El debate sobre el Estatuto Marco y el modelo de gestión público-privada aterrizó en el Pleno del Congreso con un choque directo entre el PP y la ministra de Sanidad, Mónica García. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, puso el foco en el clima de protestas sanitarias y atribuyó la responsabilidad política a la ministra.
Fúnez dibujó un balance de legislatura marcado por la presión sindical y profesional, y lo vinculó a una «conflictividad» que, según sostuvo, no se veía desde hace décadas. García, por su parte, rechazó el marco del PP y convirtió la interpelación en una acusación política sobre el uso instrumental de las víctimas y de los colectivos afectados.
El PP cuantifica huelgas y exige «responsabilidad»
En su pregunta, Carmen Fúnez acusó a García de acumular conflictos desde marzo de 2025 y de encadenar convocatorias de huelga. En ese relato, señaló que la ministra «lleva ya siete huelgas» y añadió que la siguiente «está convocada para la próxima semana hasta el mes de junio».
La dirigente popular reforzó el argumento citando movilizaciones previstas y episodios especialmente largos de protesta. Mencionó «manifestaciones y concentraciones» como las convocadas para «este sábado» por «todos los médicos de España» frente al Ministerio, y también aludió a «la huelga sanitaria más larga de la historia», la de Ceuta y Melilla, con «330 días».
El cierre de su intervención fue una exigencia de rendición de cuentas en clave política. Tras atribuir a la ministra la responsabilidad de ese escenario, le preguntó si iba a dar explicaciones o si asumiría «algún tipo de responsabilidad» por ese balance.
García acusa al PP de usar conflictos como «arma arrojadiza»
La ministra respondió con un tono de confrontación política y cuestionó la legitimidad del planteamiento del PP. Dirigiéndose a Fúnez y a los diputados populares, planteó que solo se acuerdan de profesionales, huelgas, sindicatos o del SNS «cuando les interesa».
García amplió la crítica más allá del ámbito sanitario y afirmó que al PP le ocurre lo mismo con «las víctimas de acoso sexual y las víctimas en general de cualquier tragedia». En su respuesta, sostuvo que no las defienden, sino que «les utilizan», y matizó que en los casos de violencia y acoso sexual las emplean «para revictimizarlas y humillarlas».
Como ejemplos, citó el caso de Nevenka y el de «la concejala de Móstoles», insistiendo en que el partido estaría actuando de la misma manera en ambos. Con esa réplica, la ministra esquivó entrar en la contabilidad de protestas y desplazó el foco hacia una crítica política y moral al PP.
Estatuto Marco, privatización y «falta de diálogo»
En su turno posterior, Carmen Fúnez reaccionó con un ataque directo a la trayectoria de García. Le reprochó haber pasado de ser quien convocaba manifestaciones a ser la ministra ante la que se convocan, y utilizó ese giro para sostener que García es «la responsable de la conflictividad sanitaria más alta de España desde hace décadas».
La dirigente popular atribuyó esa situación a «falta de diálogo», «imposición», «sectarismo» e «incoherencia». Y ahí enlazó el debate con la gestión público-privada: señaló que, tras alardear de luchar contra las privatizaciones, «esta misma mañana» se había publicado un contrato firmado por la ministra «privatizando el servicio de psiquiatría» de Ceuta.
Fúnez también introdujo la crítica al Estatuto Marco en términos de procedimiento y de interlocución profesional. Afirmó que es un Estatuto Marco «sin informe de Función Pública», «sin informe de Hacienda» y «sin haber contado con los médicos», a quienes definió como «el eje vertebrador» del SNS.
En la misma intervención, elevó el ataque al terreno comparativo: sostuvo que, si el clima actual se hubiera dado con un Gobierno del PP, «la ministra hubiese estado en la calle desde hace semanas y desde hace meses». Y añadió otro frente de crítica al hablar de «caos» en los exámenes y pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, que calificó de «auténtico desastre» y «desmoralizador».
Su cierre recuperó un tono personal y simbólico: pidió a García ser «algo más empática con los médicos» y terminó con la frase «ha pasado de la bata blanca al Banco Azur y se le ha olvidado defender».
«Orgullo» y ‘frenazo’ de privatizaciones
En su última réplica, la ministra aceptó el marco de la responsabilidad, pero lo hizo en sentido inverso al planteado por el PP. Dijo que sí asume su responsabilidad «con todo el orgullo» y defendió como hito la presentación de una ley de «gestión pública e integridad» del SNS.
García conectó esa iniciativa con su pasado como activista y con la legitimidad de la protesta. Afirmó que se puso en huelga y convocó manifestaciones para «librar a los españoles» de las «ansias privatizadoras» y «especuladoras» del PP, y aseguró que volverá a manifestarse «todas las veces que haga falta» para proteger el SNS de sus «garras privatizadoras».
Además, enumeró logros que presentó como contrapeso a la acusación de conflictividad. Reivindicó haber firmado el «mayor número de profesionales en formación sanitaria especializada de la historia», con la cifra de 12.366, y contrapuso ese dato a «el mayor recorte» atribuido al PP.
Sobre el Estatuto Marco, sostuvo que lo ha «sacado del cajón» tras 23 años, responsabilizando al texto firmado en la etapa de Aznar de haber perpetuado «precariedad», «abuso» y «maltrato» a los profesionales. En ese marco, defendió que el objetivo es poner fin a «guardias de 24 horas», a «jornadas interminables» y a la precariedad.
Finalmente, cerró con un argumento biográfico para cuestionar la credibilidad del PP en este terreno. Recordó que en esos 23 años ella ha trabajado 22 como médica en el SNS y afirmó que no escuchó al PP hablar ni de guardias ni de condiciones laborales ni de defensa del sistema sanitario. Con ese cierre, remató el enfrentamiento con una idea: su «mea culpa» sería, precisamente, defender la sanidad pública frente a lo que llamó «falsas preocupaciones» del PP y sus intentos de «cargársela».
INGESA reivindica refuerzo público en Ceuta
INGESA ha respondido a las acusaciones de privatización de Fúnez, asegurando que la Salud Mental en Ceuta es la mejor dotada entre áreas sanitarias de tamaño similar del Sistema Nacional de Salud, para una población inferior a 73.000 tarjetas sanitarias. El organismo sostiene que la asistencia se ha garantizado en todo momento con servicios propios de Psiquiatría y Psicología, incluso durante la situación excepcional provocada por la baja simultánea de los cuatro psiquiatras de plantilla.
Tras la reincorporación de profesionales, se han reiniciado las guardias del Servicio de Psiquiatría y se ha recuperado la hospitalización psiquiátrica para adultos e infantojuveniles en el Hospital Universitario de Ceuta. INGESA subraya, además, que ha reforzado de manera estructural la unidad, ampliando la plantilla de psiquiatras de cuatro a cinco plazas y duplicando el número de psicólogos, lo que ha permitido normalizar la actividad con medios propios.
Respecto a las derivaciones y acuerdos externos, el organismo los enmarca como medidas puntuales de continuidad asistencial, coordinadas con el Servicio Andaluz de Salud y centros andaluces, durante un periodo en el que la media de ingresos derivados fue de 1,5 a 2 pacientes por semana, un total aproximado de 68 casos. En relación con el contrato en adjudicación con la clínica SEPTEM, recalca que se trata de un recurso preventivo y complementario, que no supone una externalización del servicio público, sino un mecanismo para evitar demoras si se produjera una nueva situación excepcional.
