda".
Escudero reprochó a la ministra que intente "vender una normalidad inexistente" mientras el colectivo médico mantiene movilizaciones activas. "Usted siendo médico haya conseguido algo insólito, que es enfrentarse a una parte muy importante de los compañeros de profesión", subrayó Escudero. Además, el PP hizo hincapié en la nota de prensa emitida por el Comité de Huelga instantes previos, que habla de "una sistemática manipulación y tergiversación".
Uno de los puntos más agrios del debate fue el impacto real de la huelga médica indefinida motivada por el rechazo al borrador del Estatuto Marco. Mientras que la ministra defiende que ha mantenido 26 reuniones con sindicatos médicos y que "la buena fe ha presidido los encuentros", el PP aportó datos de la afectación asistencial para rebatir el optimismo gubernamental.
Ruiz Escudero citó el caso de Castilla-La Mancha para ilustrar las consecuencias del bloqueo, recordando "los datos por la huelga del 16 al 20 de febrero son una suspensión de 22.500 consultas, 2.328 pruebas diagnósticas y 853 intervenciones quirúrgicas que se han tenido que desprogramar. Esto tiene nombres, apellidos las responsabilidades del Ministerio de Sanidad y es la responsabilidad suya, señora ministra, porque usted ha optado por el enfrentamiento".
El Ministerio se aferra a un Estatuto Marco que considera "histórico", mientras las oposición mantiene que la sanidad española vive un deterioro sin precedentes marcado por "la incapacidad de negociar" del equipo de Mónica García. El conflicto, por tanto, se traslada de las alfombras del Senado de vuelta a las calles, con los paros anunciados la próxima semana.
Con el telón de fondo de los 40 años de la Ley General de Sanidad, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido su gestión como un ejercicio de "valentía" frente a lo que considera décadas de inmovilismo. Sin embargo, desde la oposición han dibujado un panorama de "caos" y "soberbia" que estaría llevando al Sistema Nacional de Salud (SNS) a "un punto de no retorno".
