Los consejeros de Salud del Gobierno Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias, Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente, han remitido este martes por la mañana una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico y desbloquear la huelga de ámbito estatal motivada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.
La iniciativa de los tres responsables autonómicos llega en un contexto de creciente preocupación por la falta de avances entre las partes y por el impacto que el conflicto está teniendo ya sobre la asistencia sanitaria. En su escrito, los consejeros apelan a la necesidad de abrir una vía que permita reconducir la negociación y evitar que la situación siga tensionando a los servicios regionales de salud.
La respuesta del Ministerio no se ha hecho esperar. En una contestación remitida tras recibir la propuesta, Sanidad «agradece la iniciativa trasladada por las consejerías de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias», pero rechaza la necesidad de articular una nueva figura mediadora al considerar que ya existen cauces suficientes para encauzar el conflicto.
Así, el departamento que dirige Mónica García subraya, en primer lugar, que las CCAA, «en el marco de sus competencias, pueden negociar directamente y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios», contribuyendo con ello a poner fin al conflicto en sus respectivos territorios. De hecho, el Ministerio recuerda que esa posibilidad «ya ha demostrado el caso de Asturias».
Sobre la propuesta concreta de crear una figura de mediación independiente, Sanidad insiste en que «ya existe un espacio legítimo y plenamente operativo de diálogo»: el Foro de la Profesión Médica. Según expone el Ministerio, en este órgano «están representadas las principales organizaciones del colectivo» y, además, «se ofreció para ejercer este papel». Siempre según la versión ministerial, ese foro «ha venido desarrollando funciones de mediación», hasta el punto de que se alcanzó «un acuerdo con sus integrantes, que son quienes mejor conocen la realidad y las necesidades de la profesión médica».
Sin embargo, Sanidad añade que «dicho acuerdo no fue aceptado por el Comité de Huelga», una circunstancia que, a juicio del Ministerio, «ha dificultado el avance hacia una solución compartida». Por ello, el departamento concluye que «no es necesario crear nuevos mecanismos de mediación», sino «continuar trabajando sobre los ya existentes, reforzando el diálogo dentro de los cauces representativos establecidos».
En esa línea, el Ministerio asegura que «impulsará la continuidad de las conversaciones con el comité de huelga en el marco del Foro de la Profesión Médica», al que atribuye la función de «espacio de interlocución y mediación» para favorecer «el acercamiento de posiciones» y avanzar hacia «una solución consensuada».
Los consejeros piden una mediación independiente
En la carta remitida a la ministra, los consejeros de Salud de País Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias proponen «valorar la designación de una figura de mediación independiente» que sirva de marco neutral para el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga. A su juicio, esta fórmula permitiría «abrir un espacio de negociación constructiva», «generar un clima de confianza mutua» y ayudar a «encauzar una solución dialogada» que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos.
A modo de propuesta, la misiva se expone una entidad que, según su criterio, sería apta para asumir ese papel mediador, aludiendo a su «reconocida independencia» y a su «compromiso con el interés general». Con todo, los consejeros precisan que la elección concreta de esa figura corresponde al ámbito estatal y ponen el acento en la urgencia de activar «cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación».
En su escrito, los responsables autonómicos también trasladan su preocupación por el impacto asistencial de una huelga de profesionales médicos de alcance estatal originada por los desacuerdos sobre el Estatuto Marco. Aunque el conflicto se dirime entre el colectivo y el Ministerio, advierten de que sus consecuencias recaen de forma directa sobre los pacientes y sobre unos servicios autonómicos de salud que están soportando «una tensión creciente» y «una presión añadida». Por ello, insisten en la urgencia de propiciar una salida dialogada, se ponen a disposición de Sanidad para trabajar conjuntamente en «una resolución positiva del conflicto» y defienden que la apertura de un canal de mediación independiente puede contribuir a alumbrar «un escenario de mayor entendimiento».
